El 10 de agosto de 2026 marcó un punto de quiebre para miles de empresarios colombianos. En apenas un par de minutos, un terremoto de 7,4 grados de magnitud destruyó no solo edificaciones. También arrasó con el sustento de familias enteras que dependían de pequeños negocios.
Durante las primeras semanas, la atención se concentró en el rescate de víctimas. Además, se priorizaron las soluciones habitacionales para quienes perdieron sus hogares. Sin embargo, un mes después del sismo, otra crisis emergió con urgencia. Miles de empresas quedaron paralizadas o completamente destruidas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas resultaron especialmente golpeadas por la tragedia. En Risaralda, el panorama refleja la magnitud del impacto sobre este sector productivo. El 89,7% de las empresas registradas en el Censo Único de Emergencia son microempresas.
Valle del Cauca presenta cifras igualmente preocupantes en términos de afectación empresarial. Más de 16.000 empresas censadas reportaron daños derivados del temblor en este departamento. Aproximadamente 7.200 negocios en Cali sufrieron consecuencias directas del movimiento telúrico. Cerca de 1.400 establecimientos en Buenaventura también registraron afectaciones significativas.
Los sectores más golpeados en Valle del Cauca abarcan diversas actividades económicas. El comercio sufrió pérdidas considerables en inventarios y estructuras físicas. El alojamiento y la gastronomía vieron cancelaciones masivas y cierres temporales. El turismo enfrentó una caída abrupta en la llegada de visitantes. Las industrias manufactureras reportaron daños en maquinaria y líneas de producción.
En el Chocó, epicentro del terremoto, la situación adquiere dimensiones aún más críticas. Casi 800 empresas resultaron afectadas en este departamento del Pacífico colombiano. Más de 160 de ellas se encuentran en estado crítico de operación. Quibdó concentra la mayoría de los casos con aproximadamente 600 negocios dañados.
El perfil de las empresas afectadas en Chocó revela una vulnerabilidad estructural. El 95,8% de los negocios perjudicados corresponden a microempresas. Estas unidades productivas carecen generalmente de reservas financieras para enfrentar emergencias. Además, operan con márgenes de ganancia muy reducidos que dificultan la recuperación.
Semanas atrás, el presidente Abelardo de la Espriella anunció medidas iniciales de reactivación. El Gobierno destinó COP 40.000 millones para apoyar a microempresas y comercios. Esta iniciativa también contempló recursos específicos para actividades turísticas afectadas por el sismo.
De este paquete inicial, cerca de COP 30.000 millones se destinaron a créditos. Estos recursos buscan facilitar el pago de nóminas a trabajadores. También permiten cubrir arriendos de locales comerciales durante la recuperación. Asimismo, ayudan a pagar a proveedores y reponer inventarios perdidos. Finalmente, contribuyen a recuperar locales, maquinarias y otros activos productivos dañados.
Los COP 10.000 millones restantes se asignaron como capital semilla para emprendedores. Estos recursos están dirigidos a ciudadanos que desean iniciar nuevos negocios. La medida busca generar alternativas económicas en las zonas más afectadas.
Ahora, mediante dos nuevos decretos, el Gobierno busca profundizar la atención empresarial. Estas normativas ofrecen herramientas específicas para evitar una ola masiva de despidos. También establecen mecanismos para preservar el tejido productivo de las regiones golpeadas.
El Ministerio de Trabajo estructuró tres mecanismos centrales para proteger el empleo. El primero consiste en un Beneficio Extraordinario de Apoyo al Pago de Nómina. Este subsidio se financia con recursos del Fondo Milagro creado específicamente para la emergencia.
El beneficio está dirigido a microempresas con hasta 10 trabajadores en su planta. También aplica para pequeñas empresas que tengan entre 11 y 50 empleados. Igualmente, pueden acceder personas naturales empleadoras con al menos un trabajador damnificado.
El monto del apoyo equivale al 40% de un salario mínimo mensual. Se otorga por cada trabajador elegible que devengue entre uno y dos salarios mínimos. El empleado debe estar registrado en la Planilla Integrada desde julio de 2026. Además, debe mantener un vínculo laboral vigente con el empleador beneficiario.
El subsidio se paga por hasta seis ciclos mensuales consecutivos o alternos. Cada mes, el empleador debe presentar una postulación independiente ante entidades financieras autorizadas. También puede tramitarse a través de cooperativas de ahorro y crédito habilitadas.
El otorgamiento del beneficio no exime al empleador de sus obligaciones laborales completas. Debe continuar pagando la totalidad del salario acordado con cada trabajador. Asimismo, debe mantener al día todos los aportes a seguridad social. Tampoco puede exigir renuncias o disminución de derechos a cambio del subsidio.
