El gobierno del presidente Gustavo Petro presentó ante el Congreso una nueva reforma tributaria. La iniciativa fue radicada el 20 de julio para inaugurar la nueva legislatura. Germán Ávila, ministro de Hacienda, había anticipado esta medida.
El proyecto no es una ley de financiamiento. Por tanto, no va amarrada al Presupuesto General. Esta diferenciación resulta importante para su trámite legislativo. El Presupuesto debe entrar al Congreso antes de finales de julio.
La iniciativa busca “reducir el gasto tributario y equilibrar las finanzas públicas”. Además, enfatiza materias ambientales y de salud pública. El gobierno espera recaudar COP 21,9 billones en 2027.
**Recorte a exenciones parafiscales**
La principal fuente de recursos vendría de recortar una exención existente. Desde 2012, las empresas están exoneradas de aportes parafiscales. Estos aportes corresponden a salud, SENA e ICBF. La exención aplica para trabajadores que ganen menos de diez salarios mínimos.
El gobierno propone bajar ese umbral a tres salarios mínimos. Esta medida generaría cerca de COP 8,5 billones. Según el Ministerio de Hacienda, el 86,9 % de los asalariados gana menos de tres salarios. Por consiguiente, la exención seguiría vigente para la mayoría.
El gobierno argumenta que el beneficio ya no incentiva la formalización laboral. Especialmente cuando se trata de trabajadores de ingresos medios y altos. Mantener la exención resulta “fiscalmente costoso y socialmente regresivo”. Los sectores más afectados serían comunicaciones, actividades financieras y profesionales.
**Aumento del IVA a combustibles**
El IVA a los combustibles fósiles es la segunda palanca del proyecto. Actualmente, la gasolina y el ACPM pagan un IVA del 5 %. Este gravamen se aplica sobre el ingreso al productor.
La reforma propone subir ese gravamen al 10 % desde enero de 2027. Posteriormente, llegaría a la tarifa general del 19 % desde enero de 2028. Con ello, el gobierno espera recaudar COP 3,6 billones el primer año. En 2028, el recaudo alcanzaría COP 7,58 billones.
El documento justifica la medida con una comparación regional. Al 13 de julio de 2026, los precios de la gasolina en Colombia estaban 7,2 % por debajo del promedio latinoamericano. Los del ACPM estaban 28,4 % por debajo.
“El costo de los combustibles fósiles no refleja verdaderamente los costos sociales asociados a su uso”, dijo el gobierno. Estos costos incluyen contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero y problemas de salud pública.
El gobierno reconoce que el ACPM es un insumo clave. Este combustible es esencial para el transporte de carga y el agro. Un alza brusca en sus precios podría afectar la actividad productiva. Sin embargo, los aumentos en IVA al productor rara vez se reflejan totalmente en el precio final.
El efecto inflacionario estimado sobre el ACPM sería hasta de 0,34 puntos porcentuales directos. Este impacto se mediría sobre el IPC de 2027.
**Ampliación del impuesto al patrimonio**
El gobierno pretende ampliar el impuesto al patrimonio creado en 2022. Hoy lo pagan quienes tienen un patrimonio neto superior a 72.000 UVT. Esta cifra equivale a unos COP 3.771 millones de pesos.
La propuesta baja ese umbral a 40.000 UVT. Es decir, COP 2.095 millones. Con esa medida, el número de contribuyentes pasaría de 32.397 a 105.332 personas. Esto representa el 1,7 % de los declarantes de renta.
El gobierno justifica esta medida señalando que el 1 % más rico posee más del 40 % de la riqueza total. Además, el efecto redistributivo de los impuestos actuales ha sido limitado.
Quienes tengan patrimonios superiores a dos millones de UVT enfrentarían una tarifa marginal del 5 %. Esta cifra equivale a unos COP 104,7 billones. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, esto solo alcanzaría a 66 personas en todo el país.
**Ajustes en el impuesto de renta**
En lo que respecta a impuesto de renta de personas naturales, la tarifa máxima subiría del 39 % al 41 %. Esta tarifa aplicaría para quienes tengan ingresos anuales superiores a 31.000 UVT. La cifra equivale a unos COP 1.624 millones de pesos al año. Esto representa cerca de COP 135 millones mensuales.
Los tramos intermedios también se mueven. Desde los 1.700 UVT anuales, las tarifas suben entre uno y dos puntos porcentuales. El gobierno estima que esta medida generaría cerca de 1 billón de pesos adicionales en 2028.
**Impuestos a alcohol, tabaco y vapeadores**
El gobierno agrupa un conjunto de medidas tributarias bajo el argumento de las “externalidades negativas”. Estos son costos que el consumidor no paga directamente. Sin embargo, el sistema de salud termina asumiéndolos.
