Juan Sebastián Becerra dirige OnFarma, una empresa dedicada al suministro de medicamentos de alto costo. Además, enfrenta una situación que califica de impotente y frustrante. Asmet Salud mantiene con su compañía una deuda cercana a los $4.000 millones. Sin embargo, el pago de esas facturas pendientes habría estado condicionado a una exigencia irregular.
Según denunció el empresario, desde la dirección de la entidad de salud le habrían solicitado una coima equivalente al 16% del valor total adeudado. De esta manera, el desembolso solo se concretaría tras entregar esa comisión. Por lo tanto, Becerra decidió llevar el caso ante las autoridades judiciales.
El gerente aseguró que presentó las pruebas correspondientes ante la Fiscalía. Asimismo, señaló como responsable del ofrecimiento a Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres. Esta mujer se desempeñaba como exasesora y Business Partner del exinterventor Laín López Martínez. Consecuentemente, los señalamientos apuntan directamente al equipo que manejaba la intervención de Asmet Salud.
En entrevista con 6AM W y la Unidad Investigativa de Caracol Radio, Becerra relató cómo ocurrieron los hechos. El acercamiento inicial se produjo en febrero de este año. Previamente, había sostenido un encuentro en Pereira con integrantes del equipo del entonces interventor. Posteriormente, recibió una llamada telefónica donde le plantearon las condiciones para acceder al dinero.
“Nosotros tuvimos una reunión en Pereira, y posteriormente a la reunión a mí me hicieron una llamada donde me hicieron el ofrecimiento”, relató el empresario. Efectivamente, ese contacto se produjo durante los cambios de interventores dentro de la entidad. En ese momento llegó el equipo encabezado por Laín López Martínez. Por consiguiente, las conversaciones sobre el pago comenzaron en ese contexto de transición administrativa.
La obligación pendiente ascendía a cerca de $4.000 millones, según explicó Becerra. Además, el pago estaría condicionado a entregar una comisión del 16%. En su testimonio aseguró que la propuesta fue transmitida por Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres. Esta funcionaria hacía parte del equipo directivo de la intervención. Por lo tanto, la supuesta exigencia provendría de alguien con capacidad de decisión dentro de la estructura.
Frente a los señalamientos, Alexandra Camargo respondió a Caracol Radio negando los hechos. Ella afirmó que nunca realizó un ofrecimiento ilegal al gerente de OnFarma. No obstante, Becerra sostuvo que las evidencias ya fueron entregadas a las autoridades judiciales. Consecuentemente, será la investigación la que determine las responsabilidades correspondientes.
El empresario afirmó que la denuncia fue radicada ante la Fiscalía el 10 de febrero. Además, sostuvo que el expediente incluye las pruebas que respaldan sus afirmaciones. “La denuncia está en la fiscalía desde el 10 de febrero. Las pruebas están, pues yo las entregué”, manifestó durante la entrevista. De esta manera, el caso quedó formalmente en manos de la justicia.
Paralelamente a la denuncia del presunto cobro de coima, Becerra cuestionó otro movimiento financiero. Específicamente, señaló un desembolso por $2.500 millones realizado el 17 de febrero por la Adres. Este giro ocurrió luego de una solicitud presentada por Asmet Salud. Sin embargo, el empresario explicó que ese desembolso se produjo después de hacer creer a los interesados que accedería a entregar el dinero solicitado.
Según explicó el gerente de OnFarma, inicialmente solo existían $1.500 millones de cartera lista para pago. No obstante, posteriormente fueron aprobados otros $1.000 millones hasta completar el desembolso. “Desde la EPS se aprobaron 1.000 millones más. La firma auditora también le dio el visto bueno”, afirmó durante la entrevista. Por lo tanto, el monto final aprobado superó lo inicialmente previsto.
El presunto esquema irregular no estaría limitado únicamente al pago de obligaciones pendientes. Además, Becerra denunció que durante los acercamientos le propusieron inflar los costos de contratos relacionados con medicamentos. De esta manera, se obtendrían recursos adicionales mediante sobrecostos en las notas técnicas de contratación. Consecuentemente, el mecanismo irregular tendría múltiples facetas.
Sobre ese mecanismo de sobrecostos, el empresario aseguró lo siguiente: “Lo que hacen es sobrecostear, fue esta misma persona la que me ofreció, sobrecostear la nota técnica y las diferencias ya les correspondían a ellos. La idea era de allí sacar ese 16%”. Por lo tanto, la práctica de inflar costos coexistiría con el presunto cobro para liberar cartera. Asimismo, ambos mecanismos estarían diseñados para generar recursos irregulares.
