La guerra en Medio Oriente disparó los precios de la energía. Los gobiernos respondieron de inmediato. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional considera que actuaron demasiado rápido.
Desde el inicio del conflicto, cerca de 170 países introdujeron medidas. En total, implementaron casi 900 políticas diferentes. El objetivo era frenar el impacto del alza energética. Tanto hogares como empresas necesitaban protección urgente.
Entre las medidas destacan los subsidios a productores de energía. También se aplicaron subsidios a distribuidores. Además, muchos gobiernos recortaron impuestos sobre combustibles. Por otro lado, varios países establecieron controles de precios.
El FMI analizó todas estas respuestas gubernamentales. Su conclusión genera preocupación entre los analistas. Muchas medidas resultan costosas para las arcas públicas. Asimismo, carecen de focalización adecuada. Finalmente, son difíciles de desmontar posteriormente.
**Respuestas fiscales dominan el panorama global**
Las medidas fiscales dominan la respuesta mundial. En economías avanzadas, casi la mitad son subsidios. Estos apoyan a productores y distribuidores energéticos. Otro tercio corresponde a recortes impositivos sobre combustibles.
Europa apostó fuerte por medidas fiscales. También implementó controles de precios extensivos. El propósito central era proteger a los hogares. La región enfrentaba presiones inflacionarias significativas.
Las economías emergentes muestran un panorama diferente. Las medidas fiscales representan la mitad de las políticas. Además, muchos países recurrieron a topes de precios. También ajustaron fórmulas de tarifas energéticas.
En Medio Oriente y Asia Central aparecen particularidades. Las herramientas monetarias juegan un papel importante. Igualmente, los instrumentos financieros tienen mayor protagonismo. Los países exportadores de petróleo expandieron su gasto fiscal.
África depende más de medidas sobre precios. También utiliza políticas de oferta energética. Mientras tanto, partes de Asia optaron por gestión de demanda. Esto incluye conservación de inventarios disponibles. Asimismo, algunos implementaron racionamiento de recursos.
**La ruta menos transitada**
Un grupo menor de países eligió otra vía. Esta resulta más sostenible a largo plazo. No obstante, es políticamente difícil de implementar.
Estos gobiernos permitieron que los precios subieran. Además, redujeron subsidios existentes. Algunos suspendieron mecanismos de estabilización de precios. Estas decisiones preservan las señales del mercado. También contienen el gasto público acumulado.
Sin embargo, esta estrategia exige condiciones específicas. Se requieren redes de protección social sólidas. De lo contrario, los hogares vulnerables quedan desprotegidos. El costo político puede ser muy alto.
**Deuda y capacidad fiscal marcan la diferencia**
El análisis del FMI revela patrones claros. El nivel de deuda de cada país influye significativamente. Su impacto es tan importante como el nivel de ingreso.
Los países con mayor deuda enfrentan restricciones. Especialmente aquellos con menos espacio fiscal. Principalmente, se trata de economías emergentes. Estos han recurrido más a controles de precios. También han suprimido la demanda para aguantar los impactos.
En estos escenarios, los racionamientos de combustible son comunes. El trabajo remoto obligatorio se volvió frecuente. Además, se establecieron restricciones de viaje. Estas medidas reducen el consumo energético forzosamente.
Las economías avanzadas pudieron absorber mejor el golpe. Lo hicieron principalmente vía gasto público. Pero esto no las deja libres de riesgo.
El FMI advierte sobre similitudes preocupantes. La composición de las respuestas actuales es familiar. Se parece mucho a las medidas de 2022. Entonces también hubo un choque energético importante.
No obstante, existe una diferencia clave. En 2022 había más margen de maniobra. Ahora, el servicio de deuda es más alto. Esto ocurre en muchos países simultáneamente.
**Problemas sin fecha de caducidad**
El organismo identifica un problema central. Una parte importante de las medidas carece de límites temporales. Los gobiernos las presentan como provisionales. Sin embargo, no tienen fecha de vencimiento clara.
Tampoco existen estimaciones de costo precisas. Sin estos límites, lo provisional se vuelve permanente. Esta tendencia genera problemas fiscales crecientes.
Los subsidios amplios resultan especialmente costosos. Lo mismo ocurre con los recortes de impuestos. El problema se agrava cuando se prolongan. Superan la fase inicial del choque energético.
Los topes de precios enfrentan dificultades particulares. En países importadores de petróleo pueden volverse insostenibles. Esto ocurre si los precios globales continúan subiendo.
Otro riesgo importante involucra empresas energéticas estatales. Los gobiernos comprimen sus márgenes vía controles de precios. Sin embargo, las pérdidas no desaparecen. Se acumulan silenciosamente en los balances.
Eventualmente, estas pérdidas reaparecen. Se convierten en pasivos en las cuentas públicas. El problema simplemente se pospone.
**El efecto dominó global**
El FMI también advierte sobre efectos colectivos. Si muchos países frenan simultáneamente el traslado de precios, surge un problema. La demanda global no cae lo suficiente.
Consecuentemente, los mercados se tensan. Los precios internacionales pueden subir aún más. El efecto es contrario al buscado.
Además, cada peso gastado hoy tiene un costo. Los subsidios amplios a combustibles reducen flexibilidad futura. Queda menos disponible para responder a nuevas eventualidades.
Estas pueden incluir una escalada del conflicto. También nuevas disrupciones energéticas. Igualmente, otros choques económicos imprevistos.
**La propuesta impopular del FMI**
El organismo reconoce que contener precios es comprensible. Ante un choque de esta magnitud, es una respuesta natural. Sin embargo, si se sostiene en el tiempo, los problemas crecen.
Los costos fiscales escalan progresivamente. Además, las señales de precio distorsionadas generan efectos secundarios. Desincentivan el ahorro energético. También frenan la transición hacia otras fuentes.
La alternativa que propone el Fondo es diferente. Resulta menos popular políticamente. Consiste en dejar que los precios se ajusten.
Simultáneamente, se concentra el gasto público estratégicamente. El objetivo es proteger a las personas más vulnerables. No se trata de contener precios para todos por igual.
Esta focalización mejora la eficiencia del gasto. También reduce el costo fiscal total. Además, mantiene las señales de precio funcionando.
Algunos países ya van en esa dirección. Han comenzado a implementar transferencias focalizadas. Otros harían bien en seguir este camino. La sostenibilidad fiscal depende de ello.
