Migración Colombia ejecutó 5.965 procedimientos de salida forzada entre agosto de 2022 y junio de 2026. De este total, la entidad realizó 3.389 deportaciones y 2.576 expulsiones. Estas cifras fueron presentadas durante el empalme gubernamental por la directora Gloria Esperanza Arriero.
El control migratorio marcó la gestión durante el gobierno de Gustavo Petro. La autoridad enfrentó una elevada movilidad de extranjeros en el país. Además, los desafíos fronterizos exigieron medidas para proteger la seguridad nacional. También se buscó garantizar la convivencia ciudadana en el territorio colombiano.
Las medidas administrativas se aplicaron contra ciudadanos que permanecieron irregularmente en Colombia. Igualmente, afectaron a quienes ingresaron por pasos no autorizados o presentaron documentos fraudulentos. Asimismo, incluyeron casos relacionados con riesgos para la seguridad nacional. Por último, abarcaron situaciones que comprometían el orden público del país.
La deportación y la expulsión obligan a abandonar el territorio nacional. Sin embargo, cada medida responde a causas y consecuencias diferentes. La primera suele relacionarse con infracciones migratorias de carácter administrativo. Por su parte, la segunda se aplica frente a conductas de mayor gravedad.
**Permanencia irregular concentró las deportaciones del periodo**
La permanencia irregular en Colombia fue la principal causa de deportación. Esta conducta originó 1.380 procedimientos durante el periodo analizado por la entidad. Posteriormente, el ingreso o salida mediante canales no autorizados produjo 1.315 decisiones administrativas.
Ambas categorías sumaron 2.695 casos en el balance presentado por Migración Colombia. Estas cifras representaron el 79,5% de las deportaciones registradas en el periodo. En consecuencia, cerca de ocho de cada diez medidas estuvieron relacionadas directamente con incumplimientos.
El balance también identificó 227 deportaciones por obtención fraudulenta de visas. Además, incluyó casos de declaraciones falsas empleadas para inducir a error a las autoridades. Estas declaraciones ocurrieron durante procedimientos de control, verificación documental o registro migratorio. Las demás causas reunieron 467 casos en el periodo analizado.
Antioquia encabezó las regionales con mayor número de deportaciones del país. Esta regional acumuló 542 procedimientos durante el gobierno de Petro. Le siguieron la regional de El Dorado con 523 casos. Nariño registró 509 procedimientos y Atlántico alcanzó 467 casos. Las demás oficinas regionales sumaron 1.820 actuaciones en todo el territorio.
Los ciudadanos venezolanos registraron más deportaciones entre las nacionalidades reportadas. Este grupo acumuló 795 casos en las diferentes regionales del país. Posteriormente aparecieron los ecuatorianos con 293 procedimientos ejecutados por la autoridad. Los ciudadanos chinos registraron 270 casos y los argentinos alcanzaron 211 procedimientos.
**Seguridad nacional motivó la mitad de las expulsiones**
Las expulsiones estuvieron concentradas en conductas consideradas de mayor gravedad. De los 2.576 procedimientos registrados, 1.274 estuvieron asociados con riesgos para la seguridad. También incluyeron amenazas al orden público y requerimientos de autoridades extranjeras. Además, contemplaron solicitudes presentadas por Interpol para ciudadanos específicos.
Esta categoría concentró el 49,5% de las expulsiones ejecutadas durante el periodo. En términos prácticos, prácticamente la mitad de estas decisiones tuvo relación con seguridad. También se vincularon con afectaciones a la convivencia ciudadana en el territorio. Igualmente, respondieron a solicitudes formuladas desde el exterior por otras naciones.
Otros 413 ciudadanos extranjeros fueron expulsados después de comprobarse documentación fraudulenta. Las autoridades verificaron que se encontraban documentados fraudulentamente como colombianos. También identificaron casos de personas que se hacían pasar por nacionales de otro país. Adicionalmente, 357 medidas obedecieron a penas accesorias de expulsión impuestas por jueces.
