El presidente Gustavo Petro encabezó en abril de 2024 la entrega pública del título de formalización minera para el predio La Mandinga. Esta mina de oro está ubicada en Cáceres, Antioquia. Además, se encuentra a escasos metros del batallón Rifles No. 31.
La concesión fue otorgada a la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle. Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería (ANM) formalizó este título pese a advertencias previas. Por tanto, la controversia estalló de manera inmediata.
Existían denuncias formales sobre actividades ilícitas en la zona desde meses atrás. Igualmente, había alertas sobre devastación ambiental y extracción ilegal. No obstante, el Gobierno nacional procedió con la oficialización del título.
El predio de casi 2.000 hectáreas tiene un origen particularmente delicado. Fue incautado a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’, exjefe paramilitar. Posteriormente, quedó bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Este proceso ocurrió por extinción de dominio.
A pesar de ello, el título de explotación fue formalizado para Cardozo Calle. Mientras tanto, reportes del Ejército Nacional fechados en noviembre y diciembre de 2022 advertían problemas graves. Específicamente, señalaban el impacto ambiental y la ilegalidad de las tareas extractivas.
El teniente Héctor Leonardo Saavedra remitió comunicaciones dirigidas a Corantioquia. En ellas describía el uso de mercurio en la zona. También mencionaba la remoción de montaña y el vertimiento de químicos.
Durante la Asamblea Popular por la Paz y la Vida, el presidente Petro subió al escenario. Lo acompañaron el entonces ministro de Minas, Andrés Camacho, y Álvaro Pardo. Pardo era presidente de la ANM en ese momento. Juntos entregaron títulos mineros a pobladores de la región.
El acto se realizó en la plaza principal de Caucasia el 11 de abril de 2024. La primera beneficiaria en recibir el reconocimiento oficial fue Hermelina Isabel Cardozo Calle. Así quedó registrado en el video de la propia Presidencia de la República.
Cardozo Calle tiene su nombre asociado a un establecimiento de comercio. Este está registrado en Cali bajo la denominación ‘Mandinga’. Se dedica a la extracción de oro y otros metales. Sin embargo, no atendió los llamados del equipo periodístico de El Tiempo.
La comerciante ha cumplido hasta el momento con el pago de las regalías. Estas son las que exige la ley por el aprovechamiento del título. Aun así, persisten las dudas sobre la legalidad del proceso.
El informe final de la Agencia Nacional de Minería fue expedido tras el acto público. En él se estableció la reasignación del conocimiento y control del título minero. Por consiguiente, el Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente asumió esta responsabilidad.
Esta medida busca que el organismo active las investigaciones correspondientes. También debe realizar las fiscalizaciones según las competencias legales establecidas. De esta manera, se pretende esclarecer las irregularidades denunciadas.
En noviembre de 2022, el teniente Saavedra remitió a Corantioquia un informe técnico detallado. Este documento advertía sobre las consecuencias de las labores mineras ilegales. Además, incluía información sobre actividades informales en el predio Mandinga.
El área está adyacente al batallón Rifles de Cáceres. El informe señalaba daños graves y específicos en el territorio. “Hemos sido testigos y afectados directos de la devastación que se presenta a causa de las labores de extracción ilegal e informal desarrolladas por pobladores de Cáceres y Caucasia, lo cual ha desencadenado la remoción y desaparición de extensas áreas de montaña, el vertimiento de mercurio sobre los afluentes hídricos que surten el recurso a la población y el riego de químicos combustibles utilizados en las actividades de minería”.
El reporte militar identificó pasivos ambientales en la zona. También señaló la ausencia de planificación técnica o instrumentos de manejo ambiental. “La zona no hace parte de áreas protegidas ni de zonas de minería restringida. La actividad se desarrolla sin ningún estudio técnico de planeamiento minero, ni control y manejo ambiental que identifique los recursos naturales, evalúe la capacidad del ecosistema para asimilar el cambio y defina las medidas necesarias para la conservación del patrimonio ambiental”.
La Fiscalía, la Procuraduría y la ANM fueron notificadas formalmente sobre estos hechos. Esto ocurrió a finales de 2022, más de un año antes de la oficialización. Por lo tanto, las autoridades conocían la situación irregular del predio.
La controversia cobró un segundo impulso internacional en abril de 2026. The New York Times publicó un reportaje el 26 de ese mes. En él documentó con imágenes la presencia de mineros con equipos de alta presión.
