La reforma pensional en Colombia está a punto de convertirse en una realidad. La comisión séptima de la Cámara de Representantes ha aprobado el proyecto de ley con una mayoría significativa: 17 votos a favor y 4 en contra, aunque en algunos casos la votación fue de 16 a 5. Este apoyo provino de congresistas de bancadas independientes, dos del Partido Liberal y dos de La U. La reforma, que ha avanzado rápidamente, se mantiene casi idéntica a la propuesta inicial del Gobierno de Gustavo Petro, aunque algunos puntos de discusión quedaron pendientes para el último debate en la plenaria de la Cámara.
El presidente Gustavo Petro expresó su satisfacción en su cuenta de X: “Felicito a la comisión séptima de la cámara por aprobar la reforma pensional. Millones de ancianos y ancianas sin pensión hoy, sabrán agradecer el esfuerzo del congreso atacado hoy hasta por la delincuencia”. La rapidez con la que ha avanzado la reforma contrasta con el estancamiento de otros trámites legislativos, especialmente tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Hace apenas dos semanas, el destino de la reforma pensional era incierto, a pesar de ser la más viable de las tres reformas sociales propuestas por Petro. Sin embargo, desde entonces, los cambios al sistema pensional han avanzado a gran velocidad, mientras el Gobierno ha postergado la radicación de una nueva reforma a la salud.
La reforma no ha modificado los elementos que afectan directamente a los trabajadores: la cotización seguirá siendo del 16% de sus ingresos, y la edad de jubilación se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. El Gobierno ha indicado que el debate sobre estos parámetros se realizará más adelante. La principal discusión ha sido sobre el umbral, el límite hasta el cual los colombianos deberán aportar para pensión a la estatal Colpensiones, y a partir del cual deberán dirigir ese ahorro obligatorio a fondos privados de pensiones. Desde el inicio, el presidente Petro anticipó que esta sería la batalla más intensa. “Si lo bajas [el umbral] ―y claro, los fondos privados tendrían unos años más de ganancias, no más, porque igual se va a acabar―, reduces el número de personas adultos mayores, hombres y mujeres, que hoy sin pensión pueden recibir un bono pensional”, afirmó el 22 de marzo de 2023.
El esquema propuesto por el Gobierno cambia un confuso régimen en el que compiten sistemas diferentes, por uno más claro, compuesto por cuatro pilares para el pago de jubilaciones. El primero, el pilar solidario, es un subsidio mensual para los adultos mayores en condición de pobreza. El segundo, el semicontributivo, se prevé para quienes alcanzaron a aportar algo al sistema, pero no lo suficiente para lograr una pensión, y recibirán un monto mensual sumando sus ahorros y un subsidio. El tercero, llamado contributivo, es una mesada pensional con ahorros manejados por el Estado y un monto definido a partir de los ingresos de los últimos años de la vida laboral. El cuarto, el pilar de ahorro individual, es un pago adicional al contributivo, con aportes manejados por fondos privados y reglas diferentes para definir su monto. El debatido umbral es ese límite entre los umbrales contributivo y de ahorro individual.
La propuesta inicial del Gobierno fue marcar ese límite en cuatro salarios mínimos mensuales de ingresos, equivalentes a 5,2 millones de pesos, o unos 1.300 dólares, en 2024. Ha insistido en la necesidad de un umbral alto, que aliviaría las finanzas del Estado y permitiría destinar más recursos a entregar subsidios a los adultos mayores que no logran pensionarse. Entre más alto el umbral, más recursos recibiría el Ejecutivo cada mes, aunque también tendría más obligaciones pensionales en el futuro. El debate, complejo por sus múltiples efectos, no es teórico: de los aproximadamente 19,1 millones de colombianos que se han afiliado para aportar a los fondos privados en el régimen actual, 18,5 dejarían de hacerlo — los otros 600.000 lo harían con una parte de sus ingresos. Su gremio, Asofondos, ha dicho que eso destruiría el ahorro de los trabajadores actuales, afectaría el mercado de capitales y la financiación de obras que se hace con ese dinero, y ha pedido insistentemente que se fije ese límite en un salario mínimo.
El pulso político llevó a que la propuesta del Gobierno bajara a tres salarios mínimos, una cifra muy alta para muchos analistas, que han hablado de límites de dos salarios mínimos, o de 1,5. Y cuando la reforma parecía empantanada en la plenaria del Senado, un acuerdo entre el Gobierno y los senadores independientes para llevarlo a 2,3 salarios mínimos la salvó, pese a que la ministra del Trabajo había dicho que, con ese umbral, la reforma ya “no valdría la pena”. Se trataba de un pacto logrado por el presidente y el ministro del Interior, el antiguo senador liberal Luis Fernando Velasco, con senadores del antiguo partido y de La U. Aunque el Gobierno celebró el logro legislativo, un bálsamo después del naufragio de su más visible reforma al sistema de salud, el presidente sorprendió: en su alocución con tal motivo, reiteró que busca que el umbral regrese a cuatro salarios mínimos. “El pilar tres es para quienes cotizan entre 1 y 2,3 salarios mínimos mensuales que estarán en Colpensiones, yo pienso ponerlo hasta cuatro salarios mínimos, si la Cámara me acompaña”, dijo en la noche del miércoles 24 de abril.
Sin embargo, una cosa es lo que dice Petro y otra la que ocurre. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acompañó a representantes cercanos al Gobierno en la mañana de este viernes, al simbólico acto de radicación de la ponencia positiva de la reforma el pasado viernes 17 de mayo, y así mantuvo las posibilidades de que la reforma salga adelante, cuando queda tan solo un mes de sesiones legislativas. El avance veloz era, justamente, la meta de la representante Martha Alfonso, oficialista de la Alianza Verde y coordinadora de los ponentes.
Ese modelo, uno de trámite rápido en aceitado por acuerdos políticos previos con concesiones de varios lados, se repitió en la comisión séptima. Esta aceptó lo propuesto por la ponencia y lo dejó como venía desde el Senado. Este miércoles, la representante Martha Alfonso, oficialista de la Alianza Verde y coordinadora de los ponentes, pidió dejar para la plenaria esa discusión debate político. Sin embargo, tras una discusión larga, se votó una propuesta del representante de La U, Víctor Manuel Salcedo, de bajar el umbral a 1,5 salarios mínimos. Solo los cuatro opositores acompañaron la proposición. Salcedo votó en otras ocasiones con la oposición en una postura que recordó que si bien el Gobierno ha logrado armar una mayoría amplia en favor de la reforma pensional, hay asuntos aún pendientes.
Justamente, la plenaria de la Cámara enfrentará esos debates. No solo la posibilidad de reabrir la discusión del umbral, sino también asuntos como las comisiones que recibirán los fondos privados, la duda sobre si el proceso ha cumplido con el requisito de que el proyecto de ley tenga el aval fiscal exigido por la Corte Constitucional o el futuro del esquema especial para las minorías étnicas y los campesinos.