Migración Colombia también expulsó a 232 personas que incumplieron una orden previa. Estos casos involucraron a ciudadanos que regresaron antes de finalizar el periodo de sanción. Además, no contaban con la visa exigida para obtener nuevamente autorización de ingreso. Este requisito era necesario para ingresar legalmente al territorio colombiano nuevamente.
Otros 190 casos estuvieron relacionados con extranjeros condenados en Colombia a prisión. Sin embargo, la sentencia correspondiente no había incorporado expresamente la expulsión del país. Esta medida no apareció como una pena accesoria por las conductas que originaron la condena. No obstante, la autoridad migratoria procedió con la expulsión tras cumplirse la pena.
**El Dorado lideró los procedimientos de expulsión**
El aeropuerto internacional El Dorado encabezó los procedimientos de expulsión con 585 casos. Después se ubicaron la Regional Andina con 446 procedimientos ejecutados durante el periodo. La regional Oriente registró 385 casos y San Andrés alcanzó 286 expulsiones. Orinoquía contabilizó 206 casos y Antioquia cerró con 200 procedimientos de expulsión.
Por nacionalidad, los venezolanos concentraron 1.323 expulsiones del territorio colombiano durante el gobierno. Esta cifra fue equivalente a cerca del 51,4% del total nacional informado. Les siguieron los ciudadanos de República Dominicana con 382 casos de expulsión. China registró 121 procedimientos y Ecuador alcanzó 114 casos en el periodo.
Las demás nacionalidades acumularon 636 procedimientos en el balance presentado por la entidad. En conjunto, los datos muestran que las expulsiones estuvieron relacionadas principalmente con seguridad. También se vincularon con fraudes de identidad y decisiones judiciales tomadas por tribunales. Igualmente, incluyeron condenas penales e incumplimientos de sanciones migratorias impuestas con anterioridad.
La directora Arriero aseguró que las decisiones fueron adoptadas dentro de las facultades legales. La autoridad migratoria actuó bajo las garantías previstas para las personas involucradas. Estas garantías se aplicaron en infracciones o actuaciones que podrían afectar la convivencia. También se respetaron en casos que representaban riesgos dentro del territorio nacional.
“Se aplicaron medidas administrativas respetando siempre los derechos y el debido proceso de personas relacionadas con infracción a las normas migratorias y/o representar riesgos para la convivencia ciudadana en el territorio nacional”, explicó la funcionaria durante la presentación del balance.
**Venezolanos representaron más de la mitad de las expulsiones**
Los ciudadanos venezolanos fueron quienes registraron el mayor número de procedimientos de expulsión. Este grupo concentró 1.323 casos, representando más de la mitad del total nacional. La cifra refleja la alta presencia de población venezolana en el país. También evidencia los desafíos que enfrenta la autoridad migratoria con esta población específica.
Los ciudadanos de República Dominicana ocuparon el segundo lugar con 382 expulsiones. Esta nacionalidad mostró una presencia significativa en los procedimientos de la autoridad migratoria. Los ciudadanos chinos registraron 121 casos durante el periodo analizado por la entidad. Los ecuatorianos alcanzaron 114 procedimientos de expulsión ejecutados por Migración Colombia.
Las demás nacionalidades sumaron 636 procedimientos en el balance final del gobierno. Esta diversidad refleja el carácter internacional de los flujos migratorios en Colombia. También muestra la complejidad de los desafíos que enfrenta la autoridad migratoria. Además, evidencia la necesidad de mantener controles efectivos en fronteras y puntos de ingreso.
El balance fue presentado durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente. La administración que asumirá el próximo 7 de agosto recibió estas cifras oficiales. El documento recoge las actuaciones adelantadas desde agosto de 2022 hasta junio de 2026. Esta información servirá como base para las políticas migratorias del próximo gobierno.
