La Corte Constitucional ordenó al Gobierno de Abelardo de la Espriella incluir un componente de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo. Además, lo exhortó a incorporar en ese componente acciones específicas para proteger a los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. La orden está en el Auto 1538 de 2026, fechado el 4 de noviembre. El tribunal lo difundió el 9 de noviembre.
El auto es de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia SU-020 de 2022. Esa sentencia declaró un estado de cosas inconstitucional por la violación masiva de los derechos de los firmantes del Acuerdo, en especial su seguridad. La Sala la preside el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, ponente del auto. Firman también Jorge Enrique Ibáñez Najar y Miguel Polo Rosero.
La Sala constató que «persisten los bloqueos institucionales». Según el auto, aunque las entidades reportaron avances, la información «no permite establecer que las instancias creadas por el Acuerdo para asegurar la materialización de las garantías de seguridad funcionen efectivamente».
«Corte exhorta al Gobierno a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo acciones y compromisos claros para superar el estado de cosas inconstitucional».
Corte Constitucional, en X, 9 de noviembre
Además del componente de paz, el auto exige cumplir las órdenes 2, 3, 6, 7, 9, 11 y 13 del Auto 1417 de 2025. Esas órdenes tratan de una entidad que coordine y monitoree el Acuerdo con capacidad, recursos y jerarquía suficientes. También piden que funcionen la Comisión de Seguimiento (CSIVI) y el sistema de seguridad para la paz (SISEP). Cubren, además, el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, la política de desmantelamiento de organizaciones criminales y el subcomité de reincorporación.
Los bloqueos son cinco. Son los mismos que identificó el Auto 1417 de 2025 y que la Corte dice que continúan. Uno son las capacidades institucionales que no corresponden a las obligaciones. Otros son la parálisis del monitoreo y los indicadores que no cumplen criterios constitucionales. Completan la lista la falta de acciones de la Procuraduría delegada para el seguimiento al Acuerdo y la desarticulación del sistema de seguimiento.
Los plazos
El Gobierno tiene 30 días hábiles para responder dos cuestionarios: uno sobre el Plan Plurianual de Inversiones y otro sobre la entidad que monitorea el Acuerdo. Los representantes del Gobierno en la CSIVI tienen 20 días hábiles para su informe. El mismo plazo corre para la instancia de alto nivel del SISEP, la Mesa Técnica de Seguridad y Protección y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. También para el Ministerio del Interior y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Los plazos se cuentan desde la notificación del auto. La fecha de esa notificación no está publicada, por lo que no se puede precisar cuándo vencen.
Entre las preguntas al Gobierno está cómo incorporará metas y partidas de paz en el Plan Plurianual y cómo financiará esos compromisos. Al Ministerio del Interior le pide un informe sobre la política de convivencia, reconciliación y no estigmatización.
La plata de la reincorporación
La Corte no fija un monto. Sin embargo, el auto señala una contradicción en el proyecto de presupuesto de 2027. Según el tribunal, ese proyecto contempla una reducción del 79,1 % de los recursos de inversión de la ARN. Al mismo tiempo, el anexo de construcción de paz registra un incremento del 51,8 % para el punto 3 del Acuerdo, del que hace parte la reincorporación.
Por eso, la Corte le pregunta al Gobierno «por qué si se proyecta un incremento del 51,8% del presupuesto asignado para el punto 3 del Acuerdo Final, existe una disminución 79,1 % de los recursos de inversión de la ARN». Las consideraciones sobre ese recorte llegaron por una solicitud de la Defensoría del Pueblo, según el propio auto.
El auto recuerda que el Acuerdo «dejó de ser una simple política de gobierno y adquirió la condición de una política pública de Estado». Por eso, según la Sala, su cumplimiento «dejó de estar sujeto a las prioridades de cada administración». El Gobierno conserva un margen para decidir cómo cumplirlo. Pero ese margen no le permite «negar, derogar, aplazar indefinidamente ni desfinanciar de manera sustancial» las medidas para superar el estado de cosas inconstitucional.
La aclaración de voto
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar acompañó la decisión, pero aclaró su voto. A su juicio, las afirmaciones sobre el Acuerdo como política de Estado son innecesarias y «discutibles». Según él, pueden dar «la errónea impresión de que una política pública es tan o más vinculante que la propia Constitución».
Ibáñez también sostuvo que la orden sobre el Plan Plurianual no crea una obligación nueva, porque ya está en el Acto Legislativo 01 de 2016. Además, dijo que las preguntas sobre el presupuesto son solo una solicitud de información. Según su aclaración, no suponen una valoración de la Corte sobre decisiones que corresponden al Gobierno y al Congreso.
Hasta el cierre de esta nota no se encontró una respuesta del Gobierno, de la Presidencia ni de la ARN al auto.
La Corte declaró el estado de cosas inconstitucional en 2022, con cinco votos contra cuatro en la Sala Plena. Desde entonces, la Sala de Seguimiento ha emitido autos como el 2014 de 2023, el 1273 de 2024 y el 1417 de 2025.
Fuentes: Corte Constitucional (Auto 1538 de 2026 y cuenta oficial en X), El Colombiano, El Tiempo.
