La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó nuevamente ante el Concejo Distrital una reforma tributaria. Con ella busca recaudar cerca de $1,2 billones anuales. Además, pretende modernizar el alumbrado público de la ciudad.

La iniciativa también contempla ajustes al predial y al ICA. Asimismo, busca atraer inversiones y ofrecer alivios a contribuyentes morosos. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán promueve esta propuesta.

Sin embargo, la reforma todavía no está vigente. Primero deberá superar los debates en la Comisión de Hacienda. Posteriormente, debe pasar por la plenaria del Concejo Distrital.

Durante ese trámite, las tarifas podrían ser modificadas. Los beneficios contemplados también podrían cambiar. Igualmente, otras disposiciones están sujetas a ajustes legislativos.

Si recibe aprobación, los principales cambios comenzarían desde 2027. No obstante, existe una excepción importante. Los beneficios temporales para morosos tendrían un plazo diferente.

Estos alivios vencerían el 18 de diciembre de 2026. Por tanto, los contribuyentes morosos tendrían menos tiempo para acogerse. La propuesta ha levantado dudas sobre su aplicación.

También genera interrogantes sobre quiénes asumirían los nuevos cobros. A continuación, se detallan los puntos centrales del proyecto.

**Sobretasa al impuesto predial**

La reforma propone crear una sobretasa al predial. Este cobro financiaría la modernización del alumbrado público. Recaería sobre aproximadamente 870.000 propiedades en la capital.

De ese total, 531.189 corresponden a inmuebles residenciales. Otros 338.766 son predios con usos comerciales, industriales o financieros. También incluye inmuebles dotacionales y urbanizables.

Las viviendas de estratos 1, 2 y 3 quedarían excluidas. Sin embargo, hay una salvedad importante. Cuando tengan un avalúo superior a 20.000 UVT pagarían.

Esa cifra equivale a cerca de $1.047 millones. Para los inmuebles residenciales de estratos 4, 5 y 6, aplicaría una tarifa. Esta sería de 0,4 por 1.000 sobre el avalúo.

El impacto promedio estimado varía según el estrato. En estrato 4, sería de $11.000 mensuales. Esto equivale a $132.000 al año por vivienda.

Para el estrato 5, el cobro sería de $19.000 mensuales. En términos anuales, alcanzaría $228.000 por inmueble. El estrato 6 pagaría $29.000 mensuales.

Esta cifra representa $348.000 al año. Los predios comerciales, industriales y financieros pagarían más. Su tarifa sería de 1 por 1.000.

Los inmuebles dotacionales tendrían una tarifa especial. Los lotes urbanizables no edificados también. Para ambos casos, la sobretasa sería de 0,9 por 1.000.

El pago promedio anual varía según el tipo de inmueble. Los establecimientos comerciales pagarían en promedio $807.569. Los industriales enfrentarían un cobro de $1,67 millones.

Para los inmuebles financieros, la cifra sería de $2,34 millones. Los dotacionales pagarían alrededor de $2,4 millones anuales. En los lotes, el cobro rondaría los $577.970.

La sobretasa tendría un límite anual establecido. Para predios residenciales sería de 600 UVT. Para los demás inmuebles, el tope alcanzaría 1.200 UVT.

El recaudo de esta sobretasa alcanzaría unos $403.000 millones anuales. De ese total, cerca del 60% provendría de propiedades comerciales. El resto vendría de inmuebles residenciales y otros usos.

**Cambios en la tarifa básica del predial**

Además del cobro destinado al alumbrado, habría otros ajustes. El proyecto modificaría el predial básico de las viviendas. Específicamente, afectaría aquellas con los avalúos más altos.

Los inmuebles valorados entre $3.188 millones y $4.411 millones pagarían más. Pasarían de una tarifa de 12,3 a 13,1 por 1.000. Este incremento es independiente de la sobretasa.

Para las propiedades residenciales con avalúo superior a $4.411 millones, el ajuste sería mayor. La tarifa subiría a 13,9 por 1.000. Estos cambios serían adicionales a la sobretasa.

Por tanto, el impacto final dependería de varios factores. El valor del inmueble sería determinante. Las características específicas de cada propiedad también influirían.

**Alumbrado inteligente**

Los recursos permitirían transformar el alumbrado de Bogotá. La meta es alcanzar tecnología 100% LED. También se instalarían sistemas de telegestión en la ciudad.

