El Ministerio de Defensa publicó este jueves el proyecto de decreto que busca modificar las tarifas mínimas de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Después de más de dos décadas sin una revisión profunda, el Gobierno Nacional introduce cambios significativos en la estructura de costos. La medida había sido anticipada desde principios de año por las autoridades competentes.
La propuesta establece tarifas diferenciales para distintos sectores de la población colombiana. Entre los beneficiarios se encuentran los hogares, los colegios, las microempresas y las entidades públicas de municipios pequeños. Esta diferenciación responde a una realidad que hasta ahora no se había contemplado en la normativa vigente.
Larry Álvarez, superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, explicó la necesidad de estos cambios en febrero de este año. “Hoy puede estar pagando lo mismo una gran empresa que un conjunto residencial por un servicio similar, y claramente las realidades no son las mismas”, señaló en entrevista con El Espectador. Según el funcionario, una revisión de varios meses de la estructura de costos permitió determinar la viabilidad de reducir el factor para ciertos servicios.
Actualmente, la tarifa mínima está fijada en un factor de 9,77 veces el salario mínimo. Esto equivale a 17.106.341,85 pesos mensuales para el primer semestre de 2026, antes de incluir el seguro de vida y los gastos administrativos. Sin embargo, ese factor tiene incrementos programados durante el presente año según la Circular Externa 20251300000115CS de la Supervigilancia.
El primer aumento llevaría el factor a 9,85 entre el 1 y el 14 de julio. Posteriormente, subiría a 10,21 desde el 15 de julio hasta diciembre de 2026. Estos incrementos están relacionados con los nuevos costos laborales que implica la reforma laboral del gobierno Petro. Además, responden a la reducción de la jornada de trabajo prevista para julio de este año.
El proyecto de decreto propone una estructura completamente nueva que reemplazaría el esquema actual. En primer lugar, bajaría el factor salarial a 8,69 veces el salario mínimo para todos los servicios de vigilancia. Este nuevo factor también contempla incrementos graduales en el tiempo para ajustarse a las reformas laborales vigentes.
El factor subiría a 8,76 desde el 1 de julio de este año. Posteriormente, aumentaría a 8,79 desde el 15 de julio del mismo período. Finalmente, llegaría a 8,86 a partir del 1 de julio de 2027. Estos ajustes mantienen coherencia con la reducción de jornada y las nuevas obligaciones laborales del sector.
Una innovación importante del proyecto es la separación de los costos operativos en un componente independiente. Este componente se denomina COIS y se expresa en Unidades de Valor Básico (UVB). Para la tarifa general, el COIS sería de 156,150 UVB, una cifra considerablemente alta para ciertos sectores.
Sin embargo, para los sectores beneficiados con la tarifa diferencial, el COIS se reduciría significativamente a 41,929 UVB. Esta reducción representa un alivio sustancial para hogares, colegios, microempresas y entidades públicas de municipios pequeños. La diferencia entre ambas tarifas refleja el reconocimiento de las distintas capacidades económicas de los usuarios.
Los hogares de estratos 1, 2 y 3 reciben un beneficio adicional en la propuesta gubernamental. El proyecto elimina el porcentaje de administración y supervisión para estos estratos en la modalidad sin armas. Este porcentaje equivale actualmente al 8 % de la facturación total del servicio de vigilancia.
No obstante, el documento aclara que las partes podrían acordar voluntariamente este porcentaje si así lo desean. Esta flexibilidad permite que las empresas y los usuarios negocien condiciones específicas según sus necesidades particulares. De esta manera, se mantiene un margen de libertad contractual entre las partes involucradas.
La propuesta tarifaria del Gobierno no especifica el valor del seguro de vida obligatorio del servicio. Este componente hace parte de la tarifa final que deben pagar los usuarios de vigilancia privada. La omisión de este dato genera incertidumbre sobre el costo real que enfrentarán los contratantes del servicio.
Según un comunicado de la Supervigilancia, la medida garantizará “salarios justos a más de 360.000 trabajadores del sector”. Esta cifra representa una parte significativa de la fuerza laboral colombiana dedicada a la seguridad privada. El impacto social de la medida, por tanto, trasciende el aspecto puramente económico y tarifario.
Para el superintendente Álvarez, el proyecto también busca combatir la informalidad en el sector de seguridad privada. “Con ella (el proyecto de decreto) buscamos que los distintos sectores sociales y de la economía colombiana encuentren un alivio financiero al contratar los servicios de seguridad privada, y no migren a prestadores no autorizados que, entre otras cosas, no tienen el conocimiento ni la experiencia para prestar un servicio especializado y tan esencial como este”, señaló el funcionario.
