Irán dejó de actualizar el recuento oficial de víctimas mortales desde principios de marzo. Mientras tanto, el conflicto bélico continúa cobrando vidas sin que exista claridad sobre las cifras reales. Las organizaciones de derechos humanos enfrentan obstáculos significativos para documentar la tragedia.
El Ministerio de Salud iraní emitió su última actualización el 8 de marzo. En ese momento, el conflicto llevaba apenas nueve días de desarrollo. Las autoridades afirmaron que cerca de 1.200 civiles habían perdido la vida. Los bombardeos estadounidenses e israelíes habían impactado diversas zonas del territorio nacional.
Desde entonces, el silencio oficial se ha vuelto ensordecedor. Por otro lado, las organizaciones internacionales luchan por llenar ese vacío informativo. Sin embargo, sus esfuerzos se ven obstaculizados por múltiples factores técnicos y políticos.
Durante años, los grupos de derechos humanos han sido fuentes confiables de información. Estas organizaciones operan principalmente desde el extranjero debido a la censura imperante en Irán. No obstante, ahora enfrentan desafíos sin precedentes para cumplir su labor de documentación.
El acceso a internet ha sido prácticamente eliminado en todo el país. Además, las líneas telefónicas se encuentran caídas en numerosas regiones. Consecuentemente, contactar con las redes de informantes locales se ha vuelto extremadamente difícil. Estos colaboradores representan los ojos y oídos sobre el terreno para las organizaciones internacionales.
La agencia Human Rights Activists News Agency opera desde Estados Unidos. Esta organización jugó un papel crucial durante las protestas antigubernamentales de enero pasado. En aquella ocasión, HRANA corroboró de manera independiente el número de muertes registradas.
Actualmente, HRANA estima que 1.407 civiles han fallecido en el conflicto. Entre las víctimas se cuentan 214 niños, según sus registros preliminares. Skylar Thompson, subdirectora de la organización, reconoce las limitaciones de esta cifra.
“Diría que es un mínimo absoluto”, declaró Thompson a la agencia AFP. La magnitud de los acontecimientos supera la capacidad de documentación disponible. “Es imposible documentarlo al mismo ritmo”, añadió la funcionaria refiriéndose a los ataques.
Los bombardeos se suceden con velocidad vertiginosa en múltiples ubicaciones simultáneamente. Además, la extensión geográfica del conflicto complica enormemente el trabajo de verificación. Por consiguiente, muchas víctimas podrían no estar siendo contabilizadas en absoluto.
La Media Luna Roja iraní no proporciona estimaciones sobre víctimas humanas. En cambio, la organización se ha centrado en documentar los daños materiales. Sus cifras más recientes revelan la magnitud de la destrucción física.
Según la Media Luna Roja, 61.555 viviendas han resultado dañadas hasta el momento. Asimismo, aproximadamente 19.000 negocios han sufrido algún tipo de afectación. Los centros médicos tampoco han escapado a la violencia: 275 instalaciones sanitarias presentan daños. Finalmente, casi 500 escuelas han sido impactadas por los bombardeos.
Periodistas de la agencia AFP han confirmado numerosos edificios civiles dañados en Teherán. Entre ellos se encuentran bloques de apartamentos alcanzados por ondas expansivas. Algunos fueron afectados directamente por misiles, mientras otros sufrieron daños colaterales de bombardeos cercanos.
Sin embargo, la verificación más allá de la capital resulta prácticamente imposible. Los reporteros no pueden desplazarse libremente por el territorio iraní. Cualquier viaje requiere autorización oficial previa, la cual raramente se concede a periodistas extranjeros.
La desconfianza hacia las cifras oficiales iraníes es considerable entre los grupos internacionales. Esta suspicacia tiene raíces históricas bien fundamentadas, especialmente tras eventos recientes. Las protestas antigubernamentales de enero fueron reprimidas con extrema violencia.
En aquella ocasión, Irán reconoció aproximadamente 3.000 muertes totales. Las autoridades afirmaron que la mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, investigadores y activistas en el extranjero presentaron estimaciones radicalmente diferentes.
Estos grupos independientes calcularon entre 7.000 y 35.000 personas asesinadas. Los manifestantes habrían sido víctimas de disparos indiscriminados por parte de las fuerzas gubernamentales. Esta enorme discrepancia evidencia la falta de transparencia del régimen iraní.
Awyar Shekhi trabaja para Hengaw, una organización con sede en Noruega. Este grupo se especializa en derechos humanos y monitoreo de conflictos. Shekhi señaló un patrón preocupante en el comportamiento de las autoridades iraníes.
