El sistema de salud colombiano enfrenta una encrucijada sin salidas fáciles. Liquidar simultáneamente las EPS intervenidas no resolvería la crisis actual. Además, esta medida podría trasladar la presión hacia otras aseguradoras. Estas últimas tampoco cuentan con capacidad financiera ni operativa suficiente.
Un análisis reciente de FrontierView arroja luz sobre esta compleja situación. El estudio advierte sobre las limitaciones de cualquier estrategia inmediata. Incluso enfocarse únicamente en descongestionar Nueva EPS tendría alcance limitado. Esta entidad concentra actualmente 11,39 millones de afiliados en todo el país.
Las compañías con mejores condiciones financieras presentan restricciones evidentes. Solo podrían recibir una fracción pequeña de esa población vulnerable. Por tanto, el problema desborda cualquier solución rápida o simplificada.
FrontierView revisó nueve entidades bajo intervención o medidas especiales del Gobierno. La conclusión resulta contundente: ninguna podría recuperar su estabilidad financiera de forma autónoma. Tampoco podrían garantizar atención adecuada en el corto o mediano plazo. Sin embargo, cerrarlas simultáneamente tampoco representa una salida viable para el sistema.
Esta advertencia cobra relevancia tras declaraciones recientes del presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario planteó que las EPS viables podrían recuperarse gradualmente. Mientras tanto, aquellas sin condiciones suficientes avanzarían hacia liquidación ordenada. Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Vesga, ha señalado como prioridad estabilizar el sistema.
Las posibles entidades receptoras enfrentan sus propias limitaciones estructurales. FrontierView analizó tres condiciones necesarias para operar con solvencia: capital mínimo adecuado, patrimonio suficiente e inversión correcta de reservas técnicas. Los resultados revelan un panorama preocupante.
Según el estudio, Mutualser y Savia Salud no cumplían ninguno de esos requisitos básicos. Por otro lado, Compensar, Capital Salud y Familiar de Colombia alcanzaban solamente uno. Mientras tanto, Sura y Salud Total cumplían dos de los tres requisitos evaluados. No obstante, ambas presentaban deficiencias importantes en patrimonio adecuado.
Estas dos últimas aparecen como principales candidatas para recibir afiliados de Nueva EPS. El problema surge al considerar la escala de la operación necesaria. Hacerlo masivamente podría deteriorar la solvencia de las propias aseguradoras receptoras. En consecuencia, se trasladaría el problema sin resolverlo realmente.
Santiago González Barrera, analista para la Región Andina de FrontierView, lo explica claramente: “Hoy no existe una sola EPS, intervenida o no, con capacidad de sobra para absorber una migración masiva de afiliados sin poner en riesgo su propia solvencia”. Esta afirmación resume la magnitud del desafío que enfrenta el sistema.
El diagnóstico coincide con cifras de la Contraloría General citadas en el análisis. De 26 EPS con estados financieros certificados a diciembre de 2025, solamente cuatro cumplían todas las condiciones financieras requeridas. Estas eran Aliansalud, Anas Wayuu EPSI, EPM y Salud Mía.
Entre las cuatro sumaban apenas 641.713 afiliados en total. Esto representa poco más del 1% de la población asegurada en Colombia. En otras palabras, el 98,76% de los usuarios pertenecía a entidades problemáticas. Todas incumplían al menos una condición relacionada con capital, patrimonio o reservas técnicas.
La distribución geográfica añade otra capa de complejidad al problema existente. FrontierView considera que Sura y Salud Total podrían recibir algunos afiliados específicos. Estas compañías tienen redes consolidadas en el norte y centro-occidente del país. Sin embargo, esa capacidad no existe de manera uniforme en todo el territorio.
Una parte importante de los usuarios de Nueva EPS vive en zonas sin cobertura. Estos departamentos y municipios carecen de redes suficientes de otras compañías. Por esta razón, los traslados tendrían que hacerse por grupos específicos. Además, deberían focalizarse en zonas determinadas con capacidad instalada.
El estudio advierte que el volumen potencial de afiliados trasladados sería insuficiente. No lograría aliviar de manera sustancial la presión financiera de Nueva EPS. Tampoco reduciría significativamente la presión asistencial sobre esta entidad crítica.
Para mover más usuarios, el Gobierno tendría que recurrir a soluciones paradójicas. Incluso otras EPS intervenidas podrían servir como entidades puente temporales. Esto sería especialmente necesario en lugares donde son prácticamente las únicas opciones. En esas regiones mantienen redes de atención consolidadas desde hace años.
