El Consejo de Estado suspendió de forma provisional la totalidad del Decreto 1485 de 2025. Esa norma cambiaba cómo se cubre el deslizamiento del salario mínimo en las rentas vitalicias. La decisión, de la Sección Segunda, se conoció el 18 de noviembre de 2026. Mientras se resuelve la demanda, vuelven a regir las reglas del Decreto 036 de 2015.
Conviene aclarar de qué decreto se trata. No es el que fija el aumento del salario mínimo. Ese es el Decreto 1469 de 2025, que tuvo su propia disputa judicial. La decisión tampoco cambia la mesada de quienes se pensionan en Colpensiones.
El decreto suspendido toca a quienes se pensionan en un fondo privado con renta vitalicia. Es decir, con una mesada que paga una aseguradora de por vida.
El deslizamiento ocurre cuando el mínimo sube más de lo que se proyectó al calcular la renta. Entonces la reserva de una renta comprada años atrás queda corta para pagar una mesada que debe subir con el mínimo. En las rentas de un salario mínimo, el Estado cubre una parte de esa diferencia y las aseguradoras, otra.
El Gobierno expidió el Decreto 1485 el 31 de diciembre de 2025. Sustituyó el Título 17 del Decreto 1833 de 2016. Con el Decreto 036 de 2015, el parámetro para proyectar el crecimiento del mínimo era el promedio real de la productividad de los últimos diez años. El 1485 lo cambió por el mayor valor entre ese promedio y el 35 % de la inflación promedio del mismo periodo. La cobertura aplica solo a rentas con mesada de un salario mínimo, la calcula la Oficina de Bonos Pensionales y se paga con la Ley de Presupuesto.
Ese cambio movía la carga hacia las aseguradoras. Según los análisis técnicos citados en el expediente, el parámetro pasó de 0,39 % a 1,99 %. Un documento de la Unidad de Regulación Financiera, aportado por el Ministerio de Hacienda, da un ejemplo: con salarios que suben 9,54 % e inflación de 5,2 %, la parte del Estado bajaba de 41,4 % a 24,6 %, y la de las aseguradoras subía de 58,6 % a 75,4 %.
El motivo de la suspensión es de forma, no de fondo. El tribunal encontró indicios de que Hacienda y Trabajo no evaluaron el efecto del decreto sobre la libre competencia. Tampoco pidieron a la Superintendencia de Industria y Comercio el concepto de abogacía de la competencia, que exige el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009.
La memoria justificativa del decreto decía que no había impacto en los mercados, sin estudios que lo respaldaran. Para el tribunal, el cambio no era neutro para el mercado asegurador: podía subir los costos de las compañías y las exigencias para ofrecer rentas vitalicias. Agregó que la finalidad pensional o fiscal no exime del trámite. Hacienda había sostenido que se trataba de una norma de seguridad social y no de comercio.
El tribunal no declaró la nulidad del decreto. Tampoco decidió las diferencias técnicas sobre quién asume el riesgo, ni el debate sobre los derechos de los pensionados. Todo eso queda para la sentencia de fondo.
Los recursos los presentaron Asofondos, el gremio de los fondos privados; Fasecolda, el de las aseguradoras, y Asulado Seguros de Vida. Alegaron que el decreto «compromete injustificadamente la estructura protectora del mecanismo de cobertura del deslizamiento del salario mínimo, afectando los derechos ya alcanzados por los afiliados y pensionados del RAIS».
Asofondos y Fasecolda habían criticado el decreto desde enero. Dijeron que el mayor costo llevaría la prima del seguro previsional por encima del límite legal del 3 %. Según ellas, eso haría «inviable su aseguramiento contra los riesgos de incapacidad y muerte».
«El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década».
Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos
Velasco lo dijo a Blu Radio en enero. Son afirmaciones de los gremios que demandan, sin verificación independiente.
La suspensión beneficia a las aseguradoras, que vuelven a cargar con una parte menor del deslizamiento. El costo vuelve a pesar más sobre el Presupuesto, justo después de que el mínimo de 2026 subió 23 %, muy por encima de la inflación.
Hacienda ya había propuesto volver a la fórmula anterior. En octubre, puso en consulta un borrador que modificaba el Decreto 1485 y restablecía el parámetro del Decreto 036 de 2015, con dos esquemas para pagar la cobertura a las aseguradoras. La consulta cerró el 31 de octubre. Según la memoria justificativa de ese borrador, al cierre de 2025 había 107.000 rentas vitalicias inscritas en el mecanismo.
El auto no dice que el decreto sea ilegal, solo que se omitió un trámite. El proceso de nulidad sigue, y allí se examinará de fondo la legalidad del decreto.
Fuentes: Portafolio, Valora Analitik, Noticias RCN, CER Latam, Ministerio de Hacienda (borrador de decreto en consulta).