Las demoras en los pagos han afectado seriamente la operación de OnFarma. Igualmente, las presuntas exigencias económicas han generado un impacto negativo en la empresa. Becerra expresó su sentimiento de impotencia frente a la situación. “Uno siente mucha impotencia… Ha arriesgado mi patrimonio, el patrimonio del negocio, el patrimonio mío de mis socios”, concluyó el empresario.
OnFarma se dedica al suministro de medicamentos de alto costo. Por lo tanto, las demoras en los pagos comprometen su capacidad operativa. Además, la empresa depende del flujo regular de recursos para mantener su funcionamiento. Consecuentemente, una deuda de $4.000 millones representa un impacto significativo en sus finanzas.
El caso involucra a Asmet Salud, una entidad que ha estado bajo intervención. Durante ese proceso, diferentes equipos directivos han asumido la administración. Precisamente, los hechos denunciados ocurrieron durante uno de esos cambios de interventores. Por lo tanto, el contexto de la intervención resulta relevante para entender la situación.
La Adres, como entidad encargada de administrar recursos del sistema de salud, realizó el desembolso cuestionado. Este giro por $2.500 millones ocurrió el 17 de febrero. Además, se produjo luego de una solicitud presentada por Asmet Salud. Sin embargo, las circunstancias en que se aprobó ese desembolso generan interrogantes según la denuncia de Becerra.
Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres ocupaba el cargo de Business Partner del exinterventor. Por lo tanto, tenía una posición de confianza dentro del equipo directivo. Además, su rol implicaba participación en decisiones administrativas y financieras. Consecuentemente, los señalamientos en su contra adquieren mayor relevancia por su posición.
Laín López Martínez ejercía como interventor de Asmet Salud durante el período señalado. Su equipo incluía a Alexandra Camargo como asesora cercana. No obstante, no hay señalamientos directos contra el exinterventor en la denuncia presentada. Sin embargo, los hechos ocurrieron bajo su administración.
La denuncia fue radicada el 10 de febrero ante la Fiscalía. Desde entonces, el expediente se encuentra en manos de las autoridades judiciales. Además, incluye las pruebas que Becerra entregó para respaldar sus afirmaciones. Por lo tanto, corresponderá a la investigación determinar la veracidad de los hechos denunciados.
El empresario relató que el acercamiento inicial ocurrió después del encuentro en Pereira. Posteriormente, recibió la llamada telefónica donde le plantearon las condiciones. De esta manera, las conversaciones sobre el pago evolucionaron hacia el presunto ofrecimiento irregular. Consecuentemente, Becerra decidió documentar los hechos y acudir a las autoridades.
El presunto cobro del 16% sobre una deuda de $4.000 millones representaría aproximadamente $640 millones. Esta suma constituiría la comisión exigida para gestionar el pago. Por lo tanto, el monto de la supuesta coima resulta significativo. Además, afectaría directamente los recursos destinados al sistema de salud.
Los medicamentos de alto costo representan un componente importante del gasto en salud. OnFarma se especializa precisamente en ese segmento del mercado. Por lo tanto, su operación resulta relevante para la atención de pacientes con enfermedades complejas. Consecuentemente, las demoras en pagos a este tipo de proveedores pueden afectar la disponibilidad de tratamientos.
La firma auditora mencionada por Becerra habría dado visto bueno al desembolso final. Este aval habría permitido la aprobación de los $1.000 millones adicionales. Sin embargo, el empresario cuestiona las circunstancias en que se produjo esa aprobación. Por lo tanto, el rol de la auditoría también forma parte de los elementos cuestionados.
El mecanismo de sobrecostos en notas técnicas implicaría inflar los precios de medicamentos. Posteriormente, la diferencia entre el costo real y el sobrecosto sería apropiada irregularmente. De esta manera, se generarían recursos adicionales más allá de la comisión del 16%. Consecuentemente, el esquema denunciado tendría múltiples componentes de presunta corrupción.
Becerra enfatizó que las pruebas entregadas a la Fiscalía respaldan sus afirmaciones. Además, expresó confianza en que la investigación esclarecerá los hechos. No obstante, también manifestó su frustración por la situación enfrentada. “Uno siente mucha impotencia”, reiteró durante la entrevista.
El patrimonio del negocio y de los socios ha quedado comprometido según el empresario. Las demoras en los pagos han generado presión financiera sobre OnFarma. Además, la incertidumbre sobre el cobro de la deuda afecta la planificación empresarial. Por lo tanto, el impacto trasciende lo meramente económico.
