La senadora Nadia Blel Scaff anunció el miércoles 28 de octubre que su proyecto contra el fraccionamiento de contratos de prestación de servicios aprobó primer debate. Lo informó en X, según reprodujeron Portafolio y El Nuevo Siglo, que no detallan la votación.
El proyecto es el 162 de 2026 del Senado. No reforma en general ese tipo de contratos. Busca impedir que una entidad pública los parta en varios para una misma persona y una misma necesidad.
Según El Nuevo Siglo, el texto prohíbe más de un contrato de prestación de servicios entre una persona y una entidad pública. Aplica cuando coinciden el contratista, el objeto y la necesidad contractual dentro de una misma vigencia fiscal.
Además, las áreas que hacen los estudios previos deberán proyectar cuánto durará la necesidad. Para ello se guiarán por el plan anual de adquisiciones de la entidad.
Según Portafolio, la exposición de motivos describe casos en los que una persona presta servicios durante 12 meses, pero recibe pagos de solo siete u ocho, por las interrupciones entre un contrato y otro.
El artículo 3 contempla sanciones para los servidores públicos que fraccionen contratos. Según El Nuevo Siglo, serían responsables disciplinariamente y podrían ser removidos o destituidos del cargo. Portafolio añadió que se aplicaría el Código General Disciplinario, la Ley 1952 de 2019.
El título completo habla de garantizar la continuidad de los contratos profesionales y de apoyo a la gestión. También menciona prohibir su fragmentación injustificada.
Blel, del Partido Conservador, es la ponente única. Según la Gaceta del Congreso 1323, radicó la ponencia positiva el 17 de septiembre. La dirigió a la Comisión Séptima del Senado. El proyecto se había radicado el 12 de agosto.
La iniciativa tiene ocho autores, según esa gaceta. En el Senado firman Blel, Diela Liliana Benavides Solarte, Luis Eduardo Díaz Mateus y Miguel Ángel Barreto Castillo. Por la Cámara firman Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso, Carlos Alberto Pantoja Cortes, Alfredo Ape Cuello Baute y Delcy E. Isaza Buenaventura.
La senadora explicó el alcance del proyecto en su mensaje: "Detrás de cada contratista hay una persona, una familia y un proyecto de vida. Aprobamos en primer debate nuestro proyecto de ley que prohíbe la fragmentación injustificada de los contratos y promueve una mejor planeación de la contratación publica. Con esta iniciativa no buscamos cambiar la naturaleza de los contratos de prestación de servicios ni que se usen para remplazar empleos públicos. Por el contrario, pretendemos una mejor planeación, un mejor uso de los recursos públicos y respeto por quienes prestan sus servicios al Estado".
Sobre el tamaño del fenómeno, no existe una cifra oficial única de contratistas del Estado. La unidad de datos de El Tiempo cruzó el Secop Integrado con el directorio de entidades de Función Pública, según Infobae del 23 de agosto. Entre agosto de 2022 y agosto de 2026, la Rama Ejecutiva nacional firmó 884.064 contratos de prestación de servicios con personas naturales, según ese análisis. Fueron unas 228.000 personas, con casi cuatro contratos cada una en promedio, y cerca de 36 billones de pesos.
La Contraloría tiene otra medición, con corte al 7 de agosto de 2026. Según Infobae, la delegada para la Economía, Jenny Lindo, informó que las entidades del Gobierno Nacional habían comprometido 41,3 billones de pesos en 230.967 contratos. De ese total, 15,4 billones correspondían a prestación de servicios, en 214.000 contratos. Las dos cifras cubren periodos distintos.
Un proyecto de ley necesita cuatro debates. A este le faltan la plenaria del Senado y los dos de la Cámara. Las notas publicadas recogen solo la voz de la autora; no incluyen reacciones del Gobierno, del Ministerio del Trabajo ni de Función Pública.
Fuentes: Gaceta del Congreso 1065 y 1323, Portafolio, El Nuevo Siglo, Infobae.
