A siete semanas de la primera vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo envió un mensaje contundente. Los candidatos que aspiran a la Casa de Nariño enfrentan decisiones urgentes. Estas no pueden posponerse sin riesgo grave para los derechos humanos.
La entidad presentó este lunes un documento estratégico. Identifica cuatro frentes críticos que exigen atención inmediata. Entre ellos figuran desigualdad, paz y seguridad, ambiente y transformación rural.
“Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos”, afirma la Defensoría. El texto funciona como hoja de ruta. Busca incidir directamente en el debate electoral. También pretende marcar las prioridades del próximo gobierno.
El contexto nacional justifica la urgencia de estas peticiones. La violencia persiste en múltiples regiones del país. Las brechas sociales continúan ampliándose. La debilidad institucional caracteriza vastos territorios colombianos.
Entre los catorce aspirantes que competirán el 31 de mayo destacan nombres conocidos. Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López conforman parte de la lista.
**La desigualdad como obstáculo histórico**
El primer eje aborda el núcleo del problema colombiano. “La desigualdad persiste como uno de los principales obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos en Colombia y para la construcción de una paz estable y duradera”, dice la Defensoría.
Los avances recientes no han logrado cerrar las brechas estructurales. Por el contrario, estas continúan afectando grupos específicos de manera desproporcionada. Las comunidades rurales sufren exclusión sistemática. Los pueblos étnicos enfrentan discriminación histórica.
Las mujeres cargan con desventajas económicas persistentes. Los jóvenes encuentran barreras para su desarrollo pleno. Las personas mayores carecen de protección adecuada. Las personas con discapacidad experimentan exclusión en múltiples ámbitos.
El informe señala que “la pobreza, la informalidad laboral y la exclusión en el acceso a derechos básicos continúa afectando de manera desproporcionada” a estos grupos. Además, destaca un factor adicional que agrava la situación de las mujeres.
La organización social del cuidado genera inequidades profundas. Esta estructura “limita la autonomía económica de las mujeres”. Por ello, la Defensoría exige implementar el Sistema Nacional del Cuidado como prioridad absoluta.
Este sistema “debe constituirse en una prioridad, para garantizar su financiación, gobernanza territorial y enfoque corresponsable, de manera que el cuidado sea reconocido como un derecho que se ejerce en condiciones dignas y no como una carga asignada de forma desproporcionada a las mujeres”.
La entidad propone una intervención estructural de largo alcance. Esta no debe limitarse a indicadores económicos superficiales. Debe garantizar derechos sociales de manera efectiva. También debe enfrentar la discriminación en todas sus formas.
En ese sentido, el documento identifica la salud como área crítica. El próximo gobierno debe “abordar de manera prioritaria la necesidad de una reforma integral al sistema de salud, orientada a garantizar su sostenibilidad, equidad y transparencia, con reglas claras de financiación, gobernanza territorial y protección social para el talento humano en salud”.
Este señalamiento cobra especial relevancia en el contexto actual. El gobierno presente ha enfrentado dificultades significativas para garantizar el servicio de salud. Las reformas implementadas en algunas Entidades Prestadoras de Salud han generado complicaciones.
**Educación y trabajo digno**
La Defensoría también pone el foco en el acceso educativo. Pide garantizar transporte escolar en zonas rurales y apartadas. Además, solicita “programas para asegurar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo”.
Esta medida tiene un objetivo adicional de protección. Busca prevenir el reclutamiento forzado de menores por grupos armados. Asimismo, el documento exige fortalecer el Programa de Alimentación Escolar como herramienta de permanencia.
En el plano laboral, la situación presenta desafíos igualmente graves. El documento afirma que persisten obstáculos para ejercer la libertad sindical. Las amenazas y hostigamientos continúan siendo frecuentes contra líderes sindicales.
A esto se suman “altos niveles de informalidad, tercerización y uso extensivo de figuras contractuales precarias”. Esta realidad laboral precariza la vida de millones de colombianos. Impide el ejercicio pleno de derechos fundamentales.
La Defensoría también aborda el acoso y las violencias de género. “Se deben incorporar compromisos orientados a la garantía de entornos laborales seguros, de conformidad con la Ley 2365 de 2024, que promuevan la adopción y actualización de protocolos contra el acoso sexual y las violencias basadas en género en todas las entidades privadas y del Estado, con rutas claras que incluyan a contratistas y personal tercerizado, y evitar la instrumentalización de los comités de convivencia en casos de conductas no conciliables”, dice el documento.
