Bolivia atraviesa una crisis de movilización social. Los bloqueos de carretera persisten en varias regiones del país. El Gobierno implementó medidas de excepción para restablecer la circulación.
Este domingo por la mañana permanecían activos 27 bloqueos. La información proviene del portal de Transitabilidad oficial. Además, la Administradora Boliviana de Carreteras confirmó estos datos.
El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción. La medida quedó formalizada mediante el Decreto Supremo 5636. Asimismo, el Ejecutivo desplegó policías y militares en rutas clave.
La cifra de cortes disminuyó respecto a jornadas anteriores. El sábado se reportaron 40 bloqueos en todo el territorio. Por otra parte, el viernes la cifra alcanzó los 47 puntos de corte.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ofreció declaraciones públicas. Los bloqueos cayeron al menos un 60 por ciento. Igualmente, el funcionario recordó que en el momento álgido hubo un centenar.
Zamora difundió un mensaje en redes sociales. El Ejecutivo avanzará hasta recuperar la normalidad completa. Sin embargo, los cortes aún no han desaparecido totalmente.
La Asamblea Legislativa Plurinacional avaló el decreto presidencial. La sesión se desarrolló durante la noche del sábado. En consecuencia, la aprobación llegó a las 2.36 horas del domingo.
La votación alcanzó mayoría de dos tercios. La sesión estuvo marcada por tensión política. También hubo reclamos de procedimiento entre los legisladores presentes.
El vicepresidente Edman Lara presidía la sesión legislativa. Lara expresó su rechazo a la medida de excepción. No obstante, remarcó su obligación de cumplir la ley.
Posteriormente, el vicepresidente abandonó la reunión por indisposición. Los grupos Libre y APB Súmate perfilaban su apoyo. Finalmente, estos bloques respaldaron el decreto gubernamental.
El estado de excepción no suspende derechos fundamentales. La medida prohíbe los bloqueos de vías públicas. Además, impide el uso de armas y explosivos.
También se prohíben otros elementos violentos en manifestaciones. Las Fuerzas Armadas pueden apoyar temporalmente a la Policía. Igualmente, este respaldo busca controlar el orden público.
Tras la entrada en vigor del decreto, comenzaron operativos. Policías y militares retiraron piedras de las carreteras. Asimismo, removieron bloques de concreto y montículos de tierra.
Desde El Alto partieron contingentes hacia Oruro. Otro grupo avanzó desde esa misma región. En paralelo, los agentes despejaron material con maquinaria pesada.
La carretera desde Cochabamba hacia el occidente fue intervenida. Los operativos se desarrollaron en carreteras troncales estratégicas. Por consiguiente, la circulación empezó a restablecerse gradualmente.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, encabezó una comitiva. El grupo llegó hasta Achica Arriba. Cabe mencionar que este lugar fue escenario de enfrentamientos previos.
El 23 de mayo ocurrió un intento de desbloqueo. Ese operativo derivó en choques entre agentes y manifestantes. Justiniano declaró a los medios sobre las tareas realizadas.
Las fuerzas desplegadas hicieron sobre todo labores de limpieza. En algunos puntos detectaron “bloqueos fantasma”. Estos eran cortes sin presencia real de manifestantes.
El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Central Obrera Boliviana. La COB es una de las principales fuerzas movilizadas. Después de ese pacto, varias organizaciones anunciaron un intermedio.
La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari suspendió protestas. También lo hizo la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias. Ambas organizaciones convocaron para el lunes un ampliado extraordinario.
El encuentro se realizará en La Paz con representantes provinciales. Participarán delegados de las 20 provincias del departamento. El objetivo es analizar la situación interna del sector.
También evaluarán la coyuntura nacional y departamental. Además, tomarán decisiones en defensa de la unidad. La institucionalidad del sector campesino será otro tema central.
Pese al intermedio, el malestar interno quedó expuesto. Un comunicado reveló tensiones entre las organizaciones. “Todo se resolvió a puertas cerradas”, señalaron los dirigentes.
Las organizaciones denunciaron falta de participación en las negociaciones. Tampoco hubo consentimiento previo de las bases. Por lo tanto, rechazaron el acuerdo suscrito por el Gobierno.
El pacto fue firmado entre el Ejecutivo y la COB. También participó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Sin embargo, otras organizaciones se sintieron excluidas del proceso.
El Ejecutivo sostiene que atendió gran parte de las demandas. El diálogo habría resuelto varios puntos del conflicto. Según el Gobierno, los bloqueos actuales responden a intereses políticos.
Las protestas fueron convocadas para exigir la dimisión de Paz. Los manifestantes también rechazan sus políticas neoliberales. Estas movilizaciones comenzaron el 6 de mayo.
La sesión legislativa terminó con un minuto de silencio. El homenaje fue por las más de 20 personas fallecidas. Además, el conflicto lleva 52 días de duración.
El conflicto provocó desabastecimiento de alimentos en varias ciudades. También hubo escasez de combustibles y oxígeno medicinal. Las pérdidas económicas alcanzaron los 3.000 millones de dólares.
En algunos puntos del operativo, vecinos aplaudieron el despeje. Virginia Nieves es vecina y vendedora de Cruce Ventilla. “Estoy muy de acuerdo con que se desbloquee”, declaró.
Nieves expresó alivio por poder trabajar nuevamente. “Por fin ya vamos a poder trabajar, ya en paz”, agregó. Igualmente, manifestó que muchas personas estaban sufriendo por los bloqueos.
“Ya vamos a estar más tranquilos”, dijo la comerciante. Muchas personas querían trabajar y no podían hacerlo. El testimonio refleja el impacto en la población civil.
El Gobierno mantuvo el despliegue de fuerzas de seguridad. La idea es restituir la circulación en todas las rutas. También busca aliviar a la población afectada por las restricciones.
La operación puso el foco en el impacto social. Los bloqueos afectaron el trabajo de miles de personas. Asimismo, restringieron el tránsito y alteraron la vida cotidiana.
Las semanas de restricciones generaron malestar en la población. El comercio se vio severamente afectado por los cortes. En consecuencia, muchas familias enfrentaron dificultades económicas.
El Gobierno defiende que la protesta perdió fuerza. Según el Ejecutivo, el país avanza hacia la normalización. Sin embargo, los bloqueos aún representan un desafío importante.
Las fuerzas de seguridad continúan trabajando en el terreno. El objetivo es reducir los puntos de bloqueo restantes. Además, buscan evitar enfrentamientos con los grupos movilizados.
La crisis boliviana combina elementos sociales, políticos y económicos. Las organizaciones campesinas mantienen sus reclamos históricos. Por otro lado, el Gobierno insiste en el diálogo institucional.
La tensión entre el Ejecutivo y las organizaciones persiste. El vicepresidente Lara mostró públicamente su distancia con la medida. Esta división refleja las fracturas políticas internas del país.
Los próximos días serán cruciales para el desarrollo del conflicto. El ampliado extraordinario del lunes definirá posiciones. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen los operativos.
La situación en Bolivia permanece compleja y delicada. Los actores políticos y sociales buscan posicionarse estratégicamente. Finalmente, la población civil espera una solución que permita la normalización.
