El expresidente boliviano Evo Morales solicitó formalmente al Gobierno la entrega de un pasaporte diplomático. Además, argumentó que necesita el documento para atender invitaciones internacionales. Por otra parte, aseguró que distintos países lo han convocado. Sin embargo, permanece recluido en su bastión del Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024.
Morales expresó su reclamo a través de la emisora cocalera Kawsachun Coca. Asimismo, manifestó su frustración con las autoridades. “Le pido al canciller que me mande mi pasaporte diplomático, no quieren darme, qué egoísmo”, declaró. Posteriormente, afirmó que le corresponde “por derecho” como exmandatario. No obstante, la Cancillería no ha emitido respuesta oficial sobre su solicitud.
El exmandatario rechazó versiones sobre supuestos fines de evasión judicial. Además, negó cualquier intención de fugarse del país. “Aunque me maten, me voy a quedar aquí, no tengo por qué escaparme”, manifestó enfáticamente. Igualmente, insistió que su petición responde a compromisos internacionales. “Por derecho, por norma, me corresponde un pasaporte diplomático”, aseveró. Según sus palabras, le “llueven invitaciones” desde el extranjero.
Morales enfrenta una investigación por abuso de menores desde hace más de un año. En efecto, está imputado por el delito de trata de menores. Según la Fiscalía, habría embarazado a una menor en 2016. En aquel entonces, ejercía como presidente de Bolivia. La joven tenía 16 años cuando supuestamente iniciaron una relación.
La investigación señala que ambos tuvieron una hija juntos. Posteriormente, inscribieron a la menor en un registro civil. El documento proviene de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina. De hecho, la partida de nacimiento constituye la prueba fundamental del caso.
Las autoridades judiciales convocaron al exmandatario en dos ocasiones. Primero, en octubre de 2024 debía presentarse en Tarija. Luego, fue citado nuevamente en enero de 2025. Sin embargo, no acudió a ninguna de las convocatorias.
Tras su segunda inasistencia, el juez Nelson Rocabado tomó medidas contundentes. Consecuentemente, declaró a Morales en rebeldía. También dispuso su arraigo y la anotación de sus bienes. Además, emitió una segunda orden de arresto contra el expresidente. No obstante, hasta la fecha la orden no se ha ejecutado.
Morales permanece en su bastión tropical de Cochabamba desde hace más de un año. Específicamente, se encuentra atrincherado desde octubre de 2024. Sus seguidores han montado una guardia permanente en el lugar. De esta manera, evitan su aprehensión por parte de las autoridades.
La situación configura una suerte de arresto domiciliario voluntario. Por un lado, el expresidente no puede salir sin ser detenido. Por otro lado, las fuerzas del orden no ingresan a ejecutar la orden. Mientras tanto, sus partidarios vigilan constantemente el perímetro.
El Decreto Supremo 1891 de febrero de 2014 regula los pasaportes diplomáticos. En efecto, establece que los expresidentes tienen derecho a este documento. Sin embargo, no especifica causales para limitar su emisión. Aun así, otra normativa otorga facultades al Gobierno.
La Cancillería y la Dirección de Migración pueden actuar discrecionalmente. Específicamente, están facultadas para “suspender, cancelar o anular” pasaportes. Por lo tanto, existe base legal para negar el documento a Morales. No obstante, también podría argumentarse su derecho como exmandatario.
El tema de los pasaportes diplomáticos ha generado controversia reciente. Particularmente, surgió un escándalo vinculado a la exdiputada Laura Rojas. A finales de noviembre, ingresó al país en circunstancias sospechosas. Además, llegó acompañada de 32 maletas cuyo contenido se investiga.
Rojas arribó en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos. Asimismo, utilizó un pasaporte diplomático para facilitar el tránsito. Las valijas fueron llevadas a depósitos aduaneros en Santa Cruz. Posteriormente, las trasladaron a un galpón donde se encontró droga.
El caso derivó en la aprehensión de la exdiputada. Igualmente, generó cuestionamientos sobre el uso indebido de documentos oficiales. El pasaporte diplomático está reservado para funciones de representación. También corresponde a personas en determinadas condiciones reconocidas por el Estado.
Este escándalo abrió un debate sobre controles y fiscalización. Específicamente, se cuestiona la supervisión de los pasaportes diplomáticos. Además, se discuten las atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. La institución tiene potestad para otorgar, suspender o retirar estos documentos.
El contexto político boliviano añade complejidad al reclamo de Morales. El expresidente mantiene una relación tensa con el actual gobierno. Además, enfrenta múltiples procesos judiciales además del de trata de menores. Por lo tanto, su solicitud se interpreta en un marco de confrontación política.
Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019. Durante ese período, fue una figura dominante en la política nacional. También alcanzó proyección internacional como líder indígena. Sin embargo, su salida del poder estuvo marcada por controversias.
Actualmente, el expresidente mantiene influencia en sectores sociales. Particularmente, conserva el respaldo de los productores de coca. Además, cuenta con seguidores leales en el departamento de Cochabamba. De hecho, este apoyo le permite mantenerse protegido en su bastión.
La radio cocalera Kawsachun Coca sirve como plataforma de comunicación. A través de ella, Morales difunde sus mensajes y reclamos. Igualmente, mantiene contacto con sus bases sociales. Por consiguiente, la emisora se ha convertido en su principal canal.
El municipio de Villa Tunari alberga la residencia del expresidente. Esta localidad se encuentra en el Trópico de Cochabamba. Además, constituye el corazón de la zona cocalera. Por esta razón, Morales cuenta allí con mayor respaldo popular.
La situación plantea interrogantes sobre el Estado de derecho en Bolivia. Por una parte, existe una orden de arresto sin ejecutar. Por otra parte, un expresidente permanece prófugo sin consecuencias inmediatas. Mientras tanto, las autoridades parecen evitar una confrontación directa.
El caso también evidencia las tensiones entre poder político y justicia. Las acusaciones contra Morales son graves y están sustentadas en pruebas. Sin embargo, su capacidad de movilización social complica la acción judicial. En consecuencia, se genera una situación de impasse.
Infobae intentó obtener la posición oficial de la Cancillería. No obstante, hasta la publicación no se recibió respuesta. Esta ausencia de pronunciamiento añade incertidumbre al caso. Además, deja sin aclarar los criterios para otorgar o negar pasaportes diplomáticos.
La comunidad internacional observa el desarrollo de estos acontecimientos. Particularmente, varios países han manifestado preocupación por la situación. Además, organismos de derechos humanos siguen el caso de cerca. Sin embargo, no han emitido pronunciamientos definitivos sobre el tema.
El reclamo de Morales por el pasaporte diplomático continuará generando debate. Además, evidencia las complejidades del sistema político y judicial boliviano. Mientras tanto, el expresidente permanece en su refugio del Trópico. Igualmente, las autoridades mantienen su postura sin ejecutar la orden de arresto.