Otros temas complementan este primer eje de exigencias. El acceso a nuevas tecnologías requiere democratizarse. Las prácticas que perpetúan el racismo deben erradicarse. Las brechas en representación femenina en cargos decisorios necesitan cerrarse.
Incluso las condiciones de personas privadas de libertad merecen mejoras urgentes. La Defensoría plantea así una agenda integral contra la desigualdad.
**Violencia armada y crisis humanitaria**
El segundo eje se centra en la persistencia del conflicto armado. También aborda la criminalidad organizada que azota regiones enteras. Esto ocurre a pesar del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
El informe advierte que las dinámicas de violencia continúan activas. En muchos casos, estas se han reconfigurado con nuevas características. Las estructuras armadas actuales son “de carácter creciente, transnacional y altamente organizado”.
Estas organizaciones tienen incidencia directa en la protección de la población civil. Además, el documento señala consecuencias graves de los retrasos en implementación. “Los retrasos estructurales en la implementación de las políticas de paz siguen impactando de manera profunda y diferenciada a amplios sectores de la población y a extensos territorios del país”.
En terreno, esta situación genera crisis humanitarias persistentes. Las cifras recientes evidencian desplazamientos masivos de comunidades enteras. Los confinamientos se repiten en diversas zonas del país. Múltiples violaciones a derechos humanos ocurren cotidianamente.
Comunidades enteras quedan atrapadas en disputas armadas entre diferentes actores. Este escenario genera sufrimiento humano inconmensurable. También perpetúa ciclos de violencia difíciles de romper.
La Defensoría identifica un punto crítico en este panorama. La falta de recursos amenaza la arquitectura de paz creada tras el Acuerdo. El informe pone especial énfasis en la situación de las víctimas.
Colombia cuenta con más de diez millones de víctimas del conflicto armado. Aunque su centralidad se reconoce en el discurso institucional, la realidad difiere. La Defensoría advierte que “la reparación no ha sido priorizada en las políticas públicas”.
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición enfrenta dificultades severas. Las “restricciones de financiamiento” comprometen su funcionamiento adecuado. Esta situación amenaza los derechos de millones de víctimas.
Entre los casos más sensibles figura la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta entidad ha advertido “un déficit presupuestal acumulado cercano al 20 % desde su creación”. Además, recortes recientes han afectado sus operaciones de búsqueda.
La falta de recursos también impacta las sanciones restaurativas. El informe advierte que “se requieren al menos 500.000 millones de pesos para financiar los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (Toar), recursos que no fueron previstos oportunamente”.
Este llamado cobra urgencia particular en el contexto electoral actual. Algunos aspirantes a la Casa de Nariño se apartan del Acuerdo de Paz. Este instrumento necesita del Estado para su implementación efectiva.
Algunos candidatos van más allá en su oposición. Abelardo de la Espriella ha afirmado que eliminaría la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, esto requiere múltiples pasos legales. Incluye la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso.
**Diálogos de paz y protección civil**
El documento también se refiere a la política de paz total. Esta ha sido impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. La Defensoría señala necesidad de fortalecer las estrategias actuales de negociación y sometimiento.
“La Defensoría del Pueblo ha reiterado que los procesos de diálogo son una vía necesaria para buscar una solución al conflicto, pero su legitimidad y utilidad dependen del cumplimiento de compromisos humanitarios verificables, con alivios concretos para la población civil. Se requiere la participación vinculante de los actores humanitarios en las mesas (asiento humanitario), con el fin de reforzar el enfoque de protección, monitoreo y garantías para las comunidades afectadas”, dice el documento.
Estos acuerdos deben tener alcances amplios, afirma la Defensoría. No solo deben enfocarse en reducir la violencia contra civiles. También deben proteger los territorios y los ecosistemas. Se requiere un enfoque que articule seguridad, derechos humanos y ambiente.
“Superar el falso debate entre paz y seguridad constituye una condición indispensable para la protección efectiva de los derechos humanos; los mecanismos de diálogo y sometimiento a la justicia son inescindibles de una política de seguridad con enfoque de derechos humanos. En consecuencia, la respuesta estatal frente a la violencia armada organizada debe estructurarse como una política integral que articule las políticas de paz, seguridad, justicia, política criminal y desarrollo territorial, desde una dirección unificada y con enfoque de protección de la población civil y de la naturaleza”, dice la entidad.
