El expresidente boliviano Evo Morales solicitó formalmente al Gobierno la entrega de un pasaporte diplomático. Además, argumentó que necesita el documento para atender invitaciones internacionales. Sin embargo, su petición llega en medio de graves investigaciones judiciales en su contra.
A través de la emisora cocalera Kawsachun Coca, Morales expresó su reclamo públicamente. “Le pido al canciller que me mande mi pasaporte diplomático, no quieren darme, qué egoísmo”, declaró el exmandatario. Asimismo, afirmó que le corresponde “por derecho” al tratarse de un expresidente.
Según manifestó, la falta del pasaporte le impide viajar fuera del país. Por consiguiente, no puede cumplir con actividades internacionales pendientes. No obstante, rechazó versiones sobre otros supuestos fines de su solicitud.
Morales aseguró que no tiene intención de darse a la fuga. “Aunque me maten, me voy a quedar aquí, no tengo por qué escaparme”, manifestó enfáticamente. Posteriormente, dijo que su solicitud responde a que le “llueven invitaciones” fuera del país.
El expresidente y líder cocalero se encuentra atrincherado desde octubre de 2024. Específicamente, permanece en su bastión del Trópico de Cochabamba bajo el resguardo de sus seguidores. De esta manera, busca evitar su aprehensión en el marco de una investigación penal.
El exmandatario está imputado por el delito de trata de menores. Concretamente, se le acusa de haber presuntamente embarazado a una menor de edad en 2016. En aquel entonces, Morales ejercía como presidente de Bolivia.
Según la investigación de la Fiscalía, Morales y una joven que entonces tenía 16 años tuvieron una hija. Posteriormente, inscribieron a la niña en un registro civil de la localidad de Yacuiba. Esta localidad es fronteriza con Argentina.
La partida de nacimiento es la prueba sobre la que se fundamenta el caso. Por lo tanto, constituye el documento central de la acusación contra el exmandatario. Mientras tanto, Morales niega sistemáticamente las acusaciones en su contra.
El exmandatario fue convocado dos veces a prestar su declaración en la ciudad de Tarija. La primera citación ocurrió en octubre de 2024. Luego, fue convocado nuevamente en enero de 2025. Sin embargo, no se presentó en ninguna de las dos ocasiones.
Tras su segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado lo declaró en rebeldía. Además, dispuso su arraigo y la anotación de sus bienes. Finalmente, emitió una segunda orden de arresto que hasta la fecha no se ejecuta.
En ese contexto, Morales permanece en una suerte de arresto domiciliario. Sus seguidores han montado una guardia que lo vigila de manera permanente. De hecho, controlan los accesos al Trópico de Cochabamba donde reside.
El Decreto Supremo 1891 de febrero de 2014 establece disposiciones sobre pasaportes diplomáticos. Entre los beneficiarios de este documento figuran los expresidentes de Estado. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo, Morales tendría derecho al pasaporte.
No obstante, la normativa no especifica las causales para limitar la emisión de este documento. Sin embargo, otra legislación faculta al Gobierno a actuar en casos especiales. Específicamente, a través de la Cancillería o la Dirección de Migración.
Estas instituciones pueden “suspender, cancelar o anular” pasaportes según las circunstancias. Por consiguiente, el Gobierno tendría atribuciones para negar el documento a Morales. Especialmente considerando su situación judicial actual.
Infobae intentó comunicarse con la Cancillería para conocer su posición sobre el reclamo. No obstante, hasta la publicación de la información no se obtuvo respuesta oficial. Por ende, la postura gubernamental permanece desconocida.
El tema de los pasaportes diplomáticos y oficiales ha estado en el centro de la controversia. Particularmente, cobró relevancia en los últimos meses tras un escándalo. Entonces, se descubrió que la exdiputada Laura Rojas ingresó al país con 32 maletas.
Rojas llegó a finales de noviembre en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos. Además, utilizó un pasaporte diplomático para facilitar el tránsito de las valijas. Posteriormente, el contenido de estas maletas quedó bajo investigación.
Las valijas fueron llevadas a depósitos aduaneros en la ciudad de Santa Cruz. Luego, fueron trasladadas a un galpón donde más tarde se encontró droga. Consecuentemente, el caso derivó en la aprehensión de la exdiputada.
Este escándalo generó cuestionamientos sobre un posible uso indebido del documento oficial. El pasaporte diplomático tiene un uso reservado para funciones de representación. Asimismo, solo se otorga en determinadas condiciones reconocidas por el Estado.
