El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ríos, presentó cifras contundentes ante la Cámara de Representantes. Según su denuncia, los contratos de prestación de servicios en la entidad experimentaron un crecimiento de 595% entre 2022 y 2026. Este periodo corresponde al Gobierno de Gustavo Petro.
Las cifras expuestas por el funcionario revelan un panorama de expansión contractual significativa. Además, Ríos detalló que el incremento se aceleró durante el último año de la administración anterior. Entre 2025 y 2026, las órdenes de prestación de servicios aumentaron 228%.
La nueva dirección del Dapre anunció medidas drásticas frente a esta situación. Por consiguiente, se implementará una reducción de casi 65% en la contratación de personal. Asimismo, se suspenderán nuevos procesos en algunos frentes de trabajo. Paralelamente, se adelantará una auditoría para revisar cada contrato vigente de manera individual.
“Lo primero es contarles que el Dapre se convirtió en uno de los mayores ‘contrataderos’ del Estado”, afirmó Ríos durante su intervención. El funcionario expuso estas cifras como parte de la discusión presupuestal para 2027. Su declaración marcó el tono de una presentación enfocada en justificar los recortes anunciados.
La nueva administración del Dapre está vigilando la contratación heredada con especial atención. Según explicó Ríos, el proceso buscará revisar cada contrato individualmente. De esta manera, se determinará las condiciones bajo las cuales fue celebrado. También se evaluará su justificación y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
“Eso demuestra particularmente que este ‘contratadero’ que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación a portas de un proceso electoral”, afirmó el director. Por esta razón, agregó, la entidad ha comenzado a reducir toda esa contratación.
No obstante, esta afirmación corresponde a la valoración del actual director. Hasta el momento, Ríos no ha informado hallazgos concretos de irregularidades. Tampoco ha señalado que organismos de control hayan establecido responsabilidades derivadas del crecimiento de los contratos.
La contratación directa, además, no constituye por sí sola una irregularidad. En efecto, la normativa permite utilizar esta modalidad para servicios profesionales. También la autoriza para servicios de apoyo a la gestión bajo determinadas condiciones.
El ajuste anunciado por el Dapre no se concentrará únicamente en los contratos de personal. El director aseguró que el gasto relacionado con eventos también presentó un crecimiento significativo. Este incremento ocurrió durante el periodo previo a las elecciones de 2026.
Según Ríos, la contratación vinculada con ese tipo de actividades aumentó 113%. Por este motivo, ordenó detener nuevos procesos relacionados con eventos. A su juicio, estas actividades no forman parte del núcleo central de las funciones de la entidad.
“No solamente hubo exceso en la contratación de personal, sino también en los eventos”, sostuvo el funcionario. Esta declaración amplió el alcance de las medidas de ajuste anunciadas. En consecuencia, el Dapre reorientará su enfoque operativo.
El director explicó que el nuevo modelo del Dapre estará orientado a fortalecer su papel institucional. La entidad funcionará como una “torre de control gubernamental”. Desde allí se hará seguimiento a las prioridades del Ejecutivo. También se monitoreará la ejecución de proyectos estratégicos.
Adicionalmente, Ríos anunció un “plan destrabe” dirigido a identificar obstáculos normativos. Este plan buscará resoluciones, directivas y decretos que, según el Gobierno, generan trabas. Estos obstáculos afectan a ciudadanos y empresarios interesados en sacar adelante proyectos.
La estrategia hará parte del proceso de reestructuración planteado por la nueva administración. El objetivo es concentrar esfuerzos en áreas prioritarias como infraestructura. También se priorizará seguridad, conectividad y desarrollo económico.
El ajuste contractual está ligado, además, a la discusión sobre los recursos presupuestales. Ríos afirmó que el Dapre podría operar en 2027 con $924.000 millones. Esta cifra contrasta con los $4,1 billones que, según señaló, estaban presupuestados durante el Gobierno anterior.
“Con los recursos que tenemos vamos a funcionar. Vamos a pasar de $4,1 billones que se tenían presupuestados en el Gobierno anterior a $924.000 millones”, manifestó el director. Esta reducción representa una diferencia superior a los $3,1 billones.
Sin embargo, durante la intervención divulgada no se precisó si ambos montos corresponden exactamente al mismo conjunto de programas. Tampoco se aclaró si incluyen las mismas entidades y responsabilidades. Por lo tanto, no es posible establecer una comparación directa definitiva entre ambas cifras.
El debate ocurre mientras el Congreso avanza en el trámite del Presupuesto General de la Nación de 2027. El monto global aprobado por las comisiones económicas asciende a $634,9 billones. Este contexto presupuestal marca el escenario en el que se desarrollan las discusiones sobre el Dapre.
