El Gobierno nacional trabaja en la construcción de un proyecto de ley de sometimiento. Además, busca presentarlo ante el Congreso en un plazo de dos semanas. Esta iniciativa representa una ruta jurídica para la desmovilización de organizaciones armadas ilegales.
El martes pasado se realizó una sesión en el Legislativo. Durante ese encuentro, los ministros del Interior y de Justicia expusieron los lineamientos generales. Rodrigo Lara y Iván Cancino presentaron los detalles de esta propuesta gubernamental.
El ministro Cancino fue claro al definir el alcance de la iniciativa. “La política del Gobierno es el acogimiento voluntario al Estado de Derecho”, afirmó. Asimismo, explicó que se trata de una oferta con condiciones establecidas constitucionalmente. Por tanto, no constituye un espacio de negociación abierta con quienes delinquen.
El proyecto establece límites precisos respecto a las excarcelaciones. Según explicó el ministro, el acogimiento no procede para personas privadas de libertad. En consecuencia, no habrá liberaciones mediante esta vía jurídica. Quienes ya estén detenidos deberán responder ante la justicia según los términos establecidos.
El funcionario también descartó cualquier reconocimiento político para los desmovilizados. “No hay reconocimiento político, no lo va a haber”, sentenció categóricamente. De esta manera, el Ejecutivo enmarca el proyecto como herramienta jurídica únicamente. Por consiguiente, no existirá interlocución política con las estructuras armadas sometidas.
El tema de la aspersión de cultivos ilícitos también fue abordado. Actualmente, esta práctica se encuentra suspendida por orden judicial. Sin embargo, el ministro aseguró que intentarán desarrollar la aspersión aérea nuevamente. Igualmente, buscarán implementar la aspersión terrestre y mediante drones.
Cualquier estrategia de aspersión respetará los criterios de la Corte Constitucional. Cancino insistió en que se garantizarán protecciones ambientales y sociales. “Nosotros respetaremos el derecho al medio ambiente”, dijo el funcionario. También mencionó el principio de precaución y la protección de población civil. No obstante, advirtió que los cultivos ilícitos violan derechos fundamentales en Colombia.
El Gobierno presentará simultáneamente un estatuto antiterrorista ante el Congreso. Este incluirá normas especiales para atacar a organizaciones criminales y sus rentas. Además, establecerá un régimen penitenciario especial para los cabecillas de estos grupos. Por ende, el paquete legislativo complementará la oferta de acogimiento voluntario.
El caso de Comuneros del Sur representa la primera muestra práctica. Esta organización adelantaba un proceso de desmovilización con la administración anterior. Actualmente, cuenta con noventa y nueve personas en una Zona de Ubicación Temporal.
El Estado ya retomó las conversaciones con esta estructura armada. Cancino explicó que iniciaron diálogos con la Defensoría del Pueblo. También participan diversas agencias estatales y la Fiscalía en este proceso. Esperan que en dos semanas se concrete como primera muestra del sometimiento.
El ministro estableció límites claros sobre el alcance del mecanismo propuesto. Las personas que se sometan no tendrán voz para dialogar condiciones. “Lo único que van a poder decir es, me someto o no”, advirtió. Posteriormente, deberán aceptar todas las consecuencias de su decisión.
Cancino reconoció que debe existir un trato diferenciado para quienes se acojan. Este trato estará enmarcado en estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, aclaró que jamás puede entenderse como impunidad. Tampoco abrirá puertas para negociación de condiciones especiales.
El proyecto busca ofrecer una alternativa jurídica a estructuras armadas ilegales. Al mismo tiempo, mantiene criterios estrictos de justicia y Estado de Derecho. Por lo tanto, representa un equilibrio entre la desmovilización y la responsabilidad penal.
La iniciativa se enmarca dentro de la política de paz del Ejecutivo. No obstante, se diferencia de procesos de negociación política tradicionales. En cambio, establece condiciones unilaterales que los grupos deben aceptar o rechazar.
El Ministerio del Interior coordina los aspectos políticos de la propuesta. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia trabaja en los componentes jurídicos. Ambas carteras colaboran estrechamente para presentar un proyecto coherente ante el Legislativo.
La radicación del proyecto ocurrirá en las próximas dos semanas. Después, iniciará el debate legislativo en las comisiones correspondientes del Congreso. Posteriormente, deberá surtir los trámites requeridos en ambas cámaras legislativas.
El Gobierno espera que esta herramienta contribuya a la desarticulación de grupos armados. Además, busca reducir la violencia asociada a estas organizaciones criminales. Por consiguiente, representa un componente importante de la estrategia de seguridad nacional.
La propuesta genera expectativas entre diferentes sectores políticos y sociales. Algunos consideran que puede ser efectiva para reducir la violencia. Otros expresan dudas sobre su capacidad real de desarticular estructuras criminales complejas.
El caso de Comuneros del Sur será observado como prueba piloto. Su desarrollo mostrará la viabilidad práctica del mecanismo de sometimiento propuesto. Igualmente, permitirá identificar ajustes necesarios antes de aplicarlo a otras organizaciones.
Las garantías judiciales para quienes se sometan están siendo definidas. Estas incluirán reducción de penas según el grado de colaboración. También considerarán la gravedad de los delitos cometidos por cada individuo.
El estatuto antiterrorista complementará la oferta de sometimiento con medidas punitivas. De esta forma, quienes no se acojan enfrentarán consecuencias más severas. Por tanto, el Ejecutivo combina incentivos para la desmovilización con sanciones incrementadas.
La Fiscalía General de la Nación participará activamente en el proceso. Esta entidad verificará la información proporcionada por los desmovilizados. Asimismo, determinará las penas aplicables según cada caso particular.
La Defensoría del Pueblo ejercerá funciones de acompañamiento y verificación. Esta institución velará por los derechos de todas las partes involucradas. Además, facilitará la comunicación entre el Estado y las organizaciones interesadas.
El régimen penitenciario especial para cabecillas será particularmente estricto. Este buscará impedir que continúen dirigiendo actividades criminales desde prisión. Por consiguiente, incluirá medidas de aislamiento y control especiales.
Las rentas criminales de estas organizaciones serán objeto de persecución intensificada. El Ejecutivo fortalecerá mecanismos de extinción de dominio y decomiso. De esta manera, buscará desfinanciar las estructuras armadas que no se sometan.
La protección de víctimas constituye un componente fundamental del proyecto. El sometimiento incluirá obligaciones de reparación y verdad para los desmovilizados. Por ende, deberán contribuir al esclarecimiento de crímenes y paradero de desaparecidos.
Las comunidades afectadas por la violencia tienen expectativas diversas frente a la iniciativa. Algunas esperan que reduzca efectivamente los enfrentamientos en sus territorios. Otras temen que resulte en impunidad para responsables de graves violaciones.
El cronograma legislativo será ajustado para dar prioridad a este proyecto. El Gobierno considera urgente contar con este marco jurídico operativo. Consecuentemente, buscará agilizar los debates en las comisiones y plenarias correspondientes.
La implementación del proyecto requerirá coordinación interinstitucional significativa. Participarán ministerios, agencias de seguridad y entidades judiciales simultáneamente. Por lo tanto, el Ejecutivo está diseñando protocolos específicos de articulación.
Los estándares internacionales de justicia transicional guían el diseño del proyecto. Colombia ha acumulado experiencia en procesos de desmovilización de grupos armados. Ahora, busca aplicar lecciones aprendidas en esta nueva iniciativa legislativa.
