EPM avanza en negociaciones para transferir la operación de Atenea a Honduras. La empresa estatal centroamericana podría hacerse cargo del mercado eléctrico del Cesar. Además, impulsaría un ambicioso proyecto de energía solar en la región.
Las asambleas de accionistas de Afinia y su filial Energía Atenea aprobaron el pasado 9 de enero un proyecto de escisión. Mediante este proceso, Afinia se dividirá sin disolverse. En consecuencia, transferirá parte de su patrimonio a Atenea.
Sin embargo, esta decisión ha tomado un rumbo inesperado en las últimas semanas. Ahora involucra la posible llegada de inversión extranjera estatal. Específicamente, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (Enee) podría entrar en escena.
El Grupo EPM mantiene conversaciones avanzadas con la estatal hondureña. El objetivo es que Enee opere el mercado de Atenea. Este mercado abarca los 25 municipios del departamento del Cesar. Adicionalmente, incluye otros seis municipios del Magdalena que aún están en estudio.
La Enee cuenta con amplia experiencia en el sector energético centroamericano. Su trabajo abarca generación, transmisión y distribución de electricidad. Por tanto, representa un actor con credenciales sólidas para esta operación.
**Proyecto solar de gran envergadura**
La propuesta incluye un componente de energía renovable particularmente significativo. La estatal hondureña busca impulsar la construcción de 800 megavatios de generación solar. Este desarrollo se concentraría en la región Caribe colombiana.
La generación solar constituye una pieza clave para la recuperación de las inversiones. No obstante, existe un aspecto regulatorio pendiente. Se requiere un cambio en las normas sobre integración vertical. Así, la energía generada podría venderse directamente al mercado que atenderá Atenea.
Para materializar este proyecto de energía limpia, se busca la participación del sector privado colombiano. Los inversionistas nacionales tendrían un rol fundamental en el desarrollo solar del Cesar.
**Aprobaciones regulatorias en marcha**
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ya dio pasos importantes. Tanto Afinia como Atenea recibieron la aprobación del plan de remuneración de inversiones. Este plan busca mejorar la infraestructura y la calidad del servicio en el departamento.
Los indicadores actuales del Cesar presentan desafíos considerables. El recaudo oscila entre el 58% y el 60%. Mientras tanto, las pérdidas de energía alcanzan niveles cercanos al 40%. Estos números reflejan la complejidad del mercado en cuestión.
El cronograma contempla que Atenea inicie operaciones formales el próximo 1 de agosto. Para entonces, los inversionistas centroamericanos deberían estar al frente. La tarea inmediata será administrar un mercado con indicadores problemáticos.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, conoce los detalles de la operación proyectada. Tras completarse la transacción, Afinia concentraría sus esfuerzos en otros territorios. Mantendría la operación en Bolívar, Córdoba y Sucre. También conservaría cinco municipios del Magdalena, cuya definición forma parte de las negociaciones actuales.
**El asesor detrás de las conversaciones**
Germán García Valenzuela aparece como figura central en estas negociaciones. El ingeniero manizalita es propietario de la empresa de ingeniería ISES. Previamente, ocupó posiciones directivas en Electricaribe y Epsa. Actualmente, asesora a Afinia en esta operación.
García Valenzuela tiene vínculos directos con el mercado hondureño. Entre enero de 2017 y marzo de 2023, fue gerente general de Empresa Energía Honduras (EEH). Este consorcio privado manejó la distribución eléctrica, facturación y recaudo nacional en Honduras.
En EEH, García Valenzuela reemplazó a Ricardo Roa Barragán. Este último es el actual presidente de Ecopetrol, actualmente en licencia no remunerada. La conexión entre ambos personajes añade capas de complejidad a la historia.
**Antecedentes controvertidos en Honduras**
La operación de EEH en Honduras comenzó hace una década, en 2016. El Grupo Ethus, liderado por William Vélez, ganó una licitación internacional. Vélez, quien falleció en mayo de 2025, mantenía cercanía con Roa Barragán.
No obstante, el contrato enfrentó serios problemas de cumplimiento. En agosto de 2021, el Estado hondureño intervino la operación. Las principales fallas incluían no reducir las pérdidas de energía. También se señaló la falta de inversiones en la red de distribución.