El primero es el IVA a los licores. Hoy estos productos pagan un 5 %. La propuesta los lleva al 19 %, igual que cualquier otro bien gravado a tarifa general. Según estimaciones de la DIAN y el Banco Mundial, eso generaría COP 726.000 millones en 2027. De paso, evitaría cerca de 1.400 muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol.
El tabaco recibe el impuesto más fuerte. El impuesto específico por cajetilla de 20 cigarrillos subiría de COP 4.068 a COP 11.200. El gobierno estima que eso se traduciría en un aumento del 57,7 % en el precio final.
Los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que hoy no pagan este tributo, quedarían gravados. El impuesto sería de COP 2.000 por mililitro de líquido. Esta es la unidad en que se comercializa su contenido.
Con estas medidas, el documento proyecta una caída del 40,4 % en el consumo de cigarrillos. El consumo de vapeadores caería 49,9 %. El recaudo combinado llegaría a COP 1 billón en 2027.
**Cargas adicionales para empresas**
En la reforma tributaria con la cual se despide el gobierno Petro, el sector financiero tendría una carga adicional permanente. La reforma de 2022 ya les había impuesto una sobretasa de cinco puntos porcentuales. Esta sobretasa se aplicaba sobre la tarifa general de renta. No obstante, tenía fecha de vencimiento en 2027.
El proyecto de reforma tributaria propone subirla a 15 puntos. Además, busca volverla indefinida. La justificación del gobierno es que, pese a esa sobretasa que rige desde 2022, el sector financiero “continúa ocupando una posición relativamente favorable”. Esto es en términos de carga efectiva frente a otros sectores. Hace falta “un aporte más balanceado”. El recaudo estimado de esta medida sería de COP 1,3 billones en 2027.
Para el sector minero-energético hay dos medidas. La primera es equiparar la sobretasa del carbón con la del petróleo. Hoy operan con metodologías distintas pese a que ambas industrias tienen características económicas similares.
La segunda es un impuesto especial del 1 % sobre el valor de las exportaciones. También aplicaría sobre la primera venta de petróleo crudo y carbón. Este impuesto aplicaría solo a los productores grandes. Son aquellos con renta líquida igual o superior a 50.000 UVT. La cifra equivale a unos COP 2.619 millones de pesos. Ese tributo generaría COP 869.000 millones en el recaudo de 2027.
Las plataformas digitales extranjeras también tendrían que poner más impuestos. La tarifa que hoy pagan sobre sus ingresos en Colombia pasaría del 3 % al 5 %. Este mecanismo fue creado en 2022 para gravar a empresas que operan en el mercado colombiano. Específicamente, aquellas sin tener sede física en el país. Esta medida generaría COP 232.000 millones adicionales al año.
**La crisis fiscal que motiva la reforma**
Para este punto de la historia se da por descontado que el país debe entrar en la discusión. Se trata de qué hacer con sus ingresos y sus gastos. La razón es la aguda situación de las cuentas nacionales.
Colombia lleva un par de años navegando los peores déficits fiscales de su historia reciente. La excepción son los años covid-19. La crudeza del indicador ha venido acompañada de caídas en recaudo tributario. También de presupuestos desfinanciados y recortes presupuestales.
Bajo los análisis del Ministerio de Hacienda, el país cerraría 2026 con un déficit fiscal de 5,3 % del PIB. Esta proyección es mayor a la del Plan Financiero. A principios de año, este plan estimaba esta variable en 5,1 % del PIB.
Para 2027, el déficit debería corregirse hasta 4,9 % del PIB. En 2028 debería disminuir a 3,6 %. Hacia el largo plazo, 2037, debería tocar un mínimo de 2,7 % del PIB.
Sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ve un escenario inmediato bastante más dramático. El déficit fiscal podría llegar a 7,4 % del PIB. La deuda neta llegaría a 61 % del PIB este año. Este sería el registro más alto en la historia nacional. El CARF ha calificado todo el escenario como “claramente insostenible”.
Parte de la estrategia para enderezar el curso pasa, justamente, por este proyecto de ley.
En la carta que acompaña el proyecto, radicada el 20 de julio ante la Cámara de Representantes, el ministro de Hacienda describe una situación fiscal excepcional. “Colombia enfrenta una coyuntura fiscal excepcional, marcada por un desequilibrio estructural de las finanzas públicas que compromete la estabilidad macroeconómica”, dice el documento.
El origen del problema, según el gobierno Petro, es que el gasto crece más rápido que los ingresos. Además, recortarlo no es sencillo. Más del 90 % del Presupuesto General de la Nación es inflexible.
“El desbalance actual no responde a un hecho sobreviniente, sino a la rigidez del gasto sin un financiamiento asegurado, generando un desequilibrio acumulativo que trasciende el periodo de Gobierno”, asevera el Ministerio de Hacienda en la carta. Es una presión que, en otras palabras, el próximo gobierno también deberá enfrentar.
