La Oficina Nacional de Procesos Electorales destinó más de 41 millones de soles a equipos tecnológicos. Sin embargo, estos implementos nunca se utilizaron durante la jornada electoral de 2026. La institución adquirió 31.234 computadoras portátiles y 9.550 impresoras con recursos públicos. Posteriormente, estos equipos permanecieron inutilizados en las mesas de votación.
El presupuesto total para las elecciones generales ascendía a 700 millones de soles. De este monto, la ONPE invirtió 31.585.694 soles en computadoras portátiles. Además, destinó 9.550.503 soles a la compra de impresoras. Estos montos representan una inversión significativa en tecnología electoral que no cumplió su propósito.
La empresa SIP CORP S. A. recibió el contrato para proveer las computadoras portátiles. Esta adjudicación se formalizó mediante orden de compra el 8 de julio de 2025. Curiosamente, la misma empresa había sido sancionada previamente por la ONPE. La multa ascendió a 277.000 soles por incumplimiento en entregas anteriores.
A pesar de esta sanción previa, la ONPE volvió a contratar a SIP CORP S. A.. Los registros oficiales muestran que esta empresa tenía experiencia limitada en contratos estatales. Anteriormente, sus contratos con el Estado eran de montos menores. El volumen gestionado para este proceso superaba ampliamente sus antecedentes.
Una segunda empresa recibió el contrato para las impresoras. Esta compañía también presentaba limitada trayectoria en contrataciones públicas. Los expedientes de licitación revelan ausencia de concursos amplios. Tampoco se aplicaron procedimientos públicos estandarizados en ninguno de los casos.
El gasto en equipos tecnológicos no fue la única inversión cuestionada. La ONPE contrató además una empresa de soporte informático por 144 millones de soles. Esta cifra triplica el monto invertido en las computadoras. Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado, observó esta desproporción.
Adicionalmente, el organismo electoral pagó 677.000 dólares a empresas extranjeras. Estos recursos se destinaron a servicios de auditoría asociados al proceso electoral. No obstante, ninguno de estos contratos siguió el procedimiento regular establecido.
Una norma especial aprobada por el Gobierno Central modificó los protocolos habituales. Esta disposición se implementó específicamente para las elecciones de 2026. Consecuentemente, dejó sin efecto los controles tradicionales de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta situación impidió conocer la identidad de los competidores en las licitaciones.
“Hemos tratado de revisar cuál fue el proceso, quiénes fueron las empresas que pudieron presentarse para la venta de las computadoras por S/ 31 millones de soles o para la venta de las impresoras por S/ 9 millones, quiénes eran los competidores, quiénes eran los otros proveedores que pudieron haber ofrecido mejores precios. Ese proceso de competencia que tuvo que haber, no está publicado. No está transparente”, indicó Yaya.
La falta de transparencia afectó la posibilidad de evaluar los términos de las ofertas. Tampoco fue posible comparar precios con otros proveedores potenciales. Esta opacidad genera dudas sobre la eficiencia del gasto público realizado.
Durante la jornada electoral, las computadoras e impresoras estuvieron presentes en cada mesa. Las imágenes difundidas por el medio Territorio Tomado confirmaron su distribución en los locales de votación. Sin embargo, múltiples factores impidieron su funcionamiento efectivo.
La falta de conectividad a internet representó el primer obstáculo importante. Muchos locales de votación carecían de acceso a la red. Además, la ausencia de fuentes de energía adecuadas complicó el panorama. Los establecimientos no contaban con la infraestructura eléctrica necesaria para alimentar los equipos.
La capacitación del personal también resultó insuficiente. Los miembros de mesa no recibieron instrucciones claras sobre el uso de los equipos. Esta combinación de fallas logísticas y problemas técnicos hizo imposible la implementación tecnológica.
Ante estas dificultades, los miembros de mesa recurrieron al procedimiento tradicional. La tabulación de votos se realizó manualmente en la mayoría de locales. El transporte de actas también se efectuó siguiendo los métodos convencionales. Los equipos tecnológicos quedaron como meros objetos decorativos en las mesas electorales.
La Contraloría General de la República detectó irregularidades adicionales. Las auditorías revelaron la inexistencia de las denominadas “llaves” de seguridad digital. Estos elementos son imprescindibles para custodiar digitalmente los resultados electorales. Su ausencia aumentó significativamente los riesgos en la gestión de información.
La protección de datos electorales quedó comprometida por este vacío de seguridad. Los resultados no contaron con las salvaguardas digitales planificadas. Esta situación generó vulnerabilidades en un proceso de importancia democrática fundamental.
