Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley de sometimiento. Es una iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Fue la noche del miércoles 21 de octubre, en una sola sesión.
El texto, identificado como el Proyecto de Ley 433 de 2026, según RTVC, tiene mensaje de urgencia. Las ponencias que buscaban archivarlo fueron derrotadas con 38 votos por el no y 20 por el sí. Lo informaron El Universal e Infobae.
Ahora el proyecto pasa a las plenarias del Senado y de la Cámara. Deben votarlo antes de que venza la prórroga de la Ley 418 de 1997. Es la norma de orden público que el proyecto modifica y prorroga. Según los medios, ese plazo vence a comienzos de noviembre: Infobae y otros reportes hablan del 4 y El Espectador, del 5.
Según El Tiempo, Infobae y Antioquia Amanece, el proyecto prevé rebajas de pena de hasta 50 % para integrantes rasos. Para quienes tuvieron mando, la rebaja sería de hasta 30 %. Además, no podrían quedar con menos de 10 años de pena.
Esos beneficios están condicionados. Según Antioquia Amanece, el ministro de Justicia, Iván Cancino, citó la entrega de bienes, la revelación de rutas del microtráfico, la verdad sobre el reclutamiento de menores y la verificación de la Fiscalía. Cancino agregó que los bienes recibidos deberán destinarse a reparar a las víctimas, según Infobae y El Universal.
Según El Espectador e Infobae, el texto aprobado aclara que los beneficios no modifican las penas accesorias ni las inhabilidades para inscribirse a cargos de elección popular. También dice que la ley no implica reconocer carácter político a los actores armados. Cancino aseguró que el proyecto no contempla cancelar órdenes de captura ni suspender extradiciones, según Infobae y El Universal.
En el debate se agregaron artículos para las víctimas, según El Espectador e Infobae. Incluyen la protección de su intimidad y confidencialidad en ciertos casos, asesoría y representación judicial de la Defensoría del Pueblo, e información sobre los avances de la investigación y del proceso.
Cancino defendió el proyecto. "Esta ley, desde ningún punto de vista, es un escenario de impunidad. Habrá investigación efectiva de todos los delitos, habrá sanción y habrá condena para ellos", dijo, según El Espectador e Infobae. Cancino asumió temporalmente las funciones del Ministerio del Interior tras la salida de Rodrigo Lara, que se conoció el mismo día de la votación. El presidente nombró en su lugar al exprocurador Alejandro Ordóñez.
El representante Daniel Briceño, ponente en la Cámara, dijo: "Este proyecto es el fin de la 'paz total' de Petro", según El Espectador. De acuerdo con El Tiempo, el articulado deja expreso que no habrá diálogos políticos. Los grupos deciden si se acogen o no, pero no pueden discutir las condiciones.
Desde el Pacto Histórico llegaron las críticas. "Busca darles gigantescos beneficios penales a narcos, lavadores de activos y testaferros, sin exigirles resultados reales de desmantelamiento", dijo la senadora Carolina Corcho, según El Espectador. Pulzo, El Universal e Infobae también recogieron su posición.
El 16 de septiembre, El Centavo informó que el Gobierno radicaría el proyecto en dos semanas. Entonces, Cancino descartó excarcelaciones y reconocimiento político.
Fuentes: El Espectador, El Tiempo, Infobae, Pulzo, RTVC, El Universal, Antioquia Amanece.
