Colombia atraviesa una paradoja dolorosa. Por un lado, las comunidades más golpeadas consolidan procesos de paz. Por otro, el país enfrenta la peor crisis humanitaria en dos décadas.
El Quinto Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo se publicó este viernes. El documento revela avances significativos en transformación rural. También muestra progresos en derechos de poblaciones históricamente excluidas. Sin embargo, estos logros contrastan con el deterioro de la seguridad.
Los municipios PDET concentraron el 60% de los desplazamientos en 2025. Además, más del 65% de los confinamientos ocurrieron en estas zonas. Las violaciones al Derecho Internacional Humanitario superaron las cifras de 2024. De hecho, alcanzaron los niveles más altos en casi una década.
El Catatumbo representa el epicentro de esta crisis. Los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 intensificaron la violencia. Más de un millón de personas quedaron confinadas por grupos armados. Esta cifra triplica los registros del año anterior.
A pesar de este panorama, los territorios PDET mantienen su apuesta por la paz. El Índice de Pobreza Multidimensional descendió de 39,8% en 2018 a 24,4% en 2024. La extensión de los PDET hasta 2034 consolida esta política. Ahora trasciende los cambios de gobierno.
Julia Cogollo preside el Comité de Seguimiento. Ella confirma que el recrudecimiento no ha detenido las acciones comunitarias. “La gente sigue construyendo, sigue viviendo”, afirma. La institucionalidad continúa desarrollando acciones en esos territorios. Estas iniciativas buscan contener la crisis humanitaria.
El enfoque de derechos de las mujeres presenta los mayores avances. Alcanza un 62% de ejecución según el informe. El Programa Especial de Adjudicación de Tierras entregó más de 7.600 hectáreas. Las beneficiarias son mujeres campesinas y pesqueras a nivel nacional.
Los pueblos indígenas también experimentan avances normativos importantes. Las personas LGBTIQ+ igualmente reciben mayor reconocimiento. La justicia transicional adopta un giro territorial significativo.
Las primeras sentencias de la JEP en 2025 incorporaron voces territoriales. Los casos 01 y 03 incluyeron víctimas de municipios PDET. Estas participaron en la definición de sanciones propias. El Comité considera esto clave para fortalecer la legitimidad del sistema.
No obstante, el informe mantiene una postura realista. La paz no está garantizada en Colombia. Los avances en política pública coexisten con control armado. El confinamiento y desplazamiento golpean las mismas regiones donde operan programas de paz.
Las garantías de no repetición están en riesgo. El Estado debe frenar la crisis humanitaria urgentemente. También necesita recuperar el control territorial efectivo.
“Cuando se entregó el informe en 2022 no teníamos tantos actores armados”, explica Cogollo. La situación de seguridad ha empeorado profundamente. Las garantías de no repetición están bastante críticas.
El documento insiste en superar el plano declarativo. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad requieren acciones concretas. De lo contrario, pierden su potencial transformador.
Existe otra preocupación adicional según el Comité. El Informe Final de la Comisión podría perder centralidad pública. Cogollo reconoce que la sociedad colombiana se está olvidando del documento. “Las estrategias pedagógicas y las garantías son muy pocas”, señala.
Sin embargo, el panorama no es uniforme en todo el país. En los territorios el informe mantiene vigencia política y social. “Hay un número importante que ve las recomendaciones como parte de sus agendas de paz”, indica.
El documento no debe leerse solo como memoria histórica. Representa una hoja de ruta para la transformación estructural. Es necesario reforzar su dimensión pedagógica urgentemente.
De cara al próximo ciclo electoral, Cogollo lanza alertas directas. Los candidatos deben garantizar democracia en territorios afectados por violencia. “Que saquen las manos de la política de las campañas”, exige.
La participación efectiva en la democracia debe estar garantizada. Colombia necesita elecciones en paz y transparentes. Los grupos armados no pueden interferir en los procesos electorales.
Finalmente, Cogollo hace un llamado a los futuros gobernantes. “Que vean en el Comité un aliado estratégico para construir paz”, concluye.
Los 170 municipios PDET continúan siendo escenario de esta paradoja. Allí convergen la violencia más cruda y las iniciativas más esperanzadoras. Estas 16 subregiones concentran tanto la crisis como la resistencia comunitaria.
El año 2025 registró la cifra más alta de desplazamientos en 18 años. Simultáneamente, las comunidades rurales profundizaron sus procesos organizativos. Esta contradicción define el momento actual del proceso de paz colombiano.
La reducción de la pobreza multidimensional representa un logro innegable. Pasar de casi 40% a 24,4% en seis años es significativo. No obstante, estas cifras conviven con violaciones sistemáticas al DIH.
El enfoque territorial de la justicia transicional marca un precedente importante. Las víctimas participan directamente en la definición de sanciones. Este mecanismo fortalece la legitimidad del sistema ante las comunidades.
Las mujeres campesinas ganan protagonismo en la transformación rural. La adjudicación de tierras cambia estructuras históricas de exclusión. Este proceso redistribuye poder y recursos en el campo colombiano.
Los pueblos indígenas y las poblaciones LGBTIQ+ avanzan en reconocimiento. Sus derechos se incorporan progresivamente en políticas públicas. Estas transformaciones ocurren desde abajo hacia arriba.
Mientras tanto, los grupos armados disputan territorios con violencia creciente. El ELN y las disidencias de las FARC intensifican sus confrontaciones. Las comunidades quedan atrapadas en medio del fuego cruzado.
Más de un millón de personas confinadas no pueden moverse libremente. Sus vidas quedan suspendidas por órdenes de actores armados. Esta cifra evidencia el control territorial que ejercen estos grupos.
El Estado colombiano enfrenta un desafío mayúsculo. Debe proteger a la población civil efectivamente. Al mismo tiempo, necesita consolidar los avances en implementación del Acuerdo de Paz.
La extensión de los PDET hasta 2034 ofrece una ventana de oportunidad. Diez años adicionales permiten consolidar transformaciones estructurales. Esta decisión blinda la política de los vaivenes electorales.
Sin embargo, el tiempo no garantiza resultados por sí solo. Se requiere voluntad política sostenida y recursos suficientes. También es fundamental la coordinación entre diferentes niveles del Estado.
Las comunidades siguen siendo el motor principal de la paz. A pesar del abandono estatal y la violencia armada, continúan organizándose. Sus apuestas colectivas mantienen viva la esperanza de transformación.
El informe del Comité documenta esta resistencia comunitaria. También señala las responsabilidades institucionales pendientes. La paz avanza donde las comunidades la construyen cotidianamente.
No obstante, la sostenibilidad de estos procesos está amenazada. La crisis humanitaria puede revertir años de avances. El desplazamiento masivo fragmenta tejidos sociales laboriosamente reconstruidos.
Las próximas elecciones representan un momento crítico para Colombia. Los candidatos deben comprometerse con la paz territorial. Sus propuestas deben responder a las necesidades de las zonas PDET.
El Comité de Seguimiento ofrece acompañamiento técnico y político. Su experiencia puede orientar decisiones de política pública. Ignorar sus recomendaciones sería un error estratégico grave.
Colombia se encuentra en una encrucijada. Puede profundizar la implementación del Acuerdo de Paz. O puede permitir que la violencia revierta los avances logrados.
Las comunidades ya tomaron su decisión. Continúan apostando por la paz contra viento y marea. Ahora corresponde al Estado y la sociedad responder a esa apuesta.