Estos trabajadores operaban colindando la base militar, según las fotografías presentadas. El periódico citó al comandante del batallón, coronel Daniel Echeverry. Este negó que la extracción ocurriese dentro de la propiedad militar.
El límite entre la base y La Mandinga no presentaba separación física visible. Así lo ilustró el periodista Federico Ríos en su cobertura. Esta situación generó más dudas sobre el control territorial efectivo.
En respuesta a la repercusión del caso, la ANM expidió una resolución interna. Esta fue firmada por Jimmy Soto Díaz, vicepresidente encargado de seguimiento. También tiene a su cargo el control y seguridad minera.
La resolución otorga al área de Zona Occidente facultades específicas. Debe asumir la investigación sobre el proceso de otorgamiento del título. Igualmente, debe examinar las posibles irregularidades asociadas al caso.
El Grupo de Seguimiento y Control Zona Occidente ha iniciado la evaluación correspondiente. Examinará la legalidad de los trámites realizados durante el proceso. También valorará la magnitud de los daños ecológicos en el área.
Además, verificará el cumplimiento de los requisitos ambientales exigidos. Estos son necesarios para el desarrollo de actividades extractivas legales. Todo esto de acuerdo a la resolución oficial emitida.
Las pruebas reveladas despliegan un escenario institucional conflictivo y complejo. El Estado otorgó la formalización de la explotación minera conociendo las irregularidades. Estaba notificado sobre la existencia de pasivos ambientales desde 2022.
También tenía información sobre actividades ilícitas masivas en la zona. Estas ocurrían en una franja de territorio sin estudios técnicos adecuados. Tampoco existían instrumentos formales de manejo ambiental en el predio.
La situación se agrava por la ubicación del terreno. Está colindante a la principal base militar de la zona. Esta proximidad genera cuestionamientos sobre la seguridad y el control territorial.
El proceso judicial sobre el predio La Mandinga incluyó traspasos de administración estatal. También hubo falta de claridad en competencias entre diferentes entidades. La ANM y la Unidad de Reparación de Víctimas estuvieron involucradas.
Cardozo Calle recibió el título de formalización minera en medio de estas circunstancias. El predio había sido incautado a alias ‘Macaco’ por actividades paramilitares. Estaba gestionado por la SAE por extinción de dominio.
La entrega del título ocurrió durante un acto público masivo. El presidente Petro lo presentó como parte de la formalización minera. Sin embargo, las advertencias previas no fueron atendidas adecuadamente.
Los reportes militares de 2022 fueron claros y contundentes. Describían devastación ambiental, uso de mercurio y vertimiento de químicos. También señalaban la remoción de extensas áreas de montaña.
Los afluentes hídricos que surten el recurso a la población estaban contaminados. El mercurio vertido representa un peligro para la salud pública. Los químicos combustibles utilizados en minería agravan el daño ambiental.
La ausencia de estudios técnicos de planeamiento minero es evidente. No hay control ni manejo ambiental que identifique los recursos naturales. Tampoco existe evaluación de la capacidad del ecosistema para asimilar el cambio.
Las medidas necesarias para la conservación del patrimonio ambiental no fueron definidas. Esta situación contradice las normas ambientales y mineras vigentes. Por ende, surgen cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.
La comerciante titular del contrato de concesión mantiene un perfil bajo. No ha dado declaraciones públicas sobre las denuncias presentadas. Su establecimiento comercial en Cali continúa registrado y operando.
El pago de regalías se ha cumplido según lo establecido legalmente. No obstante, esto no resuelve las dudas sobre la procedencia del título. Tampoco aclara las irregularidades denunciadas por autoridades militares y ambientales.
La Agencia Nacional de Minería enfrenta ahora la responsabilidad de investigar. Debe esclarecer cómo se otorgó un título sobre un predio con denuncias previas. También debe determinar responsabilidades institucionales en el proceso.
El caso refleja las complejidades de la formalización minera en Colombia. Muestra las tensiones entre la legalización de la actividad extractiva y la protección ambiental. Igualmente, evidencia problemas de coordinación entre entidades del Estado.
La proximidad a instalaciones militares añade otra dimensión al problema. Genera interrogantes sobre seguridad nacional y control territorial efectivo. El coronel Echeverry negó extracción dentro de la propiedad militar.
Sin embargo, las imágenes documentadas muestran una realidad diferente. La ausencia de separación física visible entre ambos predios es evidente. Esta situación facilita la confusión sobre los límites territoriales reales.
El reportaje de The New York Times dio visibilidad internacional al caso. Mostró mineros con equipos de alta presión operando cerca de la base. Esta cobertura generó presión adicional sobre las autoridades colombianas.