Esta herramienta facilita controlar remotamente las luminarias. Permite regular su funcionamiento desde centros de operación. Además, ayuda a identificar fallas sin inspecciones presenciales.

Los puntos de iluminación servirían como plataforma tecnológica. En ellos se instalarían sensores y cámaras conectados. La infraestructura podría apoyar el monitoreo de emergencias.

Específicamente, ayudaría a vigilar incendios e inundaciones. También recopilaría datos sobre movilidad en la ciudad. Asimismo, reforzaría la vigilancia en espacios públicos.

Además, habilitaría nuevos servicios tecnológicos para Bogotá. “El corazón de esta propuesta es el alumbrado inteligente”, afirmó Ana María Cadena. Ella es la secretaria de Hacienda del Distrito.

Según explicó, la infraestructura permitiría transformar a Bogotá. La convertiría en una ciudad “más moderna y tecnológica”. Tendría mayor capacidad para detectar emergencias.

También podría aprovechar mejor sus activos urbanos. La red emplearía herramientas de internet de las cosas. Este concepto se conoce como IoT.

Conectaría dispositivos que recogen y transmiten información. Así, las luminarias dejarían de cumplir exclusivamente una función. Ya no serían solo para iluminación.

Apoyarían otros sistemas de gestión urbana. Esto representaría un cambio significativo en la infraestructura. Bogotá contaría con una red inteligente de servicios.

**Cambios en el ICA**

La reforma aumentaría el impuesto de Industria y Comercio. Afectaría actividades consideradas de mayor capacidad contributiva. El sector financiero sería uno de los más impactados.

Su tarifa subiría de 14 a 21 por 1.000. La comercialización de bebidas alcohólicas también pagaría más. El tabaco enfrentaría el mismo incremento.

Estas actividades pasarían de 13,8 a 21 por mil. La venta de vehículos también tendría un aumento. Su tarifa avanzaría de 6,9 a 11 por 1.000.

Paralelamente, el Distrito busca simplificar este impuesto. Reduciría de 13 a siete el número de tarifas. Esto aplicaría en Bogotá para facilitar el cumplimiento.

Los receptores de pagos con tarjetas tendrían un beneficio. Aquellos cuyos ingresos estén por debajo de 1.933 UVT quedarían excluidos. No pagarían la retención del ICA.

Sin embargo, deben cumplir las condiciones contempladas en la norma. La medida busca proteger el flujo de caja. Beneficiaría especialmente a pequeños negocios y contribuyentes.

**Incentivos para inversiones**

Las inversiones nuevas de al menos $4.600 millones recibirían beneficios. Deben ser en activos fijos dentro de 92 actividades estratégicas. Podrían acceder a una exención progresiva del ICA.

Esta exención duraría diez años. El beneficio oscilaría entre el 100% y el 10%. Dependería de las condiciones previstas en el proyecto.

Las empresas existentes que hagan nuevas inversiones también tendrían ventajas. Podrían recibir exenciones de entre el 60% y el 80%. Estos beneficios durarían dos años.

También habría tratamientos especiales para zonas específicas. El Distrito Aeroportuario de Fontibón y Engativá tendría incentivos. La renovación urbana también sería beneficiada.

La vivienda para arrendamiento recibiría estímulos tributarios. La reutilización patrimonial también estaría contemplada. La Alcaldía calcula que estos incentivos movilizarían inversiones privadas.

El conjunto de incentivos e infraestructura podría generar $78,3 billones. Esto ocurriría durante los próximos diez años. Además, contribuiría a la creación de empleos.

Se estima que se generarían alrededor de 215.000 empleos. Este sería el resultado durante la próxima década. Los incentivos buscan hacer más atractiva la inversión.

**Alivio para morosos**

Más de un millón de contribuyentes podrían obtener un descuento. Este sería del 50% sobre intereses y sanciones. Sin embargo, deben cumplir una condición importante.

Deben pagar el 100% del capital adeudado. El plazo vence el 18 de diciembre de 2026. El impuesto original no sería perdonado.

Solo se condonaría la mitad de intereses y sanciones. Esta medida busca incentivar el pago de deudas. También pretende mejorar el recaudo distrital.

Los contribuyentes morosos tendrían una oportunidad de ponerse al día. Podrían regularizar su situación con un beneficio económico. El plazo es relativamente corto.

**Aclaraciones sobre Bre-B**

La Secretaría de Hacienda aclaró un punto importante. Las transacciones realizadas mediante Bre-B no pagarían más impuestos. Otras billeteras digitales también mantendrían las condiciones actuales.

