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El 13 de febrero de 2024, el gobierno de Gustavo Petro sancionó una ley crucial para la protección de la infancia en Colombia. La ley, conocida como “Son niñas, no esposas”, prohíbe el matrimonio infantil, eliminando las uniones tempranas si uno o ambos integrantes tienen menos de 18 años. Este avance legislativo no solo busca proteger a los menores de edad, sino también fomentar un entorno donde puedan desarrollar sus proyectos de vida sin presiones indebidas.

La aprobación de esta ley fue el resultado de un arduo proceso legislativo que involucró a diversas figuras políticas y organizaciones. Las representantes a la Cámara Alexandra Vásquez y María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, junto con Juan Carlos Vargas y Karen López, de las CITREP, y Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, fueron las autoras de esta iniciativa. En sus redes sociales, celebraron la sanción de la ley, destacando su importancia para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Jennifer Pedraza expresó su satisfacción en redes sociales, afirmando: “Le cumplimos a los niños, niñas y adolescentes, y no puedo estar más feliz por este logro”. Además, subrayó la importancia de seguir trabajando para implementar la ley de manera efectiva. “Esto es por cada niña/o que casaron a la fuerza por tantas décadas: para que deje de ocurrir y protejamos los proyectos de vida de la infancia en Colombia”, señaló Pedraza, enfatizando que la lucha apenas comienza.

La sanción de la ley fue celebrada por diversas organizaciones y figuras públicas. La agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Colombia y la directora de la Fundación PLAN, Ángela Anzola, aplaudieron este avance. La Corte Constitucional también respaldó la prohibición del matrimonio infantil. El 6 de febrero de 2025, a través de la Sentencia C-039, el tribunal declaró que “el matrimonio y las uniones maritales de hecho entre o con personas menores de 18 años resultan contrarios a la Constitución”. Esta decisión judicial anuló la ley anterior que permitía el matrimonio desde los 14 años.

El proceso de sanción de la ley no estuvo exento de desafíos. La representante Jennifer Pedraza, preocupada por la demora, utilizó sus redes sociales para presionar al Gobierno. El 12 de febrero, un día antes de la sanción, instó al Gobierno a firmar la normativa, recordando que ya se había cumplido el plazo para objeciones. “A tres meses de su aprobación y cumplido el plazo para objeciones, es momento de decirle al país que #SonNiñasNoEsposas”, comentó.

La senadora del Pacto, Clara López, quien fue ponente de la ley, también celebró su ratificación. En una publicación en X, expresó su satisfacción por este logro legislativo. Angélica Lozano, legisladora de la Alianza Verde, se unió a las celebraciones, destacando la importancia de esta prohibición. “Increíblemente, hasta este año, el matrimonio infantil era legal desde los 14 años con permiso de los padres”, señaló Lozano. “Lo intentamos prohibir nueve veces y, ayer, por fin, se sancionó la ley que lo prohíbe definitivamente”, comentó.

La organización Profamilia, dedicada a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, también celebró la ratificación de la ley. En su declaración, calificaron la sanción como “un paso histórico para la infancia en Colombia”. Este reconocimiento resalta la importancia de la nueva norma en la protección de los derechos de los menores y en la promoción de un entorno seguro y equitativo para su desarrollo.

La implementación de la ley “Son niñas, no esposas” representa un avance significativo en la lucha por los derechos de la infancia en Colombia. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno y de las organizaciones involucradas para garantizar su aplicación efectiva. La creación de un programa nacional de atención integral a proyectos de vida para la juventud es un paso en la dirección correcta. Este programa debe enfocarse en proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para desarrollar sus vidas de manera plena y autónoma.

La prohibición del matrimonio infantil es un logro que merece ser celebrado, pero también es un recordatorio de los desafíos que aún enfrentamos. La sociedad colombiana debe continuar trabajando para erradicar prácticas que vulneren los derechos de los menores. La educación, la concienciación y el empoderamiento de las comunidades son fundamentales para asegurar que esta ley tenga un impacto duradero y positivo.

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