En el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño, culminó el sexto ciclo de conversaciones entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este grupo armado se originó tras su exclusión de la Segunda Marquetalia. Esa organización está liderada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Durante esta fase de las negociaciones de paz, ambas partes lograron dos nuevos acuerdos fundamentales. Estos buscan facilitar el tránsito de los integrantes hacia la ciudadanía plena. Además, pretenden avanzar en la terminación del conflicto armado en el país.
Las medidas se articulan con procesos de transformación territorial en las regiones afectadas. También contemplan la sustitución de economías ilegales por actividades productivas legales y sostenibles. La Consejería Comisionado de Paz comunicó estos avances a través de la red social X.
“Estos compromisos marcan un paso decisivo hacia una paz que se construye con hechos y con la voz de las comunidades”, se lee en el documento oficial. Por consiguiente, las nuevas disposiciones representan un avance significativo en el proceso de paz del gobierno de Gustavo Petro.
Uno de los puntos centrales es la creación de Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal. En estas zonas, los miembros reconocidos de las disidencias contarán con garantías específicas. El grupo está al mando de José Vicente Lesmes, conocido como alias Walter Mendoza.
Las garantías incluyen seguridad física, económica y jurídica para todos los integrantes del grupo armado. Asimismo, se busca proporcionar condiciones adecuadas para su reintegración a la vida civil. Estos espacios serán fundamentales para el proceso de desmovilización gradual.
Entre los objetivos acordados se encuentra “iniciar la ruta gradual de desuso, entrega y destrucción de armas”. También se contempla “iniciar el tránsito a la ciudadanía plena” de los miembros del grupo. De igual manera, se prevé el desarrollo de un proceso de reintegración integral.
La reintegración será social, política, económica, cultural y comunitaria de los integrantes. Este proceso acompañará el tránsito a la ciudadanía plena de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Por lo tanto, se trata de un enfoque multidimensional que abarca diversos aspectos de la vida.
El acuerdo también contempla la facilitación de mecanismos de justicia transicional y restaurativa. Estos mecanismos son esenciales para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto. Además, se implementarán procedimientos judiciales necesarios para definir la situación jurídica de los miembros.
Las zonas de ubicación serán transitorias y temporales, sin vocación de permanencia establecida. Su implementación será gradual y progresiva, adaptándose a las condiciones del territorio. Habrá monitoreo y verificación constantes por parte de organismos nacionales e internacionales.
El Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano también avanzaron en las garantías electorales. Este aspecto es crucial considerando que los próximos comicios se realizarán en el primer semestre de 2026. Las elecciones presidenciales y legislativas son fundamentales para la democracia colombiana.
Las disidencias de Walter Mendoza se comprometieron a “respetar en forma integral los próximos certámenes electorales”. En estos se elegirá el nuevo Congreso y Presidente de la República. Por consiguiente, el grupo armado garantiza no interferir en el proceso democrático.
También acordaron la suspensión de actividades armadas que obstaculicen la organización de los procesos electorales. La Registraduría Nacional del Estado Civil estará a cargo de organizar los comicios. Así, se busca garantizar elecciones libres y transparentes en todo el territorio nacional.
El acuerdo incluye la promesa de no realizar “proselitismo armado” durante las campañas electorales. Además, el grupo mantendrá “neutralidad ante las distintas candidaturas y campañas electorales”. Esta neutralidad es fundamental para garantizar la libertad del voto en las regiones bajo su influencia.
Con estos dos nuevos puntos, ya suman 14 acuerdos entre el Ejecutivo y el grupo armado. Cada uno de estos acuerdos representa un paso concreto hacia la paz territorial. No obstante, el camino hacia la paz completa aún requiere esfuerzos sostenidos de ambas partes.
Los acuerdos firmados en Barbacoas reflejan la voluntad de las partes por construir paz. Sin embargo, la implementación efectiva será el verdadero desafío en los próximos meses. Las comunidades locales jugarán un papel fundamental en este proceso de transformación territorial.
La sustitución de economías ilegales por actividades productivas legales es un componente esencial del acuerdo. Esto implica desarrollar alternativas económicas viables para las comunidades que dependen de cultivos ilícitos. Por lo tanto, se requerirá inversión significativa del Estado en estas regiones.
El proceso de reintegración social contempla programas educativos y de capacitación para los excombatientes. Estos programas les permitirán desarrollar habilidades para la vida civil y el trabajo legal. Además, se incluyen componentes de salud mental y apoyo psicosocial para facilitar la transición.
La reintegración política implica garantizar los derechos ciudadanos de los desmovilizados, incluyendo el derecho al voto. También contempla la posibilidad de participación política a través de mecanismos legales y democráticos. Esto representa un cambio significativo en la forma de hacer política en las regiones afectadas.
El componente económico de la reintegración busca crear oportunidades laborales sostenibles para los excombatientes. Se contempla el acceso a tierras, créditos y programas de emprendimiento rural y urbano. Estas medidas son cruciales para evitar que los desmovilizados regresen a actividades ilegales.
La reintegración cultural y comunitaria reconoce la importancia de reconstruir el tejido social en las regiones. Esto implica procesos de reconciliación entre excombatientes y comunidades afectadas por el conflicto. También incluye el reconocimiento y respeto de las identidades culturales de las poblaciones locales.
