En Belén de Bajirá, las organizaciones étnico-territoriales del Chocó volvieron a expresar su inconformidad. El mensaje llegó este viernes 24 de abril cargado de agotamiento. Meses de preocupaciones acumuladas se pusieron sobre la mesa durante la séptima sesión humanitaria.
Las comunidades dejaron claros los riesgos que ven en la negociación con el Clan del Golfo. El Gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta diálogos con este grupo. El actor armado se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó organizó el espacio. Participaron representantes de los consejos comunitarios en la jornada. El Centro de Investigación y Educación Popular también presentó alertas que han manifestado desde hace meses.
Alcaldes municipales asistieron al encuentro de ocho horas. La Defensoría del Pueblo estuvo presente en las discusiones. También llegaron funcionarios del Ministerio del Interior y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La Agencia de Reincorporación y Normalización envió delegados. La Agencia Nacional de Tierras participó en las deliberaciones. Representantes regionales de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz se sumaron.
Organismos internacionales como la MAPP/OEA acompañaron la sesión. ONU Derechos Humanos y Diakonia también estuvieron presentes. Sin embargo, la delegación del Gobierno Nacional en el proceso no asistió.
Esa convocatoria había sido enviada desde hace meses. Richard Moreno expresó la molestia por esa ausencia. El director del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano señaló que no es la primera vez.
La delegación gubernamental se encontraba en el territorio días anteriores. Por eso, la inasistencia generó mayor frustración entre los líderes. Moreno explicó que han invitado a los negociadores a espacios como este.
“Nosotros invitamos a los negociadores a espacios como estos. Sí hemos tenido reuniones de grupos muy pequeños, pero no en escenarios como este donde hay representación de diferentes procesos para que le puedan explicar a la gente realmente qué es lo que está pasando, cómo va el proceso, cómo van a participar, cuál es el nivel de avance que tiene. No llegan; le huyen a cualquier tipo de diálogo y discusión y eso es irresponsable”, expresó el líder.
Para Moreno, la ausencia refleja un nivel de desprecio. Las comunidades ponen la cara e intentan construir paz en el territorio. No obstante, los negociadores evitan el diálogo directo con ellas.
La sesión tuvo como objetivo exponer preocupaciones en torno al proceso. También buscó dialogar con organizaciones sociales del Bajo Atrato y Darién. Los compromisos de paz anunciados en la negociación fueron tema central.
Además, fue un espacio para sentar posición sobre la participación efectiva. Los pueblos quieren involucrarse en los diálogos socio-jurídicos que se adelantan. Estos se desarrollan en Unguía, Acandí, Riosucio y Nuevo Belén de Bajirá.
El encuentro se dio tres días después de conocerse un informe. El mecanismo tripartito de verificación presentó su balance de compromisos. El documento cubre el periodo entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026.
Según el informe, todos los compromisos presentan avances. Sin embargo, se clasifican como parcialmente cumplidos. Esta evaluación generó dudas entre las organizaciones presentes.
Juan Pablo Guerrero intervino durante la jornada. El subdirector del Cinep señaló que se trata de un mecanismo incipiente. No se conocen las metodologías reales de verificación, advirtió.
Guerrero encendió las alertas sobre el riesgo de legitimar narrativas del grupo armado. “El sistema está centrado principalmente en avances institucionales y procedimentales, pero con escasos cambios verificables en las dinámicas de control territorial y de protección comunitaria. Persiste limitación de verificación independiente, riesgo de legitimar la narrativa de la EGC y una participación comunitaria aún débil”, señaló Guerrero.
También cuestionó que el mecanismo sea tripartito. Este incluye al Gobierno, la MAPP/OEA y el grupo armado. Sin embargo, excluye a las autoridades étnicas que conocen sus territorios.
Lo que ocurre en cada consejo comunitario no admite una sola lectura. Ramiro Rodríguez Padilla reclamó que la metodología tenga mirada heterogénea. El asesor y representante legal del FISCH insistió en reconocer realidades distintas.
Para que eso sea posible, hacen falta canales de comunicación seguros. Las autoridades locales necesitan hablar sin exponerse a riesgos. “Todos esos procesos requieren de unos canales de comunicación que permitan que las autoridades de su territorio, sin correr ningún riesgo, puedan también tener la oportunidad de expresar los desafíos y los retos que tienen frente al cumplimiento de esos compromisos y al desarrollo de las actividades propias de del actor armado en el territorio”, afirmó.
De lo contrario, los informes seguirán señalando cumplimiento eficiente. Pero esa evaluación no reflejará la realidad del territorio. Las comunidades quedarán excluidas de la verificación real.