La intervención de Asmet Salud buscaba precisamente ordenar la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los hechos denunciados sugieren irregularidades durante ese proceso. Por lo tanto, surgen interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control. Además, se cuestiona la transparencia en la gestión de recursos públicos.
El sistema de salud colombiano enfrenta múltiples desafíos financieros y operativos. Las EPS han experimentado dificultades para mantener su sostenibilidad. Además, los proveedores enfrentan demoras recurrentes en los pagos. Consecuentemente, casos como el denunciado por Becerra agravan la crisis del sector.
Los cambios de interventores en entidades como Asmet Salud generan períodos de transición. Durante esos momentos, pueden producirse vacíos en los controles. Además, los nuevos equipos deben familiarizarse con la operación. Por lo tanto, esos contextos pueden facilitar irregularidades si no existen mecanismos robustos de supervisión.
La denuncia pública realizada por Becerra en medios de comunicación complementa la radicada ante la Fiscalía. De esta manera, el caso adquiere visibilidad pública. Además, genera presión para que las autoridades investiguen con diligencia. Consecuentemente, la transparencia en el proceso resulta fundamental.
Alexandra Camargo negó categóricamente los señalamientos en su contra. Su versión contrasta con lo afirmado por el empresario. Por lo tanto, existen versiones contradictorias sobre los hechos. Consecuentemente, la investigación deberá establecer cuál de las versiones se ajusta a la realidad.
El encuentro en Pereira constituye el punto de partida de los hechos denunciados. En esa reunión participaron integrantes del equipo del interventor. Posteriormente, se produjeron las comunicaciones donde supuestamente se planteó el cobro irregular. De esta manera, existe una secuencia temporal clara en los acontecimientos relatados.
Los $1.500 millones iniciales de cartera lista para pago representaban una parte de la deuda. Posteriormente, se aprobaron $1.000 millones adicionales hasta completar $2.500 millones. Sin embargo, la deuda total ascendía a cerca de $4.000 millones. Por lo tanto, aún quedaría un saldo pendiente por desembolsar.
El 17 de febrero marca la fecha del desembolso cuestionado por parte de la Adres. Esta fecha es posterior al 10 de febrero cuando se radicó la denuncia. Por lo tanto, el giro se produjo cuando ya existía una denuncia formal. Consecuentemente, las circunstancias de ese desembolso adquieren mayor relevancia.
Las notas técnicas de contratación establecen las especificaciones y costos de los medicamentos. Sobrecostear estos documentos implicaría inflar artificialmente los precios. Además, requeriría complicidad de quienes elaboran y aprueban esas notas. Por lo tanto, el mecanismo denunciado sugiere una estructura organizada de irregularidades.
El empresario manifestó que inicialmente consideró la posibilidad de acceder a la exigencia. Incluso hizo creer a los interesados que entregaría el dinero solicitado. Sin embargo, finalmente decidió denunciar los hechos ante las autoridades. De esta manera, optó por el camino legal en lugar de ceder ante la presión.
La impotencia expresada por Becerra refleja la situación de muchos proveedores del sistema de salud. Las demoras en pagos son frecuentes en el sector. Además, las empresas enfrentan presiones financieras significativas. Consecuentemente, algunos podrían verse tentados a aceptar condiciones irregulares para acceder a sus recursos.
OnFarma no es la única empresa con cartera pendiente en Asmet Salud. La entidad mantiene deudas con múltiples proveedores. Además, la situación financiera de la EPS ha sido compleja. Por lo tanto, el caso denunciado podría no ser un hecho aislado.
La Fiscalía deberá analizar las pruebas entregadas por el empresario. Además, deberá recabar testimonios de las partes involucradas. También podrá solicitar información a la Adres y a Asmet Salud. Consecuentemente, la investigación requerirá un análisis exhaustivo de documentos y comunicaciones.
El impacto en los socios de OnFarma también fue mencionado por Becerra. La situación ha comprometido no solo su patrimonio personal sino también el de sus asociados. Además, genera incertidumbre sobre la viabilidad del negocio. Por lo tanto, las consecuencias trascienden lo individual.
Los medicamentos de alto costo atienden patologías complejas que requieren tratamientos especializados. Por lo tanto, garantizar su disponibilidad resulta crucial para los pacientes. Además, las demoras en pagos a proveedores pueden afectar el suministro. Consecuentemente, la situación tiene implicaciones directas en la atención en salud.
