La Fiscalía General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia evidencias sobre el caso de interceptaciones ilegales que involucra al exdirector del DAS, Andrés Peñate.
Durante la audiencia, el ente acusador detalló el mecanismo mediante el cual Peñate habría entregado informes de inteligencia ilegal a Bernardo Moreno, entonces secretario del presidente Álvaro Uribe.
Los documentos contenían información obtenida mediante interceptaciones no autorizadas a magistrados, periodistas y políticos, incluyendo al actual presidente Gustavo Petro, quien en ese momento era senador.
La magistrada Blanca Nélida Barreto, quien preside la Sala Especial de Primera Instancia, reconoció formalmente como víctimas a destacadas personalidades del ámbito público colombiano.
Según explicó la Fiscalía, existía un sistema metódico para la entrega de estos informes ilegales. Las reuniones donde se discutía la información eran denominadas “Revista de Documento”.
Los documentos llevaban las iniciales “BM”, en referencia a Bernardo Moreno, y eran transportados en una valija especial hacia la Presidencia. Este sistema contaba con claves que solo conocían el remitente y el destinatario.
Frente a estas acusaciones, Peñate manifestó que ve el juicio como una oportunidad para limpiar su nombre después de casi dos décadas. “Es una gran oportunidad de poder acudir ante la Corte y demostrar cuáles fueron las órdenes que di”, expresó.
El exdirector del DAS argumentó que durante 17 años ha colaborado con nueve fiscales generales diferentes. Además, sostiene que ninguno había encontrado méritos suficientes para avanzar más allá de una investigación preliminar.
La gravedad del caso se intensifica al considerar que entre las víctimas reconocidas se encuentran altos funcionarios del Estado, periodistas y magistrados, evidenciando un presunto esquema de espionaje institucional.
El proceso judicial representa un capítulo crucial en la historia reciente de Colombia, pues expone presuntas prácticas de vigilancia ilegal desde instituciones estatales hacia diferentes sectores de la sociedad.
El caso de las “chuzadas” ha generado profundas repercusiones en el ámbito político colombiano, cuestionando los límites del poder ejecutivo y el uso de organismos de inteligencia estatal.