Ríos aseguró que el menor presupuesto no preocupa a la entidad. Sostuvo que la reducción de contratistas permitirá mantener la capacidad administrativa. Igualmente, afirmó que se conservará la capacidad de ejecución de la entidad.
“A nosotros no nos preocupa el recorte presupuestal porque, tal como está diseñado estructuralmente el Dapre, tenemos la capacidad de ejecutar todo el presupuesto relacionado con lo que estamos haciendo”, señaló el funcionario. Esta declaración busca transmitir confianza en la viabilidad del modelo propuesto.
Por ahora, la auditoría anunciada será clave para establecer la naturaleza del aumento contractual. Determinará si el crecimiento de la contratación respondió a necesidades operativas justificadas. También evaluará si existen situaciones que requieran revisión adicional por parte de organismos de control.
Mientras tanto, el Dapre mantiene su estrategia de reducción de órdenes de prestación de servicios. Paralelamente, continúa el control sobre nuevos procesos de contratación. Estas medidas configuran el nuevo rumbo administrativo de la entidad.
La presentación de Ríos ante la Cámara de Representantes generó debate sobre la gestión contractual del Estado. Las cifras expuestas plantean interrogantes sobre la evolución de la contratación en entidades de la Presidencia. También abren la discusión sobre los criterios de eficiencia en el uso de recursos públicos.
El funcionario enfatizó que la revisión contractual será exhaustiva y transparente. Cada acuerdo celebrado durante el Gobierno anterior será sometido a escrutinio. De esta manera, se busca garantizar que los recursos públicos se utilicen de forma apropiada.
La estrategia del nuevo Dapre implica un cambio sustancial en la operación de la entidad. La reducción de personal contratado por prestación de servicios modificará la estructura operativa. Este ajuste busca alinear la entidad con las prioridades del nuevo Gobierno.
El énfasis en el seguimiento de proyectos estratégicos marca una reorientación funcional. El Dapre dejará de concentrarse en actividades consideradas secundarias. En cambio, focalizará sus recursos en el monitoreo de iniciativas gubernamentales prioritarias.
El “plan destrabe” anunciado responde a una visión de facilitación de trámites. El Gobierno busca identificar barreras normativas que obstaculizan la actividad económica. Esta iniciativa se enmarca en una agenda de simplificación administrativa.
La suspensión de nuevos procesos de contratación relacionados con eventos refleja un cambio de prioridades. El nuevo modelo privilegia funciones de coordinación y seguimiento sobre actividades protocolarias. Este giro busca optimizar el uso de recursos limitados.
La diferencia presupuestal entre ambas administraciones genera interrogantes sobre la comparabilidad de las cifras. Es necesario precisar qué funciones, programas y entidades están incluidas en cada monto. Solo así será posible evaluar con rigor la magnitud real del ajuste presupuestal.
El contexto electoral mencionado por Ríos sugiere una interpretación política del crecimiento contractual. El director vincula el aumento de contratación con el periodo previo a las elecciones de 2026. Esta conexión temporal plantea preguntas sobre la motivación de las contrataciones.
No obstante, la ausencia de hallazgos concretos de irregularidades hasta el momento requiere cautela. Las afirmaciones del director constituyen valoraciones políticas pendientes de verificación técnica. Los organismos de control serán los encargados de establecer si hubo irregularidades.
La legalidad de la contratación directa es un elemento importante del debate. Esta modalidad está contemplada en la normativa para situaciones específicas. Su uso no implica automáticamente irregularidad, aunque puede ser objeto de revisión.
La auditoría anunciada determinará la pertinencia y justificación de cada contrato. Este proceso permitirá establecer si se cumplieron los requisitos legales. También evaluará si las contrataciones respondieron a necesidades reales de la entidad.
El nuevo modelo operativo del Dapre busca fortalecer su rol de coordinación gubernamental. La entidad se concibe como un centro de monitoreo de políticas públicas. Este enfoque contrasta con un modelo más orientado a la ejecución directa de actividades.
La estrategia de reestructuración se alinea con las prioridades del nuevo Gobierno. Infraestructura, seguridad, conectividad y desarrollo económico aparecen como ejes centrales. El Dapre se configura como instrumento de seguimiento de estas áreas prioritarias.
La reducción presupuestal anunciada implica un desafío de gestión para la entidad. Operar con menos de una cuarta parte del presupuesto anterior requiere eficiencia. El éxito de este modelo dependerá de la capacidad de mantener funciones esenciales.
La confianza expresada por Ríos en la viabilidad del nuevo modelo será puesta a prueba. La ejecución presupuestal y el cumplimiento de objetivos serán indicadores clave. El seguimiento ciudadano y parlamentario será fundamental para evaluar los resultados.