La funcionaria destacó que todas las medidas se ejecutaron respetando los derechos fundamentales. También se garantizó el debido proceso en cada uno de los procedimientos administrativos. Las autoridades verificaron cada caso antes de proceder con las deportaciones o expulsiones. Además, se brindó asistencia consular cuando fue solicitada por los ciudadanos afectados.
**Fraude documental motivó cientos de procedimientos administrativos**
El fraude documental representó una causa significativa en los procedimientos de expulsión. Un total de 413 ciudadanos fueron expulsados por documentarse fraudulentamente como colombianos. También se identificaron casos de personas que se hacían pasar por nacionales de otros países. Esta conducta fue considerada de alta gravedad por las autoridades migratorias del país.
Las autoridades comprobaron cada caso mediante investigaciones y verificaciones documentales exhaustivas. Migración Colombia trabajó coordinadamente con otras entidades del Estado en estos procedimientos. También se estableció cooperación con autoridades consulares de otros países cuando fue necesario. Esta coordinación permitió identificar y procesar casos complejos de suplantación de identidad.
Las penas accesorias de expulsión impuestas por jueces sumaron 357 casos. Estos procedimientos derivaron de condenas judiciales por diferentes delitos cometidos en Colombia. Los jueces de la República ordenaron la expulsión como medida complementaria a la pena principal. Esta facultad judicial refuerza el control migratorio desde el sistema de justicia penal.
Los extranjeros condenados a penas de prisión representaron 190 casos de expulsión. Aunque la sentencia no incorporó expresamente la expulsión como pena accesoria, la autoridad procedió. Migración Colombia aplicó su facultad administrativa una vez cumplida la condena de prisión. Esta medida busca proteger la seguridad nacional tras la comisión de delitos graves.
El incumplimiento de órdenes previas de deportación motivó 232 expulsiones durante el periodo. Estos casos involucraron a personas que regresaron antes de finalizar su periodo de sanción. Además, no contaban con la visa requerida para ingresar nuevamente al territorio colombiano. Esta conducta agravó la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros involucrados en estos procedimientos.
**Controles fronterizos enfrentaron desafíos durante el periodo**
Los desafíos fronterizos marcaron la gestión de Migración Colombia durante el gobierno de Petro. La autoridad enfrentó una elevada movilidad de extranjeros en todas las regiones del país. Los controles en pasos no autorizados representaron un reto constante para las autoridades migratorias. También se intensificaron las verificaciones documentales en puntos de control oficiales del territorio.
El ingreso o salida por canales no autorizados produjo 1.315 deportaciones en el periodo. Esta cifra refleja la magnitud del desafío en el control de fronteras terrestres. Las autoridades identificaron múltiples puntos de paso irregular en diferentes regiones fronterizas. Además, se implementaron operativos especiales para detectar y procesar estos casos de ingreso irregular.
La permanencia irregular en Colombia originó 1.380 procedimientos de deportación durante el gobierno. Esta situación afectó principalmente a ciudadanos que excedieron el tiempo autorizado de permanencia. También incluyó casos de personas que ingresaron legalmente pero permanecieron sin regularizar su situación. Las autoridades realizaron verificaciones constantes para identificar estos casos en todo el territorio nacional.
Las declaraciones falsas y la obtención fraudulenta de visas sumaron 227 deportaciones. Estos casos involucraron intentos de inducir a error a las autoridades migratorias colombianas. Las personas proporcionaron información falsa durante procedimientos de control o verificación documental. También se identificaron casos de documentos adulterados presentados ante el registro migratorio oficial.
La autoridad migratoria aplicó las medidas dentro de su marco legal y competencias establecidas. Migración Colombia garantizó el debido proceso en cada uno de los procedimientos administrativos ejecutados. Las personas afectadas tuvieron acceso a recursos y mecanismos de defensa previstos en la ley. Además, se respetaron los tratados internacionales y acuerdos bilaterales vigentes con otros países.
