El conflicto armado en Colombia sigue siendo una amenaza persistente para el sistema educativo del país. Según un informe reciente de la Universidad Javeriana, más de 1.400 sedes educativas están en riesgo debido a la violencia. Este fenómeno no es nuevo, pero su persistencia y magnitud son alarmantes. En 2024, se registraron 6.745 alertas tempranas en planteles educativos, el número más alto hasta la fecha. Esto representa un 69,2 % de las alertas de 2023, lo que indica un aumento preocupante.
El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana ha sido clave en el análisis de estos datos. Utilizando información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Censo C600 del Ministerio de Educación y la Unidad de Víctimas, el LEE ha establecido que, a marzo de 2025, había alertas tempranas para 1.487 sedes educativas. Esto representa el 22 % de todas las afectadas durante el año anterior.
El impacto del conflicto armado no se limita a las infraestructuras educativas. La cantidad de estudiantes en zonas con alertas tempranas es otro indicador preocupante. En 2024, 653.146 estudiantes se encontraban en estas regiones. Para marzo de 2025, la cifra ya alcanzaba los 204.435, un 31 % del total del año anterior. Estos números reflejan la vulnerabilidad de los estudiantes, quienes deberían encontrar en la escuela un refugio seguro, no un lugar de riesgo.
Los docentes también son víctimas de esta situación. En 2024, 17.618 profesores trabajaron en zonas con alertas tempranas. En lo que va de 2025, la cifra es de 5.796. Según la Unidad Nacional de Protección (UNP), los docentes son el quinto grupo con más solicitudes de protección en el país. Esto subraya la necesidad urgente de medidas de seguridad para quienes están en la primera línea de la educación.
El análisis del LEE excluyó a las ciudades capitales para evitar una sobrerrepresentación de los datos. Se centró únicamente en alertas clasificadas como “inminentes”, que reflejan amenazas urgentes. Las disidencias de las FARC-EP son los principales generadores de riesgo en entornos escolares. Les siguen el ELN, Grupos Armados de Crimen Organizado, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), los Comandos de la Frontera y redes transnacionales.
Los investigadores del Laboratorio enfatizan que “el conflicto armado sigue siendo una amenaza directa al derecho a la educación en muchas regiones del país. La escuela debería ser un refugio, no un campo de riesgo”. Esta afirmación resalta la necesidad de una intervención estatal más robusta y efectiva.
El informe también ofrece recomendaciones para mitigar el impacto del conflicto en la educación. Entre ellas, se destaca la importancia de fortalecer la presencia institucional en los territorios afectados. Esto implica no solo una mayor presencia de fuerzas de seguridad, sino también de servicios sociales y educativos que puedan ofrecer apoyo a las comunidades.
Además, se sugiere garantizar medidas de protección para docentes y estudiantes. Esto podría incluir desde escoltas para los profesores hasta la implementación de protocolos de seguridad en las escuelas. La protección física es esencial, pero también lo es el apoyo psicológico para quienes han sido afectados por la violencia.
Otra recomendación clave es la adaptación del currículo escolar a contextos de conflicto. Esto podría lograrse mediante programas de resiliencia y educación para la paz. Enseñar a los estudiantes habilidades para manejar el estrés y la resolución de conflictos puede ser una herramienta poderosa para enfrentar la adversidad.
La situación actual es un llamado a la acción para el gobierno y la sociedad en general. La educación es un derecho fundamental que no debe ser comprometido por la violencia. Es imperativo que se tomen medidas concretas para proteger a los estudiantes y docentes, y garantizar que las escuelas sean espacios seguros y propicios para el aprendizaje.