Uno de los puntos más controversiales fue el del reclutamiento. El mecanismo tripartito señaló que el Clan del Golfo no tiene menores en sus filas. Esta afirmación generó ruido entre las organizaciones presentes.
Mariana Ardila habló sobre el tema del reclutamiento. La delegada para la Justicia Transicional de la Defensoría recordó los alcances de esta práctica. Desde la entidad han hecho 34 recomendaciones al espacio socio-jurídico.
“La mayoría de ellas han sido relativas al reclutamiento, uso o utilización de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que cuando hablamos de ello, no solo tenemos que tener en la cabeza la visión más estricta y limitada de reclutamiento, que es cuando van y sacan a la fuerza de una escuela o de una casa a un niño, niña, adolescente. Pero resulta que el reclutamiento, el uso y la utilización tienen otras formas”, aseguró la funcionaria.
Andreas Hahn reconoció las críticas al mecanismo durante su intervención. El coordinador de la Oficina Regional Quibdó de la MAPP/OEA las consideró bienvenidas. Explicó por qué las comunidades no participan de forma directa.
Algunos líderes se sienten expuestos al presentar denuncias concretas. “Nosotros fungimos como puente: podemos llevar casos anonimizados o transmitirlos tal como están”, señaló. Invitó a las comunidades a usar ese canal de comunicación.
El alcalde de Belén de Bajirá fue uno de los primeros en intervenir. Leopoldino Perea fue enfático en que el territorio le apuesta al proceso. Sin embargo, ese camino debe ser construido por las comunidades.
Esa participación no existió durante otros diálogos de paz. Los procesos con las antiguas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia excluyeron a las bases. “En este no sé si sea por hipocresía o por lo que sea, hablaron de un proyecto piloto. Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que salir a hacer el análisis. Porque en ese proyecto piloto lo que están es invitando a mirar si es que somos capaces o no”, dijo el alcalde.
Rodríguez también señaló que no se oponen al proceso. El líder hizo referencia a la experiencia de La Habana. “No estamos en contra del proceso, sino que si estamos hablando de una experiencia piloto que tiene cuatro municipios del departamento de Chocó, y sabemos que el actor armando está en casi todo. Todo lo que resulte de acá va a definir también lo que va a pasar en otros territorios. No queremos que se repita esa narrativa de la experiencia que tenemos de los diálogos con FARC”, afirmó el asesor legal del FISCH.
El llamado que le hace al Gobierno es a sentarse con las organizaciones. Estas son las dueñas del territorio, recalcó Rodríguez. Las dinámicas de la mesa de diálogos tienen que ser diferentes.
No es lo mismo dialogar con el actor armado presente. Las comunidades necesitan espacios sin su presencia para expresar preocupaciones. “Las comunidades no tienen cómo expresar sus preocupaciones reales”, añadió Rodríguez.
Detrás de esa imposibilidad hay una realidad concreta. Elizabeth Moreno la describió durante su intervención. La lideresa, conocida como Chava, es representante legal del foro.
Moreno habló del clima de zozobra que enfrentan. Quienes intentan alzar la voz viven bajo poder armado. “¿Cómo superamos el miedo? Ese miedo nos ha llevado al silencio. ¿Cómo evitamos las amenazas? ¿Cómo evitamos la muerte en nuestros territorios? Si no podemos hablar porque el actor siempre está presente”.
Fue un cuestionamiento a la falta de espacios seguros. La mesa de negociación con el Clan del Golfo no los garantiza. Las comunidades quedan expuestas al intentar participar.
Las preocupaciones no son solo sobre la participación. También cuestionan cómo se benefician las comunidades en medio de los diálogos. Zenaida Martínez expresó esta inquietud durante la jornada.
Martínez hace parte del consejo comunitario de Pedeguita y Mancilla. “Muy bonito todos los acuerdos, pero tenemos que seguir reclamando que todos nos veamos incluidos y que todos nos veamos beneficiados. Además de eso, en esos documentos que yo siempre he visto y que hemos escuchado, yo no veo cuál es la reparación ni cuál es el beneficio que las comunidades como tal van a ser beneficiadas”, señaló la lideresa.
Durante la jornada, el Cinep presentó conclusiones de su informe. El documento se titula “EGC en el Chocó: violencia, poder y miedo”. También expuso cuatro comunicados a la opinión pública.
Estos fueron emitidos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026. Los documentos articulan la postura de las organizaciones étnico-territoriales del Chocó. Fueron expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre pasado.
La premisa de las organizaciones fue clara desde el inicio. Expresar preocupaciones no significa oponerse a la paz. Las comunidades quieren un proceso que las incluya y las proteja verdaderamente.