Mónica Yaya expresó preocupación por la naturaleza de los bienes adquiridos. “La adquisición de impresoras y computadoras por más de 31 millones de soles involucra bienes que pueden depreciarse en uno o dos años”, precisó. La experta consideró necesario revisar el conjunto de compras realizadas.
La depreciación acelerada de estos equipos tecnológicos representa una pérdida patrimonial para el Estado. En dos años, estos implementos podrían quedar obsoletos o perder valor significativo. Esta realidad amplifica el impacto negativo del gasto sin utilización efectiva.
La pertinencia de las adquisiciones requiere aclaración urgente. También es necesario verificar la legalidad de los procedimientos empleados. Las autoridades competentes deben determinar si existieron irregularidades sancionables en el proceso.
La Junta Nacional de Justicia inició una investigación preliminar contra Piero Corvetto. El jefe de la ONPE debe presentar su descargo en un plazo de 10 días. Las denuncias incluyen retrasos y fallas logísticas en las elecciones generales 2026.
Esta investigación busca establecer responsabilidades individuales en las deficiencias detectadas. Los cuestionamientos abarcan tanto aspectos administrativos como operativos del proceso electoral. Las autoridades evalúan si hubo negligencia o irregularidades deliberadas.
El caso evidencia debilidades en los sistemas de control de contrataciones públicas. La norma especial que flexibilizó los procedimientos facilitó la opacidad. Esta situación plantea interrogantes sobre el equilibrio entre agilidad administrativa y transparencia.
Los controles habituales existen para prevenir precisamente este tipo de situaciones. Su suspensión temporal generó un espacio propicio para decisiones cuestionables. La experiencia sugiere la necesidad de revisar estos mecanismos excepcionales.
La inversión de 41 millones de soles sin resultados tangibles afecta la credibilidad institucional. Los ciudadanos esperan que los recursos públicos se utilicen eficientemente. Este episodio mina la confianza en las instituciones electorales del país.
Además, el caso genera precedentes preocupantes para futuras contrataciones estatales. Otras entidades podrían intentar replicar esquemas similares de flexibilización normativa. La ausencia de consecuencias claras podría incentivar prácticas irregulares.
Los 144 millones de soles destinados a soporte informático plantean interrogantes adicionales. Este monto resulta desproporcionado respecto al valor de los equipos a soportar. La lógica económica sugiere que el soporte no debería triplicar el costo del hardware.
Esta desproporción requiere explicaciones técnicas y financieras detalladas. Las autoridades deben justificar qué servicios específicos ameritaban tal inversión. También deben aclarar por qué no se optó por alternativas más económicas.
El pago a empresas extranjeras por auditorías suma otra capa de complejidad. Los 677.000 dólares invertidos en estos servicios tampoco siguieron procedimientos regulares. La contratación internacional requiere justificaciones sobre la inexistencia de capacidad nacional.
Las auditorías, paradójicamente, no detectaron anticipadamente los problemas de implementación. Su efectividad queda en entredicho cuando los equipos auditados nunca funcionaron. Esta situación cuestiona el valor agregado de estos servicios contratados.
El medio Territorio Tomado desempeñó un papel crucial al documentar estas irregularidades. Sus reportes fotográficos evidenciaron la presencia de equipos sin utilizar. El periodismo de investigación resultó fundamental para visibilizar el problema.
La sanción previa a SIP CORP S. A. debió generar alertas institucionales. Contratar nuevamente a un proveedor penalizado contradice principios básicos de gestión. Esta decisión sugiere deficiencias en los procesos de evaluación de proveedores.
Los registros oficiales muestran que ambas empresas contratadas carecían de trayectoria robusta. Esta inexperiencia pudo contribuir a los problemas de implementación detectados. La selección de proveedores debió considerar capacidad técnica y antecedentes comprobados.
La ausencia de concursos amplios limitó la competencia entre proveedores. Esta situación probablemente afectó los precios finales pagados por el Estado. Procedimientos competitivos suelen resultar en mejores condiciones para la entidad contratante.
Los procedimientos públicos estandarizados existen para garantizar igualdad de oportunidades. Su omisión favorece la discrecionalidad y potenciales conflictos de interés. La transparencia en contrataciones públicas constituye un pilar fundamental del Estado de derecho.
La combinación de factores que impidió el uso de equipos revela deficiencias en la planificación. Una implementación exitosa requiere coordinación entre tecnología, infraestructura y capacitación. La ONPE evidentemente no articuló estos elementos adecuadamente.
La conectividad a internet debió evaluarse previamente en cada local de votación. Esta información básica habría revelado la inviabilidad del sistema planteado. La ausencia de este diagnóstico previo sugiere improvisación en la planificación.
