Guillermo Torres falleció el pasado 11 de enero en Puerto Gaitán, Meta. El exjefe paramilitar tenía 73 años de edad. Un documento judicial reveló la noticia de su muerte. El ataque al corazón fue la causa del deceso.
Fuentes locales confirmaron el fallecimiento a este medio. Torres murió en el mismo municipio donde operó criminalmente. Puerto Gaitán fue el epicentro de las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada. Durante años, este territorio estuvo bajo control paramilitar.
Las Autodefensas que comandó Torres cometieron múltiples crímenes. Entre ellos se cuentan asesinatos y desapariciones forzadas. También perpetraron desplazamientos masivos de población civil. El reclutamiento de menores fue otra de sus prácticas habituales. Además, cometieron acceso carnal violento con menores de edad.
Los hombres armados de Puerto Gaitán tenían un apodo particular. Varios exjefes paramilitares los identificaban como “Los Carranceros”. Este nombre surgió por su presunta conexión con Víctor Carranza. El zar esmeraldero habría dado órdenes a este grupo armado. Sin embargo, Carranza murió en 2012 sin condenas por paramilitarismo. La justicia nunca comprobó formalmente ese vínculo.
La trayectoria criminal de Torres comenzó en los años ochenta. Durante esa década trabajó como informante del Ejército en el Sumapaz. Posteriormente, a inicios de los noventa, se vinculó al paramilitarismo. Su primera base de operaciones fue San Martín, Meta.
En San Martín estuvo bajo el mando de Manuel de Jesús Pirabán. Este hombre era conocido con el alias “Pirata”. Pirabán posteriormente alcanzó un alto rango paramilitar. Se convirtió en uno de los principales jefes del Bloque Centauros. Esta estructura pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia.
En 1992, las autoridades capturaron a Torres. Permaneció dos años en prisión por sus actividades ilegales. Tras salir de la cárcel, se trasladó a Puerto Gaitán. Allí asumió el comando de “Los Carranceros”.
Este grupo tenía raíces en estructuras criminales anteriores. “Los Carranceros” pertenecieron a “Los Masetos”. Esta organización narcoparamilitar surgió en la década de 1980. Su creador fue Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”. Rodríguez Gacha fue uno de los principales miembros del cartel de Medellín.
Las declaraciones judiciales de Torres omitieron información clave. Ni él ni sus subalternos mencionaron a Víctor Carranza. Nunca lo señalaron como creador o financiador de la estructura. Esta omisión contrasta con otras fuentes de información.
Documentos de la Embajada estadounidense en Colombia cuentan otra historia. Estos papeles diplomáticos indicaban la participación de Carranza. Además, otros exjefes paramilitares también lo señalaron. Según estas fuentes, Carranza era el poder en la sombra. Controlaba el grupo criminal desde las sombras.
En sus últimos años, Torres se dedicó a dos actividades. Por un lado, continuó respondiendo ante la justicia transicional. Compareció ante los Tribunales de Justicia y Paz. Por otro lado, participó en proyectos agroindustriales en Puerto Gaitán. Personas cercanas confirmaron estas ocupaciones a este diario.
Torres se desmovilizó en 2005 junto con otros paramilitares. Fue procesado por el sistema de justicia transicional. Este mecanismo se creó para juzgar a miembros de las AUC. La pena máxima contemplada era de ocho años de prisión. Torres cumplió íntegramente esa condena. En octubre de 2015 recuperó su libertad.
En 2024, Torres volvió a ocupar titulares nacionales. El presidente Gustavo Petro tomó una decisión controversial. En noviembre de ese año firmó una resolución presidencial. Mediante este acto, designó a 18 exlíderes paramilitares como gestores de paz. Torres figuraba en ese listado junto con nombres notorios.
Entre los designados estaban Salvatore Mancuso y Jorge 40. También figuraban alias Don Berna y Macaco. Todos habían sido jefes de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia. La decisión presidencial generó amplio debate público.
La designación inicial tenía una duración de seis meses. El objetivo era que contribuyeran con actividades de construcción de paz. También debían realizar acercamientos con actores armados ilegales. El gobierno buscaba aprovechar su experiencia y contactos.
El gobierno extendió posteriormente esta gestoría de paz. Las extensiones ocurrieron el 8 de mayo y el 21 de septiembre de 2025. El último decreto estableció una fecha límite específica. Los exjefes paramilitares mantendrían su rol hasta el 6 de agosto de 2026. Esta fecha coincide con el final del periodo presidencial de Gustavo Petro.
Torres murió mientras ejercía formalmente como gestor de paz. Su fallecimiento ocurrió durante la vigencia de su designación. No pudo completar el periodo establecido hasta agosto de 2026. Su muerte cierra un capítulo en la historia del paramilitarismo colombiano.
El caso de Torres ilustra las complejidades de la justicia transicional. También muestra los dilemas de la construcción de paz en Colombia. Su designación como gestor generó cuestionamientos sobre perdón y reconciliación. Muchos se preguntaron si era apropiado ese rol para exjefes paramilitares.
Las víctimas de sus crímenes enfrentaron sentimientos contradictorios. Por un lado, algunos vieron valor en su conocimiento del conflicto. Por otro, muchos sintieron que era una afrenta a su dolor. El debate sobre su papel nunca se resolvió completamente.
Puerto Gaitán guarda las cicatrices de esos años violentos. El municipio fue testigo de atrocidades bajo el mando de Torres. Las familias desplazadas aún recuerdan esos tiempos con dolor. Los desaparecidos siguen sin aparecer en muchos casos.
La muerte de Torres plantea preguntas sobre verdad y memoria. Llevó consigo secretos que quizás nunca se conocerán. Su participación en Justicia y Paz dejó testimonios importantes. Sin embargo, muchas víctimas sienten que faltó información completa.
El vínculo con Víctor Carranza permanece en la penumbra. Nunca se esclareció judicialmente esa conexión. Los documentos estadounidenses sugieren una relación clara. No obstante, la justicia colombiana no logró comprobarlo formalmente.
La figura de Torres representa un periodo oscuro de Colombia. El paramilitarismo dejó huellas profundas en el país. Miles de víctimas aún esperan verdad, justicia y reparación. El camino hacia la paz sigue siendo complejo y lleno de desafíos.
Su muerte en Puerto Gaitán cierra un ciclo personal. Sin embargo, las consecuencias de sus actos perduran. Las comunidades afectadas continúan su proceso de sanación. La memoria histórica debe preservar estos hechos para las futuras generaciones.
El debate sobre los gestores de paz continuará después de su muerte. La estrategia del gobierno Petro sigue generando opiniones divididas. Algunos ven potencial en usar exparamilitares para la paz. Otros consideran que es una estrategia equivocada y dolorosa.
La historia de Guillermo Torres es parte del conflicto armado colombiano. Su vida refleja las transformaciones del paramilitarismo en el país. Desde informante militar hasta jefe paramilitar y gestor de paz. Cada etapa plantea preguntas sobre justicia, perdón y reconciliación.
