La Fiscalía de Bolivia dictó una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales. Enfrenta acusaciones de terrorismo y alzamiento armado. Los cargos se derivan de los bloqueos masivos que paralizaron el país durante 53 días.
El fiscal anticorrupción Brayan Melgar firmó el documento judicial. Posteriormente, instruyó a la Policía aprehender al exmandatario. Además, ordenó su traslado a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción.
Las denuncias fueron presentadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Asimismo, el Ministerio de Gobierno formalizó su propia acusación. Ambas instituciones señalan a Morales como responsable directo de las protestas.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, aseguró hoy Morales en su cuenta de X.
La investigación se centra en seis delitos específicos. Entre ellos figuran alzamientos armados contra la seguridad del Estado. También se incluye el terrorismo como cargo principal.
Adicionalmente, se le acusa de atentado contra la seguridad de los medios de transporte. La asociación delictuosa forma parte del expediente. Igualmente, enfrenta cargos por instigación pública a delinquir.
Finalmente, se suma el atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Las acusaciones surgieron tras la denuncia penal del 1 de julio. El Comité pro Santa Cruz presentó la documentación formal.
Stello Cochamanidis Garcés representó a la organización cívica. En su denuncia identificó a Morales como principal impulsor. Las protestas y bloqueos afectaron al país entre mayo y junio.
Durante esas siete semanas, campesinos instalaron más de 100 puntos de bloqueo. Miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) participaron activamente. Organizaciones afines a Morales se sumaron a las movilizaciones.
Los bloqueos se concentraron en diferentes regiones del territorio nacional. Particularmente, La Paz registró numerosos puntos de cierre. Cochabamba también experimentó interrupciones significativas en sus vías.
Santa Cruz, el departamento más productivo, sufrió graves afectaciones. Las protestas respondieron a una demanda concreta. Los sectores movilizados exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Esta exigencia fue considerada como única salida al conflicto. Consecuentemente, el desabastecimiento de alimentos alcanzó niveles críticos. Varias ciudades enfrentaron escasez de combustibles.
El oxígeno medicinal también escaseó en centros urbanos importantes. Las interrupciones en el tránsito generaron consecuencias mortales. Los cortes de vías causaron la muerte de al menos 22 personas.
Además, un saldo de 88 heridos quedó registrado oficialmente. La Defensoría del Pueblo documentó estas cifras. Reportes de organizaciones cívicas y sociales confirmaron los datos.
El impacto económico resultó devastador para el país. Las pérdidas superaron los 3.000 millones de dólares. Sectores productivos, especialmente en Santa Cruz, sufrieron graves daños.
Las mercancías no lograban salir de las zonas de producción. Tampoco podían ser trasladadas hacia otros departamentos. Esta situación agravó la crisis de abastecimiento nacional.
Los enfrentamientos marcaron el clima durante los 53 días de conflicto. La tensión social alcanzó niveles sin precedentes recientes. Diversos sectores de la población se vieron afectados.
“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, señaló Evo Morales.
Junto a Morales, la orden de aprehensión alcanzó a otros dirigentes. Mario Argollo, máximo líder de la COB, figura entre los acusados. Vicente Salazar, líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, también enfrenta cargos.
Este último permanece detenido preventivamente desde el 6 de julio. Se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro. Las autoridades lo señalan como uno de los principales organizadores.
Específicamente, habría coordinado los bloqueos en el occidente boliviano. El mandato de detención se emitió en base a artículos específicos. Los artículos 121, 130, 132 del Código Penal fundamentan la orden.
También se invocan los artículos 133, 213 y 214. Morales negó haber promovido la renuncia de Paz. Atribuyó las movilizaciones a la presión social por demandas insatisfechas.
El 24 de mayo, Morales publicó un mensaje en redes sociales. Señaló que el mandatario enfrentaba “dos caminos” posibles. La primera opción era militarizar el país.
La segunda alternativa consistía en convocar a elecciones. Sugirió que esto debía ocurrir en los siguientes 90 días. Finalmente, tras acuerdos con sectores como la COB, la situación escaló.
Ante la persistencia de los bloqueos, el presidente Paz tomó medidas. El 20 de junio decretó el estado de excepción. Ordenó el despliegue de la Policía en las carreteras.
Igualmente, el Ejército recibió instrucciones de intervenir. El objetivo era restablecer la circulación en las vías bloqueadas. Las fuerzas del orden procedieron a despejar los puntos de cierre.
“Nuestra posición siempre ha sido clara: estamos del lado de quienes sufren el ajuste, la escasez de combustible, el alza del costo de vida, la inseguridad y el avance del narcotráfico. Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado; solo intentan desviar la atención con un nuevo titular”, agregó hoy el expresidente en X.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba actualmente. Esta región constituye su principal bastión político. Se encuentra resguardado por seguidores desde octubre de 2024.
Además de la causa por bloqueos, enfrenta otra investigación. Esta se relaciona con trata agravada de personas. Los hechos investigados ocurrieron supuestamente durante su mandato.
La acusación involucra una presunta relación con una menor de edad. En mayo, un tribunal de Tarija tomó una decisión. Declaró a Morales en rebeldía por su ausencia judicial.
El tribunal dictó una orden de captura correspondiente. Morales no se presentó a la apertura del juicio. La Policía sostuvo que evalúa el momento adecuado.
Las autoridades analizan cuándo ejecutar esa orden pendiente. Mientras tanto, el exmandatario mantiene su posición política. Continúa comunicándose con sus seguidores a través de redes sociales.
Sus declaraciones enfatizan la defensa de causas populares. También denuncia lo que considera persecución política. Según su perspectiva, los procesos judiciales carecen de fundamento.
El expresidente argumenta que la crisis boliviana tiene raíces económicas. Señala que el modelo actual ha fracasado. Sostiene que el gobierno protege la corrupción.
Por su parte, las autoridades mantienen que las acusaciones están fundamentadas. Los fiscales presentan evidencia documental y testimonial. Las organizaciones cívicas respaldan las investigaciones en curso.
El caso ha generado polarización en la sociedad boliviana. Algunos sectores defienden al expresidente con firmeza. Otros demandan que se aplique la justicia sin excepciones.
La situación política del país permanece tensa. Las consecuencias de los 53 días de bloqueos aún se sienten. La economía nacional continúa recuperándose lentamente.
Los sectores productivos trabajan para reactivar sus operaciones. Las familias aún enfrentan las secuelas del desabastecimiento. El debate sobre la responsabilidad de los hechos continúa abierto.