La infraestructura eléctrica representa otro factor predecible y verificable anticipadamente. Muchos locales de votación tienen limitaciones energéticas conocidas. No considerar este aspecto evidencia falta de rigor en el diseño del sistema.
La capacitación del personal requiere tiempo y recursos adecuados. Miles de miembros de mesa necesitaban instrucción sobre equipos y procedimientos nuevos. La ONPE aparentemente subestimó esta necesidad o no la atendió oportunamente.
El retorno al procedimiento tradicional demostró la resiliencia del sistema electoral manual. Sin embargo, también evidenció que la inversión tecnológica resultó completamente prescindible. Esta conclusión cuestiona la justificación original de las compras realizadas.
Las “llaves” de seguridad digital constituyen elementos esenciales en sistemas electorales electrónicos. Su ausencia representa una falla técnica grave e inaceptable. Este descuido compromete la integridad teórica del sistema que nunca llegó a operar.
La custodia digital de resultados requiere protocolos criptográficos robustos. Sin las herramientas adecuadas, cualquier sistema resulta vulnerable a manipulaciones. Esta vulnerabilidad habría sido crítica si los equipos hubieran funcionado.
La gestión de información electoral demanda los más altos estándares de seguridad. Los ciudadanos confían en que sus votos serán protegidos adecuadamente. Las deficiencias detectadas socavan esta confianza fundamental en el sistema democrático.
La depreciación acelerada de equipos tecnológicos es un fenómeno bien documentado. Computadoras e impresoras pierden valor rápidamente por obsolescencia tecnológica. Adquirir equipos sin uso inmediato garantizado representa una gestión patrimonial deficiente.
En uno o dos años, estos equipos podrían ser incompatibles con software actualizado. También podrían presentar fallas por almacenamiento prolongado sin uso. El Estado asumió pérdidas patrimoniales evitables con una planificación adecuada.
La revisión del conjunto de compras debe incluir todos los contratos relacionados. Los 144 millones en soporte informático merecen escrutinio particular. También requieren análisis los pagos a empresas extranjeras de auditoría.
La legalidad de los procedimientos debe examinarse exhaustivamente. Si existieron violaciones normativas, deben identificarse y sancionarse. La impunidad en casos de gestión pública deficiente perpetúa malas prácticas.
La investigación de la Junta Nacional de Justicia representa un primer paso institucional. Sin embargo, también se requieren investigaciones administrativas y posiblemente penales. Múltiples instancias deben evaluar distintos aspectos del caso.
El descargo de Piero Corvetto será crucial para entender las decisiones tomadas. El jefe de la ONPE debe explicar la lógica detrás de las contrataciones cuestionadas. También debe justificar por qué se ignoraron señales de alerta evidentes.
Los 10 días otorgados para el descargo constituyen un plazo breve. Esta urgencia refleja la gravedad de las denuncias formuladas. Las autoridades reconocen implícitamente la necesidad de respuestas rápidas.
Las fallas logísticas trascienden el tema tecnológico. Afectaron diversos aspectos de la organización electoral. La distribución de materiales y la coordinación general también presentaron deficiencias reportadas.
Los retrasos en el proceso electoral generaron incertidumbre en la ciudadanía. La confianza en las instituciones electorales sufrió un deterioro significativo. Restaurar esta confianza requerirá reformas profundas y transparencia absoluta.
El impacto reputacional para la ONPE será duradero. La institución deberá demostrar cambios sustanciales en sus procedimientos. La credibilidad perdida se recupera lentamente y mediante acciones concretas.
Las elecciones de 2026 quedarán marcadas por estas irregularidades. Independientemente del resultado electoral final, el proceso mismo está cuestionado. Esta situación debilita la legitimidad democrática del gobierno resultante.
Los ciudadanos merecen explicaciones completas y comprensibles sobre lo ocurrido. La complejidad técnica no debe servir como excusa para la opacidad. Las autoridades deben comunicar claramente qué falló y por qué.
Las lecciones de este caso deben incorporarse a futuros procesos electorales. Los errores cometidos proporcionan valiosa información para prevenir repeticiones. La memoria institucional debe preservar estos aprendizajes.
La tecnología electoral puede mejorar procesos democráticos cuando se implementa adecuadamente. Sin embargo, requiere planificación rigurosa, pruebas exhaustivas y capacitación completa. La improvisación en este ámbito genera resultados contraproducentes.
Los 700 millones de soles del presupuesto electoral total adquieren nueva perspectiva. Si el 6% se desperdició en equipos sin usar, qué otras ineficiencias existen. Una auditoría integral del gasto electoral parece necesaria.
La rendición de cuentas constituye un principio fundamental de la gestión pública. Los funcionarios responsables deben asumir las consecuencias de sus decisiones. La ausencia de