La informalidad representa un problema grave en el sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia. Los prestadores no autorizados no cuentan con la capacitación adecuada para ofrecer servicios especializados. Además, operan al margen de las regulaciones laborales y de seguridad que protegen tanto a trabajadores como a usuarios.
El alivio financiero que busca el Gobierno podría incentivar a más usuarios a contratar servicios formales de vigilancia. Actualmente, los altos costos empujan a muchos conjuntos residenciales y pequeñas empresas hacia alternativas informales. Estas alternativas, aunque más económicas, no ofrecen las garantías ni la profesionalización del sector formal.
La estructura tarifaria vigente no se revisaba de fondo desde hace más de 20 años. Durante este período, la economía colombiana experimentó transformaciones significativas en su estructura productiva y social. Las reformas laborales recientes, particularmente las impulsadas por el gobierno actual, han modificado sustancialmente los costos operativos.
La reducción de la jornada laboral prevista para julio de 2026 representa uno de los factores más importantes. Este cambio obliga a las empresas de vigilancia a ajustar sus esquemas de turnos y contratación. Consecuentemente, los costos laborales se incrementan, lo que justifica los aumentos graduales contemplados en el proyecto.
El proyecto de decreto refleja un esfuerzo por equilibrar diversos intereses en conflicto dentro del sector. Por un lado, busca mantener la sostenibilidad económica de las empresas de vigilancia y seguridad privada. Por otro, pretende hacer más accesibles estos servicios para sectores de la población con menor capacidad de pago.
La diferenciación tarifaria según el tipo de usuario representa un cambio de paradigma en la regulación del sector. Tradicionalmente, las tarifas mínimas aplicaban de manera uniforme sin considerar las particularidades de cada segmento. Esta uniformidad generaba inequidades, especialmente para usuarios residenciales y pequeñas entidades que no podían negociar condiciones favorables.
Los colegios se encuentran entre los sectores beneficiados con la tarifa diferencial propuesta por el Gobierno. Estas instituciones educativas frecuentemente requieren servicios de vigilancia para garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente. Sin embargo, muchas instituciones, especialmente en municipios pequeños, enfrentan restricciones presupuestarias significativas que dificultan la contratación de servicios formales.
Las microempresas también recibirán un tratamiento tarifario preferencial según el proyecto de decreto. Este segmento empresarial representa una parte fundamental del tejido productivo colombiano. No obstante, las microempresas típicamente operan con márgenes de ganancia reducidos y presupuestos limitados para gastos no directamente productivos.
Las entidades públicas de municipios pequeños conforman otro grupo beneficiario de la tarifa diferencial. Estas entidades frecuentemente carecen de recursos suficientes para contratar servicios de vigilancia a las tarifas actuales. La reducción tarifaria podría permitirles mejorar la seguridad de sus instalaciones sin comprometer otros servicios esenciales para la comunidad.
El proyecto de decreto ahora entra en una fase de socialización y comentarios públicos antes de su adopción definitiva. Durante este período, las empresas del sector, los usuarios y otras partes interesadas podrán presentar observaciones. Este proceso participativo busca identificar posibles ajustes necesarios antes de la implementación formal de las nuevas tarifas.
La implementación de las nuevas tarifas podría tener efectos significativos en el mercado de la seguridad privada en Colombia. Las empresas del sector deberán ajustar sus modelos de negocio para adaptarse a la estructura diferencial. Algunas podrían especializarse en segmentos específicos donde puedan mantener márgenes de rentabilidad adecuados.
Los trabajadores del sector de vigilancia y seguridad privada observarán con atención el desarrollo de esta reforma. Aunque la Supervigilancia afirma que se garantizarán salarios justos, la reducción de tarifas podría generar presiones sobre las condiciones laborales. El equilibrio entre accesibilidad tarifaria y condiciones dignas de trabajo representa uno de los desafíos centrales del proyecto.
La experiencia de otros países en la regulación de servicios de seguridad privada ofrece lecciones importantes. Algunos han implementado sistemas de tarifas diferenciales con resultados mixtos. El éxito depende en gran medida de la capacidad de supervisión estatal y del compromiso del sector privado con estándares de calidad.
La Supervigilancia tendrá un papel crucial en la implementación y seguimiento de las nuevas tarifas. Esta entidad deberá verificar que las empresas cumplan con los mínimos establecidos sin comprometer la calidad del servicio. Además, deberá monitorear que los beneficios tarifarios efectivamente se trasladen a los usuarios finales y no se diluyan en la cadena de intermediación.
El componente COIS expresado en Unidades de Valor Básico representa una innovación técnica en la estructura tarifaria. Esta metodología permite ajustes más flexibles de los costos operativos sin modificar constantemente el factor salarial. Sin embargo, la comprensión de este sistema por parte de los usuarios podría requerir esfuerzos adicionales de comunicación y educación.
