El Congreso tiene hasta el miércoles 4 de noviembre para aprobar la ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo De la Espriella. Ese día vence la Ley 418 de 1997, de orden público. El mismo proyecto la modifica y la prorroga.
El Senado tenía programada su plenaria para este viernes 30 de octubre. La Cámara fue citada para el lunes 2 de noviembre, que es festivo.
Según El Tiempo, La FM y El Nuevo Siglo, el plazo lo marca la Ley 418, que pierde vigencia ese día. Si el proyecto no se aprueba antes, quedaría un vacío normativo. El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, lo resumió así: "Esta ley vence el próximo 4 de noviembre".
Barguil explicó a Semana por qué citó a la Cámara en el festivo. Dijo que "debíamos respetar los ocho días que exige la ley" desde la aprobación en comisiones. También afirmó: "Estamos contra el tiempo".
Según El Tiempo, Barguil también dijo que la Cámara solo recibió la ponencia el jueves 29 de octubre. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático y ponente, pidió que el Senado también sesione el lunes festivo: "Es una norma que tiene vigencia hasta el 4 de noviembre".
Sobre la votación en la Cámara hay dos versiones. Semana y El Tiempo hablan de debate el lunes. El Nuevo Siglo reporta que ese día se anunciaría el articulado y que la votación empezaría el martes 3.
El proyecto es el 296 de 2026 en el Senado y el 433 en la Cámara. Pasó su primer debate el miércoles 21 de octubre, en sesión conjunta de las comisiones primeras. En el Senado, la votación fue de 21 votos a favor y 1 en contra. En la Cámara fue de 21 a 10. Además, las ponencias para archivarlo fueron derrotadas por 38 votos a 20.
El Consejo Superior de Política Criminal también lo avaló. Fueron 14 votos a favor y 1 en contra, según El Nuevo Siglo y Pulzo.
Si las dos cámaras aprueban textos distintos, habrá que conciliarlos. Según El Tiempo, es muy poco probable que ambas acojan el mismo texto, lo que deja el tiempo muy ajustado para la conciliación. El mismo diario indica que, en principio, el proyecto no tiene mayor dificultad y los votos estarían en ambas corporaciones.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, lidera el debate. Está encargado del Ministerio del Interior tras la salida de Rodrigo Lara. Según La FM, Cancino dijo: "esperamos el martes poderle dar al país esta ley".
Según La Silla Vacía e IFM, el texto reemplaza el modelo de "paz total". En su lugar, ofrece un sometimiento sin reconocimiento político. Las condiciones las fija el Estado y las penas se pagan en cárceles ordinarias. La vigencia de la ley baja de diez a cuatro años, que coincide con el periodo del Gobierno.
Las rebajas de pena llegarían hasta el 50 % para integrantes rasos y mandos medios. Para los cabecillas serían de hasta el 30 %, y deberían cumplir al menos 10 años de prisión. Así lo reportan El Nuevo Siglo y El Tiempo. Según La Silla Vacía, la libertad condicional llegaría tras cumplir cuatro quintas partes de la condena. En la ley ordinaria son tres quintas.
Según IFM y Radio Santa Fe, quienes se sometan deberán dejar las armas y cesar sus actividades ilícitas. También tendrán que entregar a los menores reclutados y los bienes para reparar a las víctimas. Además, deberán informar sobre desaparecidos y redes. Por lavado de activos, la prisión efectiva mínima sería de tres años, según IFM y El Nuevo Siglo.
El reclutamiento de menores es uno de los puntos que más discusión genera. Según la ponencia citada por El Tiempo, no podrán acceder al tratamiento penal diferenciado los condenados en firme por reclutamiento o uso de menores cuando alguna víctima tuviera menos de 14 años. El mismo texto dice que la pena de quienes tuvieron rol de mando, o un rol determinante en el reclutamiento de menores, no podrá ser inferior a 10 años.
La FM, en cambio, dice que el ajuste para el último debate reduce los beneficios de quienes reclutan menores de 14 años. IFM reportó que la versión original excluía todo beneficio y que el texto ajustado sí permite rebajas.
Cancino sostuvo el jueves 29 de octubre, en un foro de la Comisión Primera del Senado, que "este proyecto no beneficia a nadie". Según La FM y El Tiempo, el Gobierno asegura que lo construyó con la Defensoría, la Fiscalía y la Procuraduría. También cita a la academia y a partidos, incluida la oposición.
El Centro Democrático respalda el proyecto. Cadavid dijo a El Tiempo que "el modelo de concesión de beneficios y complacencias a la delincuencia en Colombia fracasó". Según Pulzo, el representante Daniel Briceño lo calificó como "el fin de la 'paz total' de Petro".
Desde el Pacto Histórico, la senadora Carolina Corcho cuestiona los beneficios a narcotraficantes, lavadores y testaferros, según IFM. El representante Heráclito Landínez dijo a El Tiempo: "A mediano o largo plazo, este país tiene que apostarle a una salida negociada al conflicto armado".
En el Partido Liberal, el senador Héctor Olimpo Espinosa pidió en El Tiempo "un tratamiento diferencial" para los delitos sexuales y el reclutamiento de menores. Según él, "estos delitos no pueden recibir el mismo tratamiento que los demás".
La Defensoría, dirigida por Iris Marín, respalda el proyecto. Sin embargo, pide proporcionalidad en las sanciones y recursos para reparar a las víctimas. También solicita una vigencia de diez años, según La FM.
Fuentes: El Tiempo, Semana, La FM, El Nuevo Siglo, IFM, La Silla Vacía, Pulzo, Radio Santa Fe.