El segundo mecanismo consiste en una Protección Económica Extraordinaria para trabajadores cesantes. Esta medida beneficia tanto a empleados dependientes como a trabajadores independientes. Se articula con el Mecanismo de Protección al Cesante ya existente.
El apoyo consiste en un pago único equivalente a 0,5 salarios mínimos. Este monto se gira en dos cuotas del 50% cada una. Para acceder, los trabajadores deben estar inscritos en el Registro Único de Damnificados.
También deben acreditar al menos seis meses de aportes a cajas de compensación. Estos aportes deben haberse realizado en los últimos cinco años previos al terremoto. Además, los beneficiarios deben estar actualmente sin empleo ni pensión de ningún tipo.
Las solicitudes se atienden en estricto orden de radicación hasta agotar recursos disponibles. El programa se financia con el 10% de ciertas subcuentas del FOSFEC. Este mecanismo es incompatible con la transferencia ordinaria del mismo fondo.
El tercer frente incorpora medidas laborales transitorias para facilitar ajustes operativos temporales. Los trabajadores con contrato suspendido por causa directa del terremoto obtienen nuevos derechos. Podrán retirar parcialmente sus cesantías acumuladas de forma voluntaria y anticipada.
El monto del retiro corresponde a los salarios que dejarán de percibir. Esta disposición es completamente voluntaria por parte del trabajador afectado. El empleador no puede exigirlo como condición para mantener la relación laboral.
También se reduce a un día el aviso previo para disfrutar vacaciones acumuladas. Esta flexibilización aplica cuando la operación empresarial esté directamente afectada por el sismo. Permite a las empresas ajustar su nómina activa temporalmente sin incurrir en despidos.
Las solicitudes de suspensión temporal de actividades reciben tratamiento expedito bajo el decreto. Estas solicitudes, que pueden abarcar hasta 120 días, deben resolverse en 15 días hábiles. Este plazo contrasta con los términos ordinarios que suelen extenderse por semanas adicionales.
El Ministerio de Trabajo podrá suspender hasta por dos meses ciertos términos administrativos. Esta suspensión aplica a trámites sancionatorios en curso en las zonas afectadas. Sin embargo, existen excepciones importantes para proteger derechos fundamentales de los trabajadores.
La suspensión de términos no aplica en casos de riesgo grave para trabajadores. Tampoco se suspenden investigaciones relacionadas con trabajo infantil en cualquiera de sus formas. Las denuncias por acoso laboral continúan tramitándose sin interrupción de términos. Igualmente, los casos de discriminación laboral mantienen su curso procesal normal.
Estas tres últimas medidas laborales rigen hasta por seis meses desde su expedición. No pueden utilizarse para reducir salarios pactados en contratos vigentes. Tampoco permiten desconocer derechos ciertos adquiridos por los trabajadores. Finalmente, no crean causales adicionales de despido más allá de las legales.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo habilitó dos frentes complementarios de apoyo. El primero involucra recursos de las cámaras de comercio en municipios afectados. El segundo establece herramientas societarias excepcionales para empresas golpeadas por el sismo.
Las cámaras de comercio de los municipios cobijados por la emergencia obtienen autonomía especial. Podrán destinar recursos previamente asignados a desarrollo empresarial hacia programas de recuperación. No necesitan convenio previo con el Ministerio para realizar esta reasignación presupuestal.
También pueden redirigir fondos destinados a reindustrialización hacia la atención de emergencia. Los recursos de turismo y comercio exterior igualmente pueden reorientarse hacia recuperación empresarial. Las cámaras pueden ejecutar estos programas directamente o mediante alianzas estratégicas.
Las alianzas pueden establecerse con entidades públicas de cualquier nivel territorial. También pueden formalizarse con organizaciones privadas especializadas en desarrollo empresarial. Igualmente, pueden concertarse con otras cámaras de comercio del país. Confecámaras también puede participar como aliado en estos programas de recuperación.
Las modificaciones a planes y presupuestos de las cámaras serán aprobadas internamente. La junta directiva de cada cámara tiene esta facultad sin autorización previa. No requieren aprobación de ninguna autoridad nacional o territorial para estos ajustes.
Sin embargo, deben reportar trimestralmente su ejecución presupuestal a entidades de control. La Superintendencia de Sociedades recibirá informes detallados sobre el uso de recursos. El Ministerio de Comercio también debe ser informado periódicamente sobre avances y resultados.
Estas reasignaciones no pueden afectar la financiación de funciones delegadas por ley. Las cámaras deben mantener recursos suficientes para el registro mercantil. También deben garantizar la operación del registro de proponentes. Las demás funciones públicas delegadas deben continuar financiándose adecuadamente.
