El terremoto del pasado 10 de agosto dejó consecuencias que van más allá de los escombros. Además de viviendas destruidas y negocios arruinados, el desastre profundizó un fenómeno silencioso. Se trata de la pobreza oculta.
Un análisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, advierte sobre esta situación. Algunas personas afectadas no están reportando sus daños. La vergüenza las detiene.
Mientras tanto, el balance oficial de la emergencia sigue creciendo. Sin embargo, estas cifras no reflejan la realidad completa. Muchas familias permanecen invisibles para el sistema.
La magnitud documentada de la emergencia creció 81,8% en menos de dos semanas. El reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) muestra este incremento. Pasó de contabilizar 123.789 familias afectadas el 18 de agosto a 225.024 con corte al 31 de agosto. Este último balance estaba disponible al 1 de septiembre.
El incremento no significa necesariamente que el desastre haya crecido en esa proporción. Las autoridades continúan verificando los reportes enviados desde los municipios afectados. También los consolidan y suman.
Aun así, existe una preocupación adicional. Las cifras oficiales todavía no permiten determinar cuántas familias están por fuera del registro. Estas familias no han reportado sus daños.
La UNGRD contabiliza además 235.975 viviendas dañadas. De estas, 198.720 presentan averías. Por otro lado, 37.255 fueron destruidas.
Esta cifra no puede compararse directamente con el número de hogares afectados. Sin embargo, sí permite dimensionar la amplitud de la emergencia. El terremoto golpeó distintas zonas del país.
El impacto también alcanzó viviendas ubicadas en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. Allí resultaron afectadas familias que antes del terremoto contaban con ingresos suficientes. Vivían sin mayores dificultades.
Algunas pueden haber perdido repentinamente su vivienda o su negocio. Pese a ello, deciden no solicitar subsidios. Tampoco se reconocen dentro de la población damnificada.
Ese comportamiento es precisamente el que preocupa a los investigadores. Según el análisis de la Universidad de San Buenaventura, el terremoto aceleró la pobreza oculta. Esto ocurrió en poco más de tres semanas. También modificó la forma en que suele presentarse este fenómeno.
En esta emergencia, el deterioro económico puede comenzar con la pérdida del activo. Este activo sostenía al hogar. Mientras tanto, las deudas y demás obligaciones continúan corriendo.
Javier Aceros es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. También es autor del análisis. Explica que detrás de esta decisión puede existir una defensa de la identidad.
“No es orgullo ni terquedad. Puede tratarse de una defensa de su identidad”, señala el docente. Se refiere a quienes evitan solicitar ayuda.
Según Aceros, la persona puede reconocer que perdió su hogar o su negocio. Sin embargo, no acepta que esa situación la ubica ahora dentro de un grupo vulnerable. Este grupo recibe ayudas estatales.
“Aceptar la ayuda equivale a aceptar una etiqueta nueva sobre quién es”, agrega. Esta percepción puede convertirse en una barrera. Impide acceder oportunamente a los mecanismos previstos para atender la emergencia.
El fenómeno adquiere una dimensión económica cuando los hogares intentan resolver por cuenta propia las consecuencias. El análisis identifica varios casos posibles entre los afectados.
Están las familias de clase media con créditos hipotecarios que no quieren hacer fila. También hay personas que ya tenían dificultades económicas. Temen ser señaladas como aprovechadas. Además, están quienes perdieron un negocio, pero no su vivienda.
En estos casos, una de las principales dificultades es la comparación. Las personas pueden considerar que su situación no es suficientemente grave. La comparan frente a la de otros damnificados.
La expresión “hay gente peor que yo” aparece en el análisis como una señal de alerta. La comparación puede llevar a que un hogar minimice sus propias pérdidas. Entonces decide no buscar apoyo.
“Suena a solidaridad, pero puede funcionar como un permiso para no actuar ni aceptar la ayuda disponible”, explica Aceros. La persona se compara con quienes enfrentan situaciones aparentemente más graves. Termina descartando su propio caso antes de que lo haga el sistema.
A esto se suma el desarraigo. También está la percepción de convertirse en una carga para familiares y amigos.
Las señales pueden aparecer en comportamientos cotidianos. Por ejemplo, minimizar los daños. También cambiar de tema cuando se habla de la emergencia. Igualmente, rechazar donaciones. Además, evitar recibir visitas o endeudarse en silencio para pagar el arriendo.