Aquí aparece una contradicción operativa difícil de resolver. Algunas compañías que eventualmente podrían liquidarse tendrían que mantenerse temporalmente. Deberían recibir o conservar usuarios mientras se organiza una nueva distribución nacional. Esto alargaría los tiempos y aumentaría la incertidumbre del proceso.
El problema es visible en el suroccidente con Emssanar y Asmet Salud. También se presenta en Casanare con Capresoca. Igualmente afecta zonas indígenas de La Guajira y Cesar atendidas por Dusakawi. En todas estas regiones, las alternativas son prácticamente inexistentes.
Coosalud ilustra perfectamente la dimensión territorial del reto que enfrenta el sistema. La entidad supera los 3,3 millones de afiliados distribuidos en múltiples regiones. Concentra 496.616 usuarios en Valle del Cauca. En Antioquia tiene 467.360 afiliados. Norte de Santander cuenta con 379.211 usuarios. Bolívar registra 364.808 afiliados. Finalmente, Atlántico suma 339.478 usuarios.
La mayor presión del sistema sigue estando en las cuentas por pagar. Las EPS terminaron 2025 con obligaciones por $58,06 billones. Esta deuda abarca hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores de servicios médicos. Representa un aumento del 26,5% frente a los $45,89 billones del año anterior.
De ese total acumulado, $47,99 billones corresponden a entidades intervenidas o bajo medidas especiales. Esta cifra equivale al 82,65% de toda la deuda del sistema. Además, 17 de las 26 EPS con información completa reportaron pérdidas operativas conjuntas. Estas ascendieron a $5,73 billones durante el período analizado.
En promedio, las aseguradoras gastaron $110 en servicios de salud. Sin embargo, solo recibieron $100 mediante la Unidad de Pago por Capitación. Diecinueve EPS superaron el 100% en ese indicador crítico de sostenibilidad. Esto evidencia un modelo financiero estructuralmente deficitario.
FrontierView considera que este escenario hace difícil pensar en soluciones rápidas. En mayo, Acemi había planteado distribuir en cuatro años un faltante estimado. En ese momento se calculaba en $34 billones. No obstante, los reportes posteriores elevaron las obligaciones por encima de $58 billones.
El Gobierno ha mencionado un recálculo de la UPC como medida correctiva. También ha propuesto un plan de choque por $10 billones. Sin embargo, el análisis señala que todavía no existe claridad sobre la fuente. La financiación de estas medidas permanece en el aire.
Liquidar una EPS, además, no significa cerrarla inmediatamente. El proceso requiere ordenar pasivos acumulados durante años. También implica definir pagos a múltiples acreedores. Finalmente, exige trasladar afiliados a otras entidades receptoras. Estas tareas históricamente han tomado varios años en completarse.
La conclusión de FrontierView es clara respecto al camino a seguir. El sistema necesitaría una reorganización gradual y bien planificada. Esta debe incluir financiación de mediano plazo con fuentes identificadas. También requiere recuperación del flujo de recursos hacia hospitales y proveedores.
Adicionalmente, se necesita fortalecimiento de las EPS receptoras antes de recibir usuarios. Finalmente, los traslados deben ajustarse a la capacidad real de cada territorio. Solo así se evitaría colapsar las entidades que aún mantienen cierta estabilidad.
El panorama del sistema de salud colombiano refleja años de desequilibrios acumulados. Las cifras revelan que el problema excede a las EPS intervenidas actualmente. Prácticamente todo el sistema enfrenta dificultades financieras y operativas de diversa magnitud.
La Procuraduría solicitó investigar a 13 exfuncionarios por la crisis de Nueva EPS. Entre ellos está Guillermo Jaramillo. Esta acción refleja la búsqueda de responsabilidades por la situación actual. Sin embargo, las investigaciones no resuelven el problema inmediato de los afiliados.
Mientras tanto, hospitales e IPS absorben el golpe financiero de las EPS. Una deuda de $58,06 billones enciende las alarmas en 2025. Estas instituciones enfrentan dificultades para pagar nóminas y adquirir insumos médicos. La presión sobre el sistema prestador se intensifica día a día.
Casi nueve de cada diez usuarios tuvo problemas para recibir medicamentos en 2026. Esta estadística refleja el impacto directo de la crisis financiera en la atención. Los colombianos enfrentan barreras crecientes para acceder a servicios de salud básicos. La situación amenaza con deteriorarse si no se implementan soluciones efectivas.