Los mecanismos de justicia transicional buscan equilibrar los derechos de las víctimas con la paz. Estos mecanismos incluyen procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La justicia restaurativa pone énfasis en la reparación del daño causado a las víctimas.
La implementación gradual de las Zonas de Ubicación Temporal permitirá ajustar el proceso según los resultados. Este enfoque flexible es importante dado lo complejo del proceso de desmovilización y reintegración. Además, permite corregir errores y fortalecer aspectos que funcionen mejor.
El monitoreo y verificación constantes garantizarán el cumplimiento de los acuerdos por ambas partes. Organismos nacionales e internacionales participarán en estas labores de supervisión y acompañamiento. Por consiguiente, habrá transparencia en la implementación de los compromisos adquiridos.
El compromiso del grupo armado de no interferir en las elecciones de 2026 es particularmente significativo. Históricamente, los grupos armados han ejercido control sobre poblaciones mediante intimidación electoral. Este acuerdo representa un cambio importante en la relación entre grupos armados y democracia.
La neutralidad política acordada por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano permitirá elecciones más libres. Las comunidades en zonas de influencia del grupo podrán ejercer su derecho al voto sin presiones. Esto fortalecerá la legitimidad democrática en regiones históricamente afectadas por el conflicto.
La Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá un papel crucial en garantizar elecciones transparentes. Deberá desplegar recursos y personal suficiente en las regiones donde opera el grupo armado. Además, necesitará coordinación con autoridades locales y organismos de seguridad para proteger el proceso electoral.
El sexto ciclo de conversaciones en Barbacoas demuestra que el diálogo es posible incluso con grupos disidentes. Barbacoas, ubicado en Nariño, es una región históricamente afectada por el conflicto armado. La elección de este municipio para las conversaciones tiene un valor simbólico importante.
La exclusión de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano de la Segunda Marquetalia generó un nuevo actor armado. Sin embargo, esta situación también creó una oportunidad para negociaciones independientes con el gobierno. Cada grupo armado tiene dinámicas y demandas específicas que requieren abordajes diferenciados.
Los 14 acuerdos alcanzados hasta ahora cubren diversos aspectos del proceso de paz. Incluyen temas de seguridad, justicia, reintegración, desarrollo territorial y garantías democráticas. Esta diversidad de temas refleja la complejidad del conflicto armado colombiano.
El éxito de estos acuerdos dependerá fundamentalmente de su implementación efectiva en el territorio. Las comunidades locales deben ser protagonistas en la construcción de paz en sus regiones. Sin su participación activa, los acuerdos corren el riesgo de quedarse en papel.
La transformación territorial contemplada en los acuerdos requiere presencia estatal efectiva en las regiones. Esto implica no solo presencia militar, sino también instituciones civiles que presten servicios básicos. Educación, salud, justicia y oportunidades económicas son fundamentales para consolidar la paz.
La sustitución de cultivos ilícitos ha sido históricamente uno de los mayores desafíos en Colombia. Requiere no solo erradicación, sino alternativas económicas viables y sostenibles para los campesinos. El gobierno deberá invertir recursos significativos y mantener compromiso a largo plazo.
El proceso de entrega y destrucción de armas será gradual según lo acordado. Este enfoque gradual busca generar confianza mutua entre las partes durante el proceso. También permite que los excombatientes se adapten progresivamente a la vida sin armas.
La situación jurídica de los miembros de la Coordinadora será definida mediante procedimientos judiciales específicos. Esto implica determinar responsabilidades individuales y aplicar los marcos de justicia transicional correspondientes. El proceso debe equilibrar justicia, verdad y paz de manera adecuada.
Las garantías de seguridad física para los desmovilizados son cruciales para el éxito del proceso. Históricamente, muchos excombatientes han sido asesinados tras dejar las armas en Colombia. Por lo tanto, el Estado debe proporcionar protección efectiva a quienes se reintegran.
Las garantías económicas incluyen apoyo financiero durante el período de transición a la vida civil. Los desmovilizados necesitarán recursos mientras desarrollan capacidades y encuentran oportunidades laborales legales. Este apoyo debe ser suficiente y sostenido en el tiempo.
Las garantías jurídicas implican claridad sobre los procedimientos legales que enfrentarán los desmovilizados. La incertidumbre jurídica puede desincentivar la desmovilización y reintegración de combatientes. Por ello, es fundamental que los marcos legales sean claros y predecibles.
El gobierno de Gustavo Petro ha priorizado la paz total como eje de su política. Esto implica negociaciones simultáneas con diversos grupos armados en todo el país. Sin embargo, cada proceso tiene sus particularidades y avanza a ritmos diferentes.
Los acuerdos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano representan un avance en la política de paz total. No obstante, persisten desafíos con otros grupos armados como el ELN y otras disidencias. La paz completa en Colombia requerirá múltiples procesos paralelos y complementarios.
La participación comunitaria en el diseño e implementación de los acuerdos es fundamental. Las comunidades conocen mejor que nadie las realidades y necesidades de sus territorios. Su voz debe ser escuchada y sus propuestas incorporadas en las políticas de paz.
Los próximos meses serán cruciales para la implementación de los acuerdos firmados en Barbacoas. Se requerirá voluntad política sostenida, recursos adecuados y coordinación interinstitucional efectiva. También será necesario el apoyo de la comunidad internacional en el proceso.
