Las multas de tránsito prescriben a los tres años, contados desde el día de la infracción. Así lo dice el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002). Si tienes comparendos viejos, conviene revisar si ese plazo ya se cumplió y si la autoridad alcanzó a cobrarlos.
La norma lo dice así: «las sanciones […] prescribirán en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho». Además, la prescripción «deberá ser declarada de oficio». Es decir, la propia autoridad debería reconocerla sin que nadie se lo pida.
La misma norma agrega una regla para el cobro. La autoridad de tránsito no puede iniciar el cobro coactivo de sanciones que ya cumplieron las condiciones para prescribir.
El artículo 159 dice que la prescripción «se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago». Ese es el documento con el que la autoridad inicia el cobro coactivo. Si te lo notificaron dentro de los tres años, ese primer plazo deja de correr.
El artículo no dice cuánto tiempo tiene la autoridad para cobrar después de esa notificación. La Secretaría de Movilidad de Bogotá calcula otros tres años desde ese momento. Para eso cita los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, además del propio artículo 159. Otras secretarías pueden hacer la cuenta de otra manera, así que conviene preguntarle a la de tu ciudad.
En resumen, la multa puede haber prescrito si la infracción ocurrió hace más de tres años y en ese tiempo no te notificaron un mandamiento de pago.
En Bogotá, la solicitud se radica en el formulario web de la Secretaría de Movilidad. La entidad la resuelve en 15 días hábiles, el plazo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho de petición. Otras secretarías pueden manejar trámites distintos.
Antes de radicar, consulta en el SIMIT (simit.org.co), con la cédula o la placa, qué comparendos tienes a tu nombre y de qué fecha son.
La prescripción no es un perdón general. Solo opera si la autoridad no notificó el mandamiento de pago a tiempo. Por eso esperar a que una multa prescriba no es una estrategia segura.
Fuentes: Ley 769 de 2002 (artículo 159), Secretaría de Movilidad de Bogotá.