La eliminación del porcentaje de administración y supervisión para estratos 1, 2 y 3 constituye una medida redistributiva significativa. Estos estratos concentran la mayor parte de la población colombiana y frecuentemente enfrentan mayores desafíos de seguridad. El alivio tarifario podría permitir que más comunidades accedan a servicios formales de vigilancia, mejorando la seguridad en barrios vulnerables.
La ausencia de especificación del seguro de vida obligatorio en el proyecto genera interrogantes sobre la transparencia tarifaria. Este componente puede representar una porción significativa del costo total del servicio. Los usuarios necesitan información completa para evaluar adecuadamente el impacto financiero de contratar servicios de vigilancia y seguridad privada.
El contexto de reforma laboral del gobierno Petro proporciona el marco general dentro del cual se inscribe este proyecto. Las modificaciones en las condiciones de trabajo buscan mejorar la calidad de vida de los trabajadores colombianos. Sin embargo, también generan presiones sobre los costos operativos de las empresas en sectores intensivos en mano de obra.
La reducción de la jornada laboral, en particular, representa un cambio estructural en el mercado de trabajo colombiano. Para el sector de vigilancia, donde los servicios operan 24 horas al día, este cambio implica la necesidad de contratar más personal. Alternativamente, las empresas deben reorganizar completamente sus esquemas de turnos y rotaciones.
Los incrementos graduales del factor salarial contemplados en el proyecto reconocen estas presiones crecientes sobre los costos laborales. El aumento de 8,69 a 8,86 entre 2026 y 2027 busca mantener el equilibrio financiero del sector. No obstante, estos incrementos son significativamente menores que los contemplados en la estructura tarifaria actual.
La diferencia entre el factor actual de 9,77 y el propuesto de 8,69 representa una reducción sustancial. Esta disminución podría generar ahorros importantes para los usuarios de servicios de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de las empresas del sector, especialmente las más pequeñas.
El proyecto de decreto refleja un esfuerzo por modernizar la regulación de un sector esencial para la economía colombiana. La seguridad privada complementa los esfuerzos estatales en materia de seguridad ciudadana. Un sector formal, profesionalizado y accesible contribuye al bienestar general de la sociedad y al clima de negocios del país.
La migración hacia prestadores no autorizados representa un riesgo tanto para usuarios como para trabajadores del sector. Los usuarios enfrentan servicios de calidad dudosa sin respaldo institucional en caso de problemas. Los trabajadores, por su parte, carecen de protecciones laborales básicas y operan en condiciones frecuentemente precarias.
El superintendente Álvarez enfatiza que los prestadores no autorizados carecen del conocimiento y experiencia necesarios. La vigilancia y seguridad privada es un servicio especializado que requiere capacitación específica. Los guardas de seguridad deben manejar situaciones potencialmente peligrosas y tomar decisiones críticas que afectan vidas y propiedades.
La formalización del sector representa, por tanto, un objetivo de política pública que trasciende consideraciones puramente económicas. Un sector formal contribuye a la recaudación tributaria y al fortalecimiento del sistema de seguridad social. Además, facilita la supervisión y el control de calidad por parte de las autoridades competentes.
El proyecto de decreto constituye un paso importante en esta dirección al buscar hacer más accesibles los servicios formales. Si las tarifas diferenciales logran atraer a usuarios que actualmente recurren a alternativas informales, el impacto positivo será significativo. Sin embargo, el éxito dependerá de múltiples factores, incluyendo la difusión adecuada de la información y la capacidad de supervisión estatal.
Los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de esta iniciativa regulatoria. El período de socialización permitirá identificar posibles ajustes necesarios antes de la implementación definitiva. Las voces de todos los actores involucrados, desde empresas hasta trabajadores y usuarios, deberán ser escuchadas y consideradas.
La experiencia acumulada durante más de 20 años con la estructura tarifaria anterior ofrece lecciones valiosas. El mercado de la seguridad privada ha evolucionado significativamente durante este período. Las necesidades de los usuarios se han diversificado y las tecnologías disponibles han transformado las posibilidades del sector.
La integración de tecnología en los servicios de vigilancia representa una tendencia creciente a nivel global. Sistemas de cámaras, sensores y monitoreo remoto complementan el trabajo humano de los guardas de seguridad. Estos desarrollos tecnológicos podrían influir en la estructura de costos del sector en los próximos años.
El proyecto de decreto no aborda explícitamente la dimensión tecnológica de los servicios de vigilancia. Sin embargo, la estructura de costos operativos (COIS) podría incluir inversiones en tecnología.