No estarían sujetas a retención del impuesto de Industria y Comercio. Este cobro se conoce como ReteICA. La precisión surgió después de dudas iniciales.

La redacción inicial del artículo 25 generó confusión. Algunos interpretaron que habría ampliación de la retención. Esto aplicaría a distintos instrumentos de pago.

Hacienda anunció que ajustará el texto. Trabajará con los ponentes durante el trámite en el Concejo. “No vamos a hacer retenciones a las transacciones por Bre-B”, aseguró Cadena.

Tampoco las harían a las billeteras digitales. Por tanto, el proyecto no crearía un impuesto adicional. Tampoco generaría un cobro por utilizar estas plataformas.

La funcionaria agregó que la propuesta busca lo contrario. “Es más, queremos eliminar el ReteICA”, explicó. Actualmente se cobra a pequeños comercios.

Esto ocurre cuando reciben pagos con tarjetas débito y crédito. Este beneficio cobijaría a emprendedores y pequeños comerciantes. Sus ingresos deben ser inferiores a 1.933 UVT.

Además, deben cumplir las demás condiciones establecidas. La exclusión aplicaría cuando reciban pagos mediante tarjetas. El ajuste pretende evitar afectaciones al flujo de caja.

Especialmente de los negocios más pequeños. Bre-B y las billeteras digitales mantendrían su tratamiento actual. No habría nuevas retenciones distritales sobre estas plataformas.

**Proceso legislativo**

La reforma debe superar varios obstáculos legislativos. Primero, debe ser aprobada en la Comisión de Hacienda. Luego, debe pasar por la plenaria del Concejo.

Durante estos debates, el texto puede modificarse. Las tarifas propuestas podrían ajustarse. Los beneficios también están sujetos a cambios.

Los concejales tienen la facultad de proponer modificaciones. Pueden eliminar o adicionar disposiciones. El resultado final podría diferir de la propuesta inicial.

La administración distrital debe negociar con los cabildantes. Necesita construir consensos para lograr la aprobación. El debate será intenso debido al impacto económico.

Diversos sectores han expresado preocupaciones. Los gremios empresariales analizan los efectos. Los ciudadanos también evalúan cómo les afectaría.

La discusión incluirá aspectos técnicos y políticos. Los ponentes jugarán un papel crucial. Ellos presentarán recomendaciones sobre el articulado.

El tiempo es un factor importante. La administración busca aprobar la reforma pronto. Así podría comenzar a aplicarse desde 2027.

Sin embargo, el trámite legislativo tiene sus tiempos. No se puede acelerar sin cumplir los procedimientos. La transparencia y el debate son fundamentales.

**Impacto económico**

La reforma tendría un impacto significativo en las finanzas distritales. El recaudo adicional de $1,2 billones anuales es considerable. Estos recursos financiarían proyectos importantes.

La modernización del alumbrado público es prioritaria. También se fortalecerían otros servicios urbanos. La ciudad tendría más recursos para inversión.

Sin embargo, el impacto sobre contribuyentes genera preocupación. Los estratos 4, 5 y 6 pagarían más predial. Las empresas de ciertos sectores también.

El sector financiero enfrentaría incrementos importantes. La venta de bebidas alcohólicas y tabaco también. Los comerciantes de vehículos verían subir su ICA.

Por otro lado, habría beneficios para algunos sectores. Los pequeños comerciantes recibirían alivios. Las nuevas inversiones tendrían exenciones importantes.

Los morosos podrían regularizar su situación con descuentos. El balance entre aumentos y beneficios será evaluado. Los concejales deberán ponderar estos aspectos.

La competitividad de Bogotá también está en juego. Tarifas muy altas podrían desincentivar la inversión. Pero la infraestructura moderna también atrae empresas.

El equilibrio es delicado y requiere análisis cuidadoso. Las decisiones afectarán el desarrollo económico de la ciudad. También influirán en la calidad de vida.

**Tecnología y ciudad inteligente**

El componente tecnológico es uno de los más innovadores. La conversión a alumbrado LED es solo el inicio. Los sistemas de telegestión representan un avance importante.

La capacidad de controlar remotamente las luminarias genera eficiencias. Se reducen costos de mantenimiento y operación. La detección de fallas es más rápida.

Los sensores y cámaras conectados amplían las posibilidades. Pueden monitorear múltiples variables urbanas. La información recopilada ayuda a tomar mejores decisiones.

El monitoreo de incendios e inundaciones salva vidas. Los

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