“La república islámica tiene un historial de no publicar o no recopilar datos”, declaró. Esta práctica sistemática dificulta enormemente el trabajo de documentación independiente. Además, genera un vacío informativo que favorece la impunidad.
Para organizaciones como Hengaw, el principal obstáculo actual es el bloqueo de internet. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, las comunicaciones digitales están prácticamente anuladas. Este apagón informativo es el más severo que se recuerda en el país.
“La conexión es peor que nunca”, afirmó Shekhi en declaraciones a AFP. Obtener datos precisos sobre el número de víctimas se ha vuelto extraordinariamente difícil. “La información que recibimos es muy escasa”, agregó la activista con evidente frustración.
Tanto Shekhi como Thompson destacaron otro factor que complica la documentación. Las autoridades iraníes han intensificado las amenazas contra quienes comparten información con el exterior. Numerosas personas han sido arrestadas bajo acusaciones de espionaje por usar internet.
Estas detenciones tienen un efecto disuasorio entre la población civil. Muchos informantes potenciales temen las consecuencias de colaborar con organizaciones internacionales. Por lo tanto, las redes de información se han debilitado considerablemente.
Realizar llamadas telefónicas a Irán desde el extranjero también es mayormente imposible. Las líneas internacionales funcionan de manera intermitente o simplemente no conectan. Esta situación aísla aún más al país del escrutinio internacional.
El bombardeo de una escuela primaria en Minab representa la mayor pérdida civil documentada. Este ataque ocurrió el primer día de la guerra, el 28 de febrero. Al menos 165 personas perdieron la vida en aquel trágico incidente.
Un misil Tomahawk estadounidense impactó directamente la instalación educativa. Posteriormente, una investigación militar estadounidense determinó la causa del error. Las coordenadas utilizadas estaban desactualizadas, según revelaron las conclusiones oficiales.
El periódico The New York Times difundió los resultados de dicha investigación. El error técnico había tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Sin embargo, este reconocimiento llegó demasiado tarde para las víctimas y sus familias.
Hengaw también documentó otro ataque significativo contra objetivos civiles. El 7 de marzo, una fábrica de harina fue bombardeada en Naqadeh. Esta ciudad se encuentra en la región occidental del país, lejos de instalaciones militares.
El bombardeo dejó 11 trabajadores muertos en el acto. Otros 21 empleados resultaron heridos, algunos de gravedad. Estos trabajadores eran civiles dedicados a la producción de alimentos básicos.
“Estados Unidos e Israel están usando una interpretación bastante agresiva de lo que es un objetivo militar”, señaló Thompson. Esta observación refleja la preocupación de las organizaciones humanitarias. La definición de objetivos legítimos parece haberse expandido peligrosamente.
La cobertura mediática occidental del conflicto presenta características particulares. A diferencia de las protestas de enero, existe relativamente poca atención al costo humano. Los medios se han centrado principalmente en los aspectos geopolíticos del enfrentamiento.
“Hay tal nivel de atención en la geopolítica de todo esto”, observó Thompson. La subdirectora de HRANA considera fundamental cambiar este enfoque periodístico. “Es realmente importante centrarse en el daño causado a la población civil”, enfatizó.
El conflicto tiene múltiples frentes que también registran víctimas significativas. En Líbano, los ataques israelíes han cobrado numerosas vidas civiles. El Ministerio de Salud libanés informó de 1.029 personas muertas hasta el momento.
Dentro del propio territorio israelí, los ataques iraníes han causado 16 muertes civiles. Estas cifras provienen de fuentes oficiales y servicios de emergencia locales. Además, países del Golfo también han reportado víctimas colaterales del conflicto.
Un total de 17 civiles perdieron la vida en naciones del Golfo Pérsico. Estos fallecimientos ocurrieron por ataques o acciones relacionadas con la guerra. Las autoridades de esos países confirmaron las cifras a través de sus servicios de emergencia.
La situación humanitaria en Irán permanece envuelta en una densa niebla informativa. Las organizaciones internacionales continúan sus esfuerzos de documentación pese a los obstáculos. Mientras tanto, el número real de víctimas civiles sigue siendo un misterio.
La combinación de censura gubernamental y corte de comunicaciones crea condiciones ideales para la impunidad. Los civiles iraníes sufren las consecuencias de un conflicto que apenas pueden documentar. Sus historias permanecen en gran medida invisibles para el mundo exterior.
Las familias lloran a sus muertos en un silencio forzado por las circunstancias. Los heridos reciben atención en hospitales desbordados y dañados por los bombardeos. Entretanto, la comunidad internacional carece de información precisa sobre la magnitud de la tragedia.
