La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales comenzó este martes la socialización de la Ley 2586 de 2026. Esta norma establece un nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero para el país. Además, redefine las reglas para importadores y exportadores del comercio exterior colombiano.
El propósito principal es facilitar la implementación de la norma. Por ello, la entidad incorpora mayores herramientas de fiscalización en sus procedimientos. Asimismo, introduce nuevas medidas para combatir el contrabando de manera más efectiva. Sin embargo, también trae beneficios como la corrección voluntaria de declaraciones. Igualmente, contempla la exención de algunas multas por infracciones consideradas leves.
El inicio de las jornadas de capacitación reunió en Bogotá a cerca de 1.500 participantes. Entre ellos había asistentes presenciales y virtuales de diversos sectores. Participaron empresarios, representantes gremiales y agencias de aduanas del país. También acudieron importadores, exportadores y profesionales especializados en el sector comercial.
Según la entidad, estos encuentros continuarán en diferentes ciudades del territorio nacional. De esta manera, se busca promover una comprensión compartida de la nueva legislación. También se pretende explicar los cambios que introduce en las operaciones comerciales.
Para el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, la adopción del nuevo régimen constituye un avance importante. El funcionario señaló que “garantiza la continuidad de las herramientas jurídicas necesarias para proteger la legalidad y transparencia en las operaciones de comercio exterior”.
Uno de los principales cambios de la Ley 2586 es el fortalecimiento de las facultades de fiscalización. La norma establece que la autoridad aduanera podrá desarrollar investigaciones más profundas. Además, tendrá capacidad para imponer sanciones según la gravedad de las infracciones. También podrá ordenar el decomiso de mercancías para verificar el cumplimiento de obligaciones.
La entidad realizará auditorías posteriores al despacho de las mercancías. Igualmente, efectuará inspecciones contables y diferentes actuaciones de control. Estas medidas se aplicarán sobre las operaciones de comercio exterior que considere necesarias.
La ley contempla nuevas medidas cautelares que amplían las facultades de la autoridad. Estas permiten, entre otras actuaciones, la retención temporal de mercancías. Dicha retención se aplicará mientras la autoridad verifica el cumplimiento de determinados requisitos. De esta forma, se busca garantizar la legalidad de las operaciones comerciales.
Uno de los aspectos que cobra mayor relevancia es la revisión de capacidad económica. La autoridad podrá examinar la situación financiera de importadores y exportadores. También verificará el origen legal de los recursos utilizados para desarrollar la operación. Si estos elementos no logran acreditarse, la autoridad podrá proceder con el decomiso.
Dentro de esta reforma, la Dian reforzará el control sobre operaciones sin respaldo económico. También vigilará el uso de proveedores ficticios en las transacciones comerciales. Asimismo, combatirá la simulación de operaciones comerciales y el suministro de información falsa. La entidad considera que estas conductas afectan la transparencia del sistema aduanero.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la lucha contra el contrabando. Igualmente, buscan prevenir el lavado de activos a través del comercio exterior.
Aunque la nueva legislación incluye un control más riguroso, también introduce mecanismos favorables. Estos favorecen el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras por parte de los usuarios. Entre ellos aparece el principio de favorabilidad aplicable a los procedimientos sancionatorios.
Mediante este principio, si antes de que una sanción quede en firme entra en vigor una disposición más favorable, la autoridad deberá aplicarla de oficio. De esta manera, se protegen los derechos del usuario aduanero.
La norma incorpora la gestión persuasiva como herramienta de cumplimiento. Esta faculta a la Dian para invitar a corregir voluntariamente una declaración. La invitación se realiza cuando existan indicios de inconsistencias o de una infracción sancionable. Si el interesado acepta la invitación, presenta la declaración correspondiente y realiza los pagos, las diligencias administrativas podrán cerrarse.
En estos casos, no será necesario avanzar hacia un procedimiento sancionatorio formal. Esto representa un ahorro de tiempo y recursos para ambas partes.
Otro de los cambios importantes consiste en el tratamiento de las infracciones leves. La ley establece que quien incurra por primera vez en este tipo de infracción no será sancionado. También aplica para quienes no hayan cometido una conducta similar durante los últimos tres años. La condición es que el infractor corrija la situación de manera oportuna.