La Superintendencia de Alianzas Público Privadas ordenó la medida de intervención. Esta decisión generó polémica porque EEH continuó cobrando un costo fijo. La intervención se mantuvo hasta el 18 de agosto de 2023. En esa fecha finalizó el contrato del consorcio. Posteriormente, la Enee asumió directamente las operaciones de distribución.
**Inversiones billonarias requeridas**
De concretarse la operación, las inversiones necesarias son monumentales. A lo largo de 10 años, se requerirían aproximadamente $1,2 billones. Estos recursos no solo buscan reducir pérdidas y mejorar el recaudo. También apuntan a mejorar sustancialmente la calidad del servicio.
Los objetivos incluyen disminuir el número de cortes de energía. Asimismo, se busca reducir la frecuencia de las interrupciones. Estos indicadores son críticos para la satisfacción de los usuarios.
En diciembre del año pasado, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entregó un informe relevante. El documento analizó la operación de Afinia entre 2022 y 2025. Reveló datos preocupantes sobre la cartera del departamento.
Con $89.475 millones, el Cesar representaba el 11% de la cartera problemática. Esta cartera se atribuye a factores de orden público externos o internos. El acumulado total alcanzó $832.000 millones para el corte de 2025.
**Impacto de la escisión en las finanzas**
El informe de la Superintendencia destacó dos hechos económicos importantes. El primero es la escisión del mercado del Cesar y once municipios del Magdalena. Esta separación implica el retiro de activos e ingresos operacionales pertenecientes a ese mercado. También incluye su deterioro contable.
El segundo hecho relevante es el pago de la opción tarifaria. Esta medida beneficia a los estratos 1, 2 y 3. Representa un alivio para los usuarios de menores ingresos.
Dada la escisión proyectada, el activo total de Afinia disminuiría en $1,5 billones. Esta reducción equivale al 20% del total. Simultáneamente, la generación de fondos por recuperación de cartera permitiría cancelar créditos con EPM.
La opción tarifaria y los subsidios generarían recursos adicionales. La deuda con el accionista sería reemplazada por deuda con el sector financiero. De esta manera, se mantendría una estructura financiera equilibrada. Esta contempla 50% deuda y 50% patrimonio.
**Desafíos del orden público**
Los factores de orden público representan un obstáculo significativo en el Cesar. Estos problemas afectan tanto el recaudo como las operaciones técnicas. La violencia y los bloqueos impactan la capacidad de mantenimiento de la infraestructura.
Además, la cultura de no pago está arraigada en algunos sectores. Esto complica las proyecciones financieras de cualquier operador. Por tanto, el nuevo administrador enfrentará retos que van más allá de lo técnico.
La experiencia de la Enee en su propio país podría ser valiosa. Honduras también ha enfrentado problemas de pérdidas y recaudo. Sin embargo, el contexto colombiano presenta particularidades propias. La adaptación a estas realidades locales será fundamental.
**Silencio oficial**
Al momento de la publicación, ni EPM ni el ministro Palma emitieron comentarios oficiales. Este silencio es habitual en negociaciones de esta envergadura. Las partes suelen mantener discreción hasta formalizar los acuerdos.
No obstante, las fuentes consultadas confirman que las conversaciones están avanzadas. El nivel de detalle de las negociaciones sugiere seriedad en las intenciones. Además, las aprobaciones regulatorias ya obtenidas indican que el proceso avanza en firme.
La operación representa un cambio significativo en el mapa energético del Caribe colombiano. También marca un precedente de inversión estatal extranjera en servicios públicos colombianos. Hasta ahora, este tipo de operaciones han sido más comunes con inversionistas privados.
La participación de una empresa estatal hondureña podría ofrecer ventajas. Las empresas públicas suelen tener horizontes de inversión más largos. También pueden priorizar objetivos sociales junto a los financieros. Sin embargo, también enfrentan riesgos de ineficiencia y politización.
El proyecto solar de 800 megavatios sería uno de los más grandes del Caribe colombiano. La región cuenta con excelentes condiciones de radiación solar. Por tanto, representa una ubicación ideal para este tipo de desarrollos.
La integración de generación y distribución podría crear sinergias importantes. No obstante, requiere cambios regulatorios que aún están pendientes. La Creg deberá evaluar cuidadosamente estos ajustes normativos.
El desenlace de esta operación se conocerá en los próximos meses. La fecha objetivo del 1 de agosto impone un calendario apretado. Quedan por resolver aspectos contractuales, financieros y regulatorios. También se debe definir la participación exacta de inversionistas privados colombianos en el componente solar.