Para las sociedades comerciales afectadas, el decreto abre mecanismos excepcionales de reorganización. Estas herramientas aplican a sociedades anónimas, limitadas y por acciones simplificadas. Deben acreditar afectación directa en sus activos por el sismo.
También pueden acceder si demuestran impacto significativo en sus ingresos operacionales. La pérdida de empleos o reducción de personal califica como afectación relevante. Igualmente, la disminución sustancial de la capacidad de operación habilita estos mecanismos.
El decreto establece una fusión abreviada disponible por un año desde su expedición. Si un socio posee más del 90% del capital social, puede absorber completamente la sociedad. Este proceso evita los trámites ordinarios de fusión que suelen extenderse por meses.
Los socios ausentes o disidentes conservan su derecho de retiro en estos procesos. Deben recibir el valor justo de sus participaciones según avalúo técnico independiente. Además, se establece un período de publicidad de 30 días para permitir oposición judicial.
En ese mismo plazo anual, las sociedades afectadas pueden enajenar activos significativos. Pueden vender activos que representen el 50% o más de su patrimonio. También pueden transferir activos y pasivos en bloque a terceros interesados.
Estas operaciones se aprueban mediante una sola reunión extraordinaria del máximo órgano social. Basta con la mayoría prevista en los estatutos para cada tipo societario. Los socios tienen derecho de retiro cuando la operación implique desmejora patrimonial.
Las sociedades afectadas también podrán disminuir su capital social sin autorización previa. El Código de Comercio ordinariamente exige autorización de la Superintendencia para esta operación. El decreto elimina temporalmente este requisito bajo condiciones específicas de solvencia.
Deben acreditar que carecen de pasivo externo con terceros acreedores. Alternativamente, pueden demostrar que el pasivo externo queda cubierto al doble. Esta cobertura debe provenir de los activos restantes después de la disminución.
El decreto permite, por un año, emitir nuevas clases de acciones. Entre estas se incluyen acciones con dividendo fijo preferencial. También se habilitan acciones de pago para saldar obligaciones específicas.
Las acciones de pago pueden utilizarse para saldar obligaciones laborales bajo límites estrictos. Deben respetarse todas las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo. Además, requieren consentimiento expreso e informado del trabajador beneficiario.
La creación de nuevas clases de acciones exige el voto favorable del 70% del capital suscrito. Esta mayoría calificada protege los derechos de socios minoritarios. Garantiza que decisiones estructurales cuenten con respaldo amplio de la propiedad.
El decreto amplía a cinco años el plazo para pagar el capital suscrito. Esta extensión aplica exclusivamente a sociedades constituidas después del terremoto. Facilita el nacimiento de nuevas empresas en un contexto de recursos escasos.
También autoriza pagar el dividendo del ejercicio 2026 en especie. En lugar de efectivo, pueden entregarse acciones, cuotas o partes de interés. Esta medida preserva la liquidez empresarial en momentos de recuperación económica.
Finalmente, se habilita la emisión de acciones ordinarias sin derecho de preferencia. Esta excepción aplica cuando los recursos se destinen a reponer activos productivos. También puede utilizarse para obtener capital de trabajo urgente para la operación.
La destinación específica de estos recursos debe informarse a la Superintendencia de Sociedades. El reporte debe presentarse dentro de los tres meses siguientes a la colocación. Este control garantiza que los recursos se usen efectivamente para recuperación empresarial.
En total, se estima que se necesitarán COP 4,4 billones para atender reclamaciones. Este monto abarca todos los frentes de atención derivados del terremoto. Incluye reconstrucción de viviendas, infraestructura pública y reactivación productiva.
Los decretos 1379 y 1418 de 2026 constituyen el marco normativo de esta respuesta. Establecen mecanismos coordinados entre diversos ministerios y entidades del Estado. Buscan evitar que la tragedia natural se convierta en una catástrofe económica prolongada.
La efectividad de estas medidas dependerá de su implementación ágil sobre el terreno. También requiere coordinación efectiva entre entidades del orden nacional y territorial. Las cámaras de comercio jugarán un papel crucial como ejecutoras locales.
Los empresarios afectados enfrentan ahora el desafío de conocer y acceder a estos beneficios. Muchas microempresas carecen de asesoría contable o jurídica especializada. Por ello, la divulgación clara y el acompañamiento técnico resultarán determinantes.
Las entidades financieras y cooperativas autorizadas deben prepararse para tramitar miles de solicitudes. Sus sistemas de evaluación deben adaptarse a
