El Ministerio de Salud trabaja en una reorganización territorial que transformaría radicalmente el sistema de salud colombiano. Según un documento al que tuvo acceso El Espectador, las estimaciones oficiales revelan cambios profundos en la operación de las EPS.
Nueva EPS se perfila como el actor dominante de esta reconfiguración del mapa sanitario nacional. La entidad se convertiría en la única opción disponible para millones de colombianos en casi la mitad del territorio.
El plan del Ministerio contempla que esta promotora opere de manera exclusiva en 504 municipios. Esta cifra representa el 45% de los municipios del país, una concentración sin precedentes en el sistema.
En estas localidades, aproximadamente 1,8 millones de usuarios deberían cambiar de EPS obligatoriamente. Los afiliados provendrían de promotoras que ya no estarían autorizadas para operar en esos territorios.
Sin embargo, el impacto de la territorialización no se limita a esos 504 municipios. En el resto del país, Nueva EPS también recibiría usuarios de otras entidades que perderían autorización.
El total de nuevos afiliados que llegaría a Nueva EPS alcanzaría los 2,4 millones de personas. Este incremento masivo transformaría completamente las dimensiones de la promotora en cuestión de meses.
Actualmente, Nueva EPS cuenta con 11,6 millones de afiliados en todo el territorio nacional. Con la reorganización propuesta, la cifra llegaría a 14 millones de usuarios bajo su cobertura.
Además, se convertiría en la única EPS autorizada para funcionar en todos los municipios colombianos. Ninguna otra promotora tendría una presencia territorial tan extensa ni remotamente comparable.
No obstante, es fundamental aclarar que estos movimientos aún no están autorizados formalmente. La Superintendencia de Salud debe emitir los actos administrativos correspondientes antes de cualquier traslado.
Estos documentos oficiales actualizarán el ámbito territorial donde cada EPS puede desarrollar sus actividades. La autorización puede aplicar al régimen contributivo, al subsidiado o a ambos simultáneamente.
Mientras tanto, si una EPS aparece como “no autorizada” en el documento del Ministerio, no significa que deje de operar inmediatamente. Los usuarios permanecen afiliados hasta que la Superintendencia formalice los cambios mediante resoluciones específicas.
La reorganización territorial responde a un decreto reciente firmado por el Ministerio de Salud. El objetivo declarado es cambiar la distribución de la operación del sistema sanitario en Colombia.
El decreto busca ordenar la presencia de las promotoras según criterios de cobertura y sostenibilidad. Sin embargo, el protagonismo de Nueva EPS genera preocupaciones por su delicada situación financiera actual.
La promotora atraviesa una crisis económica que se ha profundizado durante los últimos años. El deterioro afecta tanto sus indicadores financieros como la calidad de atención en salud prestada.
Desde 2024, Nueva EPS se encuentra bajo intervención directa del Gobierno nacional. Esta medida extraordinaria busca estabilizar la operación y evitar un colapso que afectaría a millones.
A finales de 2025, la entidad experimentó una recomposición accionaria que modificó su naturaleza jurídica. El Estado colombiano pasó a ser el principal accionista de la promotora de salud.
Esta operación convirtió a Nueva EPS en una empresa mayoritariamente pública, controlada por el Gobierno. El movimiento tuvo como propósito central inyectarle capital necesario para su recuperación financiera.
Sin embargo, persisten dudas sobre la magnitud real de los recursos que la EPS requiere. El problema radica en la ausencia de información financiera certificada y actualizada sobre su situación.
Nueva EPS no cuenta con estados financieros certificados desde 2022, según reveló El Espectador previamente. Esta carencia de transparencia contable dificulta evaluar el tipo de capitalización necesaria para su recuperación.
La falta de certidumbre financiera contrasta con el papel protagónico que el Gobierno le asigna. Convertir en actor dominante a una entidad en crisis genera interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo.
Los 504 municipios donde operaría exclusivamente representan en su mayoría localidades pequeñas y medianas. Estas poblaciones suelen tener menor oferta de servicios de salud y mayor dispersión geográfica.
En muchos casos, se trata de zonas rurales o apartadas donde históricamente ha sido difícil garantizar cobertura. La concentración en una sola EPS podría simplificar la administración pero también elimina opciones.
Para los usuarios afectados, el cambio implica adaptarse a nuevas redes de prestadores de servicios. También significa familiarizarse con diferentes procedimientos administrativos y canales de atención al afiliado.
Las EPS que perderían autorización en diversos municipios deberán trasladar a sus usuarios de manera ordenada. Este proceso requiere coordinación entre entidades para evitar desprotección temporal de los afiliados.
El documento del Ministerio de Salud contiene las estimaciones municipio por municipio en todo el país. Los ciudadanos pueden consultar si su localidad figura entre los 504 con operación exclusiva.
También es posible verificar qué EPS seguirían autorizadas en cada territorio según el régimen de afiliación. Esta información permite a los usuarios anticipar posibles cambios en su aseguramiento sanitario.
La reorganización territorial constituye uno de los cambios más significativos del sistema de salud en años. Su implementación efectiva dependerá de las decisiones que tome la Superintendencia de Salud próximamente.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre cómo una EPS en crisis financiera asumirá millones de usuarios. La capacidad operativa, la red de prestadores y la sostenibilidad económica son desafíos por resolver.
El Ministerio de Salud no ha detallado públicamente los criterios específicos para determinar qué EPS operan. Tampoco ha explicado cómo se garantizará la continuidad y calidad del servicio durante las transiciones.
Las próximas semanas serán decisivas para conocer el cronograma de implementación de estos cambios. También para entender las medidas de contingencia que protegerán a los usuarios durante el proceso.
La territorialización representa una apuesta del Gobierno por reordenar un sistema históricamente fragmentado y desigual. No obstante, su éxito dependerá de la ejecución técnica y de la estabilización de Nueva EPS.