En paralelo, el caso abrió el debate sobre los controles de los pasaportes diplomáticos. También surgieron preguntas sobre la fiscalización de estos documentos. Igualmente, se cuestionaron las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería tiene facultades para otorgar, suspender o retirar estos pasaportes en caso de irregularidades. Por lo tanto, el caso Rojas evidenció posibles vacíos en el control. Además, mostró la necesidad de mayor transparencia en la emisión.
La solicitud de Morales llega precisamente en este contexto de mayor escrutinio. Por consiguiente, su pedido enfrenta un ambiente de mayor cautela institucional. Además, su situación judicial complica aún más la decisión gubernamental.
El expresidente gobernó Bolivia entre 2006 y 2019. Durante ese período, fue una figura central de la política latinoamericana. Sin embargo, su salida del poder estuvo marcada por controversias y acusaciones de fraude electoral.
Desde entonces, Morales ha mantenido influencia sobre sectores del Movimiento al Socialismo (MAS). No obstante, también ha enfrentado divisiones internas dentro de su propio partido. Paralelamente, ha acumulado diversos procesos judiciales en su contra.
Su permanencia en el Trópico de Cochabamba refleja la polarización política boliviana. Por un lado, sus seguidores lo consideran víctima de persecución política. Por otro lado, sus detractores exigen que responda ante la justicia.
La situación genera un dilema complejo para las autoridades bolivianas. Ejecutar la orden de arresto podría desencadenar conflictos sociales. Sin embargo, no hacerlo debilita el estado de derecho.
El caso también plantea interrogantes sobre los límites de los fueros especiales. Los expresidentes gozan de ciertos privilegios y protecciones. No obstante, estos no deben convertirse en mecanismos de impunidad.
La comunidad internacional observa atentamente el desarrollo de este caso. Particularmente, organizaciones de derechos humanos monitorean el proceso judicial. Además, evalúan si se respetan las garantías del debido proceso.
Mientras tanto, Morales continúa manifestándose públicamente a través de medios afines. Regularmente utiliza la radio cocalera para comunicarse con sus bases. De esta manera, mantiene su presencia en el debate político nacional.
El exmandatario insiste en que las acusaciones en su contra son políticamente motivadas. Además, denuncia supuesta persecución por parte del Gobierno actual. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que las pruebas respaldan la investigación.
La partida de nacimiento de la presunta hija de Morales constituye evidencia documental. Este registro oficial fue inscrito cuando la madre era menor de edad. Por lo tanto, configuraría el delito investigado independientemente de consideraciones políticas.
El municipio de Villa Tunari, cerca del lugar donde vive Morales, se ha convertido en su refugio. Allí, el expresidente cuenta con amplio respaldo de las organizaciones cocaleras. Estas agrupaciones han declarado su disposición a defenderlo.
La situación genera preocupación sobre posibles enfrentamientos si las autoridades intentan ejecutar la orden de arresto. Previamente, ya se han registrado tensiones y bloqueos de carreteras. Por ende, existe temor de escalada de violencia.
El Gobierno enfrenta presiones desde múltiples frentes respecto a este caso. Por un lado, sectores exigen firmeza en la aplicación de la justicia. Por otro lado, existe preocupación por la estabilidad social.
La decisión sobre el pasaporte diplomático adquiere así dimensiones que trascienden lo meramente administrativo. Representa una señal sobre cómo el Estado maneja casos sensibles políticamente. Además, refleja el equilibrio entre derechos individuales y obligaciones legales.
El silencio de la Cancillería hasta el momento sugiere deliberaciones internas sobre la respuesta. Probablemente, las autoridades evalúan las implicaciones legales y políticas de cada alternativa. Mientras tanto, la presión pública aumenta desde distintos sectores.
La normativa vigente ofrece margen de interpretación en este caso particular. Si bien Morales podría tener derecho formal al pasaporte, su situación judicial es excepcional. Por consiguiente, las autoridades deben ponderar estos factores contradictorios.
El precedente que se establezca tendrá implicaciones para casos futuros. Determinará si las investigaciones penales pueden limitar privilegios diplomáticos. Asimismo, definirá el alcance de las atribuciones gubernamentales sobre estos documentos.
La controversia continúa sin resolución aparente a corto plazo. Morales mantiene su reclamo público del pasaporte diplomático. Paralelamente, permanece resguardado en su bastión evitando la orden de arresto vigente.
