El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el magistrado de la JEP Gustavo Salazar Arbeláez se enfrentaron este jueves 12 de noviembre. Fue en una audiencia pública en Bogotá, cuando el ministro habló de la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La audiencia era de seguimiento a la medida cautelar de protección a los firmantes del Acuerdo de Paz. La presidía la magistrada Reinere Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento. Así consta en la transmisión oficial de la JEP.
Hacia el final de su exposición, Ordóñez dijo que la JEP «es legal, es constitucional». Sin embargo, añadió que, diez años después de firmado el Acuerdo, su gran desafío «tiene que ver con su legitimidad». Según el ministro, esa legitimidad se consigue «con resultados y transparencia».
Salazar lo interrumpió:
«No vinimos a discutir la legitimidad de la JEP».
Gustavo Salazar Arbeláez, magistrado de la JEP
El magistrado pidió que el ministro se limitara al tema de la protección. Ordóñez respondió que no estaba discutiendo la legitimidad de la JEP. Salazar insistió: «Me parece, entre otras, de mala educación venir a poner en duda la legitimidad de la JEP».
El ministro le contestó: «Señor magistrado, usted no me ha permitido terminar. Le pido a usted también el debido respeto». Luego pidió que lo dejaran terminar para que quedara clara la posición del Ministerio.
La magistrada Jaramillo intervino para cerrar el cruce, que duró unos dos minutos. Le dijo a Ordóñez que terminara su exposición. Además, recordó que las intervenciones de los citados debían ceñirse a los cuestionarios que se les enviaron. Aclaró que la regla no era solo para el ministro, sino para todos los que iban a hablar.
Ordóñez agradeció y terminó su turno. En el cierre celebró el anuncio del nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas, de que las imputaciones se acelerarán. Según la JEP, esas imputaciones concluirán en diciembre de 2026.
En la misma audiencia, el ministro anunció una revisión de los esquemas de protección que asigna la Unidad Nacional de Protección (UNP). «En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad», dijo. También afirmó que su cartera apoyará a la JEP en el cumplimiento de las medidas cautelares.
La audiencia se citó por la violencia contra quienes dejaron las armas. Según Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, 533 firmantes fueron asesinados entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de octubre de 2026. Además, se registran 1.584 desplazamientos, 31 desapariciones y 34 secuestros.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el 67 % de esos homicidios ocurrió en lugares donde la Defensoría ya había emitido alertas tempranas. Por eso pidió más coordinación con el Ministerio del Interior:
«Es necesario fortalecer la articulación entre la advertencia, a cargo de la Defensoría, y la respuesta rápida, que lidera el Ministerio del Interior».
Iris Marín, defensora del Pueblo
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, presentó una reducción de 70,8 % en los homicidios de firmantes, la cifra más baja desde la firma del Acuerdo, según su presentación. También pidió modificar el Decreto 638 de 2025, que dejó a su cartera por fuera de la instancia tripartita de protección.
Ordóñez fue procurador general y es ministro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El mismo jueves, el expresidente Iván Duque cuestionó a la JEP. Dijo que la JEP «ha sido más drástica con los militares que con los máximos responsables de las FARC».
Las entidades citadas deben enviar a la JEP, en los próximos cinco días, un informe sobre su respuesta a la violencia contra los firmantes.
Fuentes: JEP (transmisión oficial en YouTube y cuenta en X), Defensoría del Pueblo, Ministerio de Defensa, El Tiempo, Infobae, El Colombiano, Semana, El Heraldo.
