En medio de crecientes tensiones diplomáticas, el dictador venezolano Nicolás Maduro lanzó nuevas advertencias hacia Estados Unidos durante una transmisión por el canal estatal VTV.

“Si los ‘gringos’ amenazan, más trabajamos; si los ‘gringos’ atacan, responderemos”, declaró Maduro en tono desafiante ante las cámaras de televisión.

Estas declaraciones surgen como respuesta al reciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, que incluye ocho buques de guerra y un submarino nuclear de ataque rápido.

La presencia naval norteamericana, que cuenta con más de 4,500 efectivos militares, tiene como objetivo declarado combatir el presunto narcotráfico procedente de Venezuela.

Sin embargo, el régimen chavista interpreta estas acciones como un intento de propiciar un “cambio de régimen” e instalar un “gobierno títere” en el país sudamericano.

Durante su alocución, Maduro acusó a Estados Unidos de querer “una guerra en el Caribe y Suramérica” para apoderarse de los recursos naturales venezolanos.

“Ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo seguirá siendo de los venezolanos”, enfatizó el mandatario, llamando a la población a “tomar el fusil” cuando “la patria lo llame”.

Como medida preventiva, el régimen activó el denominado “Plan Independencia 200” en los estados de La Guaira y Carabobo, ubicados estratégicamente frente al mar Caribe.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, explicó que estos ejercicios militares buscan proteger instalaciones petroleras, petroquímicas, gasoductos y depósitos de combustible.

Además, las maniobras incluyen la seguridad de infraestructuras eléctricas, telecomunicaciones y centros de salud, según detalló el funcionario en declaraciones posteriores.

No obstante, reportes recientes señalan un fracaso en el llamado a las armas del régimen. Las filas en los puntos de reclutamiento en Caracas fueron escasas y mayormente compuestas por empleados públicos.

“Esto es solo una formalidad para no perder el trabajo”, confesó un trabajador de la alcaldía al Financial Times bajo condición de anonimato, evidenciando la falta de respaldo popular a la iniciativa militar.

Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado un “agravamiento sostenido” de la represión en Venezuela, exigiendo acceso a la prisión El Helicoide.

En este contexto de tensión internacional y crisis interna, la Iglesia venezolana ha solicitado la liberación de presos políticos, aprovechando la próxima canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

El opositor Andrés Velásquez también ha instado al Vaticano a pronunciarse sobre la situación de los presos políticos, argumentando que la Santa Sede “no puede ser indiferente” ante la realidad venezolana.

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