El debate sobre las EPS intervenidas continuará en los próximos meses. Las decisiones que se tomen afectarán a millones de colombianos vulnerables. Por tanto, cualquier estrategia debe equilibrar urgencia con viabilidad financiera y operativa. El sistema requiere soluciones integrales que vayan más allá de medidas aisladas.
La experiencia internacional muestra que las reformas de sistemas de salud requieren tiempo. También necesitan consensos amplios entre múltiples actores del sector. Además, demandan financiación sostenible y mecanismos de seguimiento rigurosos. Colombia enfrenta todos estos desafíos simultáneamente.
La capacidad de absorción de las EPS viables es limitada geográficamente. También está restringida financieramente por sus propias dificultades de solvencia. Por tanto, cualquier plan de traslados debe considerar estas restricciones reales. De lo contrario, se arriesga a propagar la crisis en lugar de contenerla.
Las zonas rurales y apartadas enfrentan retos adicionales en este contexto. Allí las opciones de aseguramiento son aún más limitadas que en ciudades. Muchas regiones dependen de una sola EPS para toda su población. Liquidar esa entidad sin alternativa real dejaría a miles sin cobertura efectiva.
La situación exige coordinación entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales y el sector salud. También requiere transparencia en el manejo de recursos y decisiones administrativas. Además, necesita participación de los usuarios y sus organizaciones representativas. Solo así se construirá una solución legítima y sostenible.
El recálculo de la UPC debe reflejar los costos reales de prestar servicios. Durante años, el valor de esta unidad ha sido insuficiente para cubrir gastos. Esta brecha estructural explica parte importante de las dificultades financieras actuales. Corregirla es fundamental para la viabilidad futura del sistema.
Sin embargo, aumentar la UPC sin identificar fuentes de financiación adicionales es inviable. El sistema ya enfrenta déficits enormes que superan los $58 billones. Por tanto, cualquier ajuste debe acompañarse de reformas en eficiencia y control. También debe incluir mecanismos para evitar la acumulación de nuevas deudas.
La crisis del sistema de salud colombiano no tiene soluciones mágicas. Requiere decisiones difíciles basadas en evidencia técnica y capacidad real. También necesita plazos realistas que permitan transiciones ordenadas. Finalmente, demanda compromiso político sostenido más allá de un gobierno específico.
Los millones de afiliados a EPS intervenidas esperan respuestas concretas. Necesitan garantías de que seguirán recibiendo atención médica oportuna y de calidad. También requieren certeza sobre qué entidad los cubrirá en el futuro. Esta incertidumbre afecta directamente su derecho fundamental a la salud.
El análisis de FrontierView ofrece un diagnóstico crudo pero necesario. Revela que las opciones fáciles simplemente no existen en este momento. Cada alternativa presenta riesgos significativos que deben evaluarse cuidadosamente. La toma de decisiones debe priorizar el bienestar de los usuarios finales.
La reorganización gradual propuesta implica mantener temporalmente algunas EPS intervenidas. Estas operarían bajo supervisión estricta mientras se fortalecen alternativas viables. Simultáneamente, se implementarían traslados selectivos en zonas con capacidad de absorción. Este enfoque busca minimizar disrupciones en la atención de los usuarios.
El fortalecimiento de las EPS receptoras requiere inversión y tiempo. No puede hacerse de la noche a la mañana sin comprometer su estabilidad. Por tanto, el proceso de redistribución de afiliados debe ser escalonado. Debe permitir que las entidades receptoras desarrollen capacidad antes de recibir usuarios.
La recuperación del flujo de recursos hacia hospitales y proveedores es urgente. Estas instituciones enfrentan crisis de liquidez que amenazan su operación diaria. Sin recursos suficientes, no pueden prestar servicios adecuados a los afiliados. Por tanto, resolver la deuda acumulada debe ser prioridad inmediata del Gobierno.
El plan de choque por $10 billones anunciado por el Gobierno representa un primer paso. Sin embargo, es insuficiente frente a obligaciones que superan los $58 billones. Se necesitan recursos adicionales y un cronograma claro de pagos. También se requiere transparencia sobre cómo se distribuirán estos recursos.
La situación del sistema de salud refleja problemas estructurales acumulados durante décadas. No se trata únicamente de mala gestión de algunas EPS específicas. El modelo mismo enfrenta cuestionamientos sobre su sostenibilidad financiera y operativa. Esta crisis puede ser oportunidad para reformas profundas y necesarias.