El riesgo es que una familia que antes tenía capacidad económica termine recurriendo a tarjetas. También puede recurrir a préstamos informales para sostener gastos básicos. Mientras tanto, intenta recuperar las condiciones que tenía antes del terremoto.
“El costo no es solo emocional. Es económico y se asume durante años”, advierte Aceros.
El docente plantea el caso de una familia que solicita dinero a un prestamista. Busca evitar pedir un subsidio estatal. Esa decisión, sostiene, puede terminar dejando al hogar en una situación financiera peor. Incluso peor que la que enfrentaba inmediatamente después del sismo.
La dimensión de este problema se cruza con las necesidades generales de reconstrucción. El Gobierno estima que el costo de recuperación supera los $30 billones. Este proceso deberá atender viviendas, negocios y otras afectaciones.
Por eso, los hogares que no aparecen en los registros pueden quedar por fuera. No solo de los apoyos disponibles. También de la fotografía que permite calcular la magnitud económica de la emergencia.
En este contexto, septiembre se convierte en un mes decisivo. Es crucial para las familias que todavía no han reportado sus daños.
Vivienda Milagro contempla una primera fase de atención de la emergencia hasta el 30 de septiembre. Posteriormente, entre octubre de 2026 y marzo de 2027, están previstas acciones de mejoramiento. También arriendos y primeros subsidios. Mientras tanto, la reconstrucción tendrá una duración estimada de dos a cuatro años.
Para acceder a estos procesos resulta fundamental estar inscrito en el Registro Único de Damnificados. El plazo extraordinario vence el 4 de septiembre. Esto aplica en los municipios donde la reapertura continúa habilitada.
El procedimiento no se realiza por internet. El primer paso consiste en reportar el daño ante Bomberos. También puede hacerse ante la oficina de Gestión del Riesgo del municipio correspondiente.
Después del reporte se programa una visita técnica para verificar la afectación. Solo una vez realizada esa certificación la familia puede quedar inscrita en el registro.
El trámite es gratuito. Por lo tanto, cualquier persona que cobre dinero por realizar este proceso estaría incurriendo en un fraude. Así lo indica la información suministrada sobre el procedimiento.
Los apoyos ya definidos también muestran la importancia de que los hogares afectados aparezcan en los registros. En Chocó se estableció una ayuda de $875.452 mensuales durante tres meses. Existe posibilidad de prórroga.
En Risaralda, el apoyo corresponde a $1.050.000 mensuales durante tres meses. También con posibilidad de extensión.
El análisis plantea que solicitar ayuda no significa desplazar a otra familia. Tampoco quitarle recursos. El registro permite documentar los daños. También establecer cuánto se necesita para la reconstrucción.
En ese sentido, el problema de la pobreza oculta no termina en la decisión individual. No se trata solo de pedir o no un subsidio. También puede afectar la capacidad institucional para dimensionar las necesidades reales de las comunidades.
Aceros recomienda acompañar a quienes presentan resistencia a registrarse. Incluso en una acción tan concreta como llamar junto a ellos a las entidades encargadas. También solicitar la visita correspondiente.
Además, pide evitar frases destructivas como “no es para tanto” o “peor están otros”. Estas pueden reforzar la percepción de que la situación propia no merece atención.
La advertencia cobra especial relevancia cuando el balance oficial todavía está en construcción. Las autoridades reportan 225.024 familias afectadas. También 235.975 viviendas con algún nivel de daño.
No existe todavía una cifra que permita determinar cuántos hogares permanecen por fuera de esos registros. La emergencia, por tanto, tiene una dimensión documentada. También otra que puede seguir oculta.
La frase de Aceros resume el alcance de esta situación. “Lamentablemente quien no aparece en ese papel no existe para la reconstrucción”.
En medio de una emergencia cuyo costo supera los $30 billones, cada registro cuenta. El proceso de recuperación podría extenderse hasta cuatro años. Por eso, el registro de cada afectación adquiere una importancia que va más allá. No se trata solo de recibir una ayuda inmediata.
Las familias que permanecen invisibles enfrentan un doble riesgo. Por un lado, quedan excluidas de los apoyos institucionales diseñados para la emergencia. Por otro, pueden caer en espirales de endeudamiento que agravan su situación económica.
El fenómeno de la pobreza oculta revela una paradoja. Justamente quienes podrían beneficiarse de los mecanismos de apoyo son quienes más resistencia presentan. Esta resistencia no es irracional. Responde a construcciones identitarias profundas.