La falta de planificación técnica en la zona es un problema estructural. No se identificaron adecuadamente los recursos naturales antes de otorgar el título. Tampoco se evaluó la capacidad del ecosistema para soportar la actividad.
Las medidas de conservación del patrimonio ambiental brillan por su ausencia. Esta omisión representa una violación de las normas ambientales colombianas. También contradice los compromisos internacionales del país en materia ambiental.
La devastación descrita por el teniente Saavedra es alarmante. La remoción y desaparición de extensas áreas de montaña es irreversible. El vertimiento de mercurio contamina el agua que consume la población local.
Los químicos combustibles utilizados en las actividades mineras agravan la contaminación. Estos afectan tanto el suelo como las fuentes hídricas de la región. Las comunidades locales enfrentan riesgos sanitarios graves y permanentes.
La notificación formal a Fiscalía, Procuraduría y ANM ocurrió en 2022. Más de un año después, el título fue oficializado públicamente. Esta cronología sugiere fallas en la comunicación interinstitucional o decisiones cuestionables.
El acto público del 11 de abril de 2024 en Caucasia tuvo carácter simbólico. Se presentó como un avance en la formalización minera y la paz. Sin embargo, las realidades del terreno contradecían este discurso oficial.
La presencia del ministro de Minas y el presidente de la ANM respaldó institucionalmente la entrega. Este respaldo político de alto nivel dificulta ahora el reconocimiento de errores. También complica la adopción de medidas correctivas necesarias.
Las investigaciones en curso deben determinar responsabilidades específicas en el proceso. Deben identificar qué funcionarios conocían las irregularidades y procedieron igualmente. También deben establecer si hubo presiones políticas para formalizar el título.
La reasignación del control al Grupo de Seguimiento Zona Occidente es un primer paso. Sin embargo, no garantiza que se tomen medidas efectivas contra las irregularidades. La efectividad dependerá de la voluntad política real de actuar.
El caso La Mandinga se convierte así en un símbolo de contradicciones. Muestra las tensiones entre discursos oficiales y prácticas reales del Estado. Evidencia las dificultades para implementar políticas mineras sostenibles y legales.
La comerciante Cardozo Calle permanece como titular del contrato de concesión. Su silencio ante los medios genera más interrogantes sobre el proceso. La comunidad local observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.
Los pasivos ambientales identificados requieren atención urgente e inmediata. La contaminación por mercurio no desaparecerá sin intervención técnica especializada. Las comunidades afectadas merecen respuestas claras y acciones concretas de remediación.
El batallón Rifles No. 31 continúa operando en medio de esta situación. Los militares son testigos directos de la devastación ambiental descrita. Su testimonio resulta fundamental para cualquier investigación seria del caso.
La ausencia de áreas protegidas en la zona no justifica la falta de controles. Toda actividad extractiva debe cumplir estándares ambientales mínimos establecidos por ley. La protección del ecosistema es obligatoria independientemente de la clasificación territorial.
El ecosistema afectado necesita evaluación profesional de su capacidad de recuperación. Los daños ya causados pueden ser irreversibles en muchos aspectos. La definición de medidas de conservación debió preceder cualquier autorización de explotación.
La historia del predio, vinculado a alias ‘Macaco’, añade complejidad al caso. Los bienes incautados a paramilitares deben manejarse con especial cuidado y transparencia. El proceso de extinción de dominio busca reparar a las víctimas.
La gestión de la SAE sobre este predio aparentemente no impidió actividades ilegales. Esto plantea preguntas sobre la efectividad de esta entidad en sus funciones. También cuestiona los mecanismos de control sobre bienes en proceso de extinción.
La formalización minera es una política legítima del Gobierno nacional. Busca incorporar a la legalidad a mineros que operan informalmente. Sin embargo, debe hacerse con estudios previos rigurosos y controles ambientales efectivos.
El caso La Mandinga demuestra que la formalización sin controles genera más problemas. Legitima actividades que causan daño ambiental grave y permanente. Contradice los objetivos de sostenibilidad que debe perseguir toda política minera.
Las comunidades de Cáceres y Caucasia enfrentan las consecuencias directas de esta situación. Sus fuentes de agua están contaminadas con mercurio y químicos industriales. Su montaña ha sido removida y su paisaje transformado irreversiblemente.
La respuesta institucional hasta ahora ha sido insuficiente e inadecuada. Las investigaciones anunciadas deben traducirse en acciones concretas y verificables. La población merece conocer la