Este planteamiento contrasta con posiciones de varios candidatos presidenciales. Quienes van punteando en las encuestas han afirmado que no seguirán conversaciones de paz. Esta postura podría agravar la situación humanitaria del país.
El informe también pone el foco en la protección de población civil. Existe un deterioro sostenido del panorama humanitario nacional. “En 2025 se consolidó un cuadro humanitario crítico”, advierte la Defensoría.
Las cifras son elocuentes y alarmantes. Se registraron 257 casos de reclutamiento de menores. Ocurrieron 78 masacres con 276 víctimas fatales. A estos hechos se suman otras vulneraciones graves.
El secuestro continúa siendo práctica recurrente de grupos armados. La violencia sexual afecta especialmente a mujeres y niñas. La trata de personas sigue victimizando comunidades en distintas regiones.
“Estas cifras reflejan vidas truncadas, comunidades desarraigadas y futuros comprometidos”, señala el documento. Detrás de cada número hay historias de dolor y sufrimiento. Familias destruidas, proyectos de vida interrumpidos, esperanzas frustradas.
La Defensoría exige entonces una política integral de protección. Esta debe priorizar la vida y dignidad de la población civil. Debe articular prevención, protección y garantías de no repetición.
**Ambiente y transformación rural**
Aunque el texto proporcionado se interrumpe, menciona dos ejes adicionales fundamentales. El tercero se refiere a la protección del ambiente. El cuarto aborda la transformación rural integral.
Estos temas resultan inseparables de los anteriores. La crisis ambiental afecta especialmente a comunidades rurales. La deforestación, la minería ilegal y la contaminación destruyen ecosistemas. También vulneran derechos de poblaciones que dependen de estos territorios.
La transformación rural, por su parte, constituye promesa histórica incumplida. El Acuerdo de Paz la estableció como primer punto. Sin embargo, su implementación ha sido precaria e insuficiente.
Las comunidades rurales siguen esperando acceso a tierra. Carecen de infraestructura básica para el desarrollo. No cuentan con servicios públicos adecuados. Enfrentan ausencia estatal en múltiples dimensiones.
La Defensoría plantea así una agenda ambiciosa pero necesaria. Aborda las causas estructurales de los problemas colombianos. No se limita a síntomas o manifestaciones superficiales.
Los candidatos presidenciales enfrentan entonces un desafío mayúsculo. Deben comprometerse con transformaciones profundas y sostenidas. Requieren voluntad política para impulsar cambios estructurales.
También necesitan capacidad de articulación entre diferentes políticas públicas. La desigualdad, la violencia, la crisis ambiental y el abandono rural se entrelazan. Ninguna puede resolverse de manera aislada.
El documento de la Defensoría funciona como termómetro social. Refleja las urgencias que viven millones de colombianos. También constituye exigencia ciudadana a quienes aspiran a gobernar.
La primera vuelta electoral se realizará el 31 de mayo próximo. Catorce candidatos competirán por llegar a segunda vuelta. Sus propuestas en estos cuatro ejes serán determinantes.
Los votantes deberán evaluar compromisos concretos en derechos humanos. No bastarán promesas generales o declaraciones vagas. Se requieren planes específicos, recursos asignados, cronogramas definidos.
La Defensoría del Pueblo cumple así su mandato constitucional. Actúa como guardián de los derechos humanos. Interpela al poder político desde la exigencia ciudadana.
Las próximas semanas serán cruciales para el debate democrático. Los candidatos deberán responder a estas exigencias mínimas e ineludibles. La ciudadanía deberá exigir respuestas claras y compromisos verificables.
Colombia enfrenta decisiones que no admiten más aplazamientos. La protección efectiva de derechos humanos está en juego. También lo está la posibilidad de construir paz estable y duradera.
El próximo gobierno heredará desafíos monumentales en estos cuatro frentes. Deberá enfrentar la desigualdad con políticas redistributivas efectivas. Tendrá que avanzar en implementación del Acuerdo de Paz.
Necesitará proteger a la población civil de la violencia armada. Deberá garantizar justicia y reparación a las víctimas. Tendrá que preservar ecosistemas y enfrentar la crisis ambiental.
También requerirá transformar las condiciones de vida en territorios rur