En ese caso únicamente quedará el registro correspondiente en el sistema de infractores. Este registro se mantiene para efectos del seguimiento previsto en la normativa vigente.
La Ley 2586 clasifica las infracciones aduaneras en tres categorías: leves, graves y gravísimas. Además, prevé sanciones que van desde amonestaciones escritas hasta multas económicas. También contempla suspensiones o cancelaciones de autorizaciones, dependiendo de la gravedad de la conducta.
La normativa endurece las consecuencias para actuaciones como la simulación de operaciones. También para el uso de proveedores ficticios y otras prácticas que vulneren la normativa. Estas medidas buscan desincentivar las conductas irregulares en el comercio exterior.
La nueva legislación crea un Comité de Revisión de Aprehensiones. Los usuarios podrán acudir a este comité para solicitar el análisis de una actuación. Esta solicitud se puede presentar antes de que continúe el proceso de decomiso. Esta instancia emitirá recomendaciones técnicas que servirán de apoyo para las decisiones.
Las recomendaciones se utilizarán dentro del procedimiento correspondiente por parte de la autoridad aduanera.
Durante la apertura de las jornadas de socialización, el director de Gestión de Fiscalización habló. Luis Adelmo Plaza Guamanga explicó que los encuentros permitirán presentar los principales aspectos. Estos incluyen los cambios en fiscalización aduanera y el principio de favorabilidad. También se abordarán la corrección voluntaria, las medidas cautelares y las causales de aprehensión.
Igualmente, se explicará el régimen sancionatorio aplicable a los diferentes operadores del comercio. De esta forma, se busca que todos los actores conozcan sus derechos y obligaciones.
Según la entidad, la implementación de la Ley 2586 busca ejercer un control aduanero más sólido. También pretende fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los usuarios. Además, ofrece un marco jurídico más previsible para el comercio exterior colombiano.
Las jornadas de capacitación continuarán recorriendo diferentes ciudades del país durante las próximas semanas. La Dian espera que estos espacios permitan resolver dudas y aclarar aspectos específicos. De esta manera, se facilitará la transición hacia el nuevo régimen sancionatorio.
Los gremios empresariales han manifestado su interés en comprender los alcances de la reforma. Particularmente, les preocupa cómo afectará sus operaciones diarias de importación y exportación. Por ello, han solicitado claridad sobre los procedimientos de corrección voluntaria.
Las agencias de aduanas, por su parte, han expresado la necesidad de capacitación constante. Estas empresas actúan como intermediarias entre los comerciantes y la autoridad aduanera. Por tanto, deben conocer a fondo los nuevos requisitos y procedimientos establecidos.
Los exportadores colombianos enfrentan actualmente múltiples desafíos en los mercados internacionales. Entre ellos se encuentran la volatilidad del dólar y los altos costos de fletes. Además, deben lidiar con las barreras arancelarias impuestas por otros países. En este contexto, la nueva regulación representa un reto adicional para sus operaciones.
Sin embargo, la Dian ha enfatizado que el nuevo régimen también trae oportunidades. Los operadores que cumplan con las normas podrán beneficiarse de procedimientos más ágiles. Además, tendrán la posibilidad de corregir errores sin enfrentar sanciones económicas severas.
La entidad ha señalado que el objetivo no es recaudar más dinero por multas. Por el contrario, busca promover una cultura de cumplimiento voluntario entre los actores. De esta forma, se fortalecerá la transparencia y legalidad del comercio exterior colombiano.
El nuevo marco legal también contempla mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado. Esto incluye trabajar conjuntamente con autoridades de control financiero y policiales. El propósito es combatir de manera más efectiva el lavado de activos y el contrabando.
La implementación de la Ley 2586 representa un cambio significativo en la forma como se regula el comercio exterior en Colombia. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se adaptan los diferentes actores. También será importante evaluar si las medidas logran los objetivos propuestos por la autoridad.
La socialización de la norma continuará durante los próximos meses en todo el territorio nacional. La Dian ha habilitado canales de comunicación para atender consultas y brindar orientación. Estos recursos estarán disponibles tanto de forma presencial como virtual para facilitar el acceso.
Los importadores y exportadores deberán revisar sus procedimientos internos para ajustarse a las nuevas exigencias. También será necesario capacitar a su personal sobre los cambios introducidos por la ley. De esta manera, podrán aprovechar los beneficios y evitar las sanciones contempladas.