Durante años, estas familias se definieron como autosuficientes. Construyeron su identidad sobre la capacidad de resolver sus problemas sin ayuda externa. Aceptar un subsidio significa renunciar a esa narrativa personal.
El terremoto no solo destruyó viviendas y negocios. También fracturó las historias que las personas se contaban sobre sí mismas. Reconstruir esas narrativas puede ser tan complejo como reconstruir los edificios.
Los investigadores señalan que el problema no se resolverá únicamente con campañas de información. No basta con recordar que el plazo vence el 4 de septiembre. Tampoco con explicar los pasos del registro.
Se requiere un abordaje que reconozca la dimensión psicológica del fenómeno. Las intervenciones deben considerar que pedir ayuda representa para muchos un quiebre identitario.
El acompañamiento cercano aparece como una estrategia fundamental. Que un vecino, familiar o amigo acompañe el proceso puede marcar la diferencia. Esta presencia reduce la sensación de vulnerabilidad.
También resulta crucial el lenguaje utilizado en las campañas de registro. Evitar términos que refuercen estigmas. Presentar el registro como un derecho y no como una caridad.
La pobreza oculta tras el terremoto también puede aumentar el endeudamiento. Las familias que optan por resolver la situación por cuenta propia recurren a mecanismos informales. Estos mecanismos suelen tener costos financieros muy superiores a los subsidios estatales.
Un préstamo informal para pagar tres meses de arriendo puede generar intereses que se extienden por años. Mientras tanto, el subsidio estatal habría cubierto ese período sin generar deuda adicional.
La decisión de no registrarse, entonces, no solo afecta el presente inmediato. Hipoteca el futuro económico de las familias. Las consecuencias se extienden mucho más allá del período de emergencia.
Los casos más complejos son aquellos en que las familias perdieron su fuente de ingresos. Pero mantienen obligaciones financieras previas al terremoto. Un negocio destruido no elimina el crédito que se solicitó para montarlo.
Una vivienda inhabitable no cancela la hipoteca que todavía se está pagando. Estas familias enfrentan una ecuación imposible. Deben seguir pagando por activos que ya no existen o no pueden usar.
Sin embargo, muchas de ellas no solicitan alivios financieros ni apoyos estatales. Temen que hacerlo las exponga a perder lo poco que les queda. O que las señale públicamente como personas en situación de vulnerabilidad.
El análisis de la Universidad de San Buenaventura identifica también casos de personas que ya tenían dificultades económicas. Antes del terremoto, estas familias enfrentaban problemas para cumplir sus obligaciones. El desastre empeoró su situación.
Paradójicamente, estas personas pueden ser las más reacias a pedir ayuda. Temen ser vistas como aprovechadas. O que se les acuse de exagerar daños para obtener beneficios.
Esta preocupación no es infundada. En contextos de emergencia suelen circular narrativas sobre personas que “se aprovechan de la situación”. Estas narrativas generan un clima de sospecha que inhibe las solicitudes legítimas de ayuda.
Las familias vulnerables antes del terremoto quedan atrapadas en una doble invisibilidad. No aparecían en las estadísticas de pobreza porque mantenían estrategias de supervivencia que las ocultaban. Ahora tampoco aparecen en los registros de damnificados por temor al estigma.
Los municipios afectados enfrentan el desafío de identificar estos casos. Las visitas técnicas programadas pueden detectar daños materiales. Pero difícilmente capturan la dimensión psicológica y económica del problema.
Se requieren estrategias de búsqueda activa. No esperar a que las familias reporten. Sino identificar proactivamente casos de posible pobreza oculta.
Los líderes comunitarios pueden jugar un papel fundamental en este proceso. Conocen las dinámicas locales. Pueden identificar familias que presentan señales de alerta. Y pueden mediar entre estas familias y las instituciones.
Sin embargo, esta mediación debe realizarse con extremo cuidado. Respetar la privacidad y la dignidad de las personas. Evitar exponer públicamente situaciones que las familias prefieren mantener reservadas.
El fenómeno de la pobreza oculta también plantea interrogantes sobre el diseño de las políticas de emergencia. Los mecanismos actuales asumen que las personas afectadas reportarán sus daños. Pero esta suposición no se cumple en todos los casos.
¿Cómo diseñar sistemas que lleguen también a quienes no se auto-reportan? ¿Cómo equilibrar la necesidad de verificación con la urgencia de la atención? ¿Cómo evitar que los requisitos burocráticos se conviertan en barreras adicionales?
Estas preguntas no
