El Gobierno de Bolivia enviará en los próximos días a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para reformar el sector de hidrocarburos. La iniciativa busca revertir la caída de la producción y las exportaciones de gas y petróleo. Además, la administración de Rodrigo Paz prevé un esquema tributario de hasta el 50% para las petroleras.
La reforma elimina la “discrecionalidad” de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la negociación de contratos. Asimismo, el objetivo es ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores. Esta propuesta constituye la primera gran reforma estructural que la nueva administración enviará al Congreso.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, sostuvo en una entrevista con EFE que la situación actual exige una respuesta inmediata. “Todas las proyecciones que se tienen al momento con la producción de gas, exportación de gas, producción de petróleo, condensado, gasolina y demás, dan cuenta de una tendencia negativa. Por tanto, es necesario revertir esto”, afirmó el funcionario.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud de la crisis que atraviesa el sector energético boliviano. La producción de gas cayó desde los 61 millones de metros cúbicos registrados en 2014. Actualmente, esta cifra representa menos de la mitad de aquella producción. En paralelo, las exportaciones del sector descendieron de 6.113 millones de dólares en 2013 a 1.076,8 millones en 2025.
A esto se suma una fuerte reducción de las reservas probadas de hidrocarburos en el país andino. Las reservas pasaron de 10,7 trillones de pies cúbicos (TCF) en 2017 a 3,7 TCF en la actualidad. Por lo tanto, la tendencia negativa amenaza la sostenibilidad económica del sector. Igualmente, compromete los ingresos fiscales que Bolivia obtenía de esta industria estratégica.
El objetivo oficial es que Bolivia recupere su posición como productor relevante de hidrocarburos. Para ello, se propone un modelo mixto en el que YPFB opere en conjunto con inversores privados. Estos inversores pueden ser tanto nacionales como internacionales. En ese sentido, Medinaceli explicó que la iniciativa apunta a redefinir el rol de la petrolera estatal.
“Se pretende que YPFB sea un actor, pero que actúe de forma conjunta con el sector privado”, señaló el ministro. Posteriormente, comparó el esquema previsto con modelos vigentes en países como Brasil, Colombia y Chile. De esta manera, Bolivia busca alinearse con prácticas regionales que han demostrado mayor eficacia. También pretende atraer capitales que permitan explorar y explotar nuevos yacimientos.
El ministro remarcó que el nuevo esquema impositivo busca respetar el mandato surgido del referéndum de 2004. Durante la presidencia de Carlos Mesa, la ciudadanía aprobó el cobro de “un impuesto y/o regalías a las petroleras llegando al 50 % del valor de la producción de gas y petróleo en favor del país”. Por consiguiente, la reforma responde a una demanda ciudadana histórica.
“La gente votó que sí. Entonces, realmente es necesario respetar eso de forma progresiva, y de forma eficiente”, sostuvo Medinaceli. Además, el funcionario recordó su experiencia previa al frente de la cartera durante el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé. De esta forma, el ministro busca dar legitimidad histórica y técnica a la propuesta gubernamental.
Consultado sobre la diferencia entre este esquema y el 82% de participación estatal instalado durante la nacionalización dispuesta por Evo Morales en 2006, el funcionario buscó precisar el alcance de aquella medida. “Y aquí quiero ser enfático. A partir del 2007 la participación del Estado no fue del 82 %. Y las puertas del ministerio están abiertas para quien quiera discutir esto”, afirmó.
Según detalló Medinaceli, después de 2007 las empresas petroleras tributaron un 32 % correspondiente al Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Además, pagaron un 18 % en regalías. También aportaron alrededor de un 10 % adicional por factores incluidos en los contratos suscriptos con YPFB. De ese modo, la participación estatal promedió cerca del 60 %.
Esta participación registró variaciones que oscilaron entre el 53 % y el 65 % durante el período analizado. Por lo tanto, la cifra del 82% constituiría más un objetivo político que una realidad económica efectiva. Así, el Gobierno actual busca establecer un marco tributario más transparente y predecible para todos los actores.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la eliminación de los llamados “costos recuperables”. También se elimina la facultad discrecional de YPFB para definir condiciones contractuales con las compañías del sector. Para el Gobierno, ese cambio busca generar previsibilidad normativa. Igualmente, pretende mejorar el clima para la inversión en un sector que ha perdido atractivo internacional.
Los “costos recuperables” permitían a las empresas deducir ciertos gastos operativos antes del cálculo de tributos. Sin embargo, este mecanismo generaba incertidumbre sobre la rentabilidad real de los proyectos. Además, la discrecionalidad de YPFB en las negociaciones contractuales creaba desconfianza entre potenciales inversores. Por ello, la reforma busca establecer reglas claras y uniformes para todos.
Al mismo tiempo, la iniciativa contempla una estrategia específica para fortalecer a la petrolera estatal en el mediano plazo. El plan incluye medidas orientadas a la modernización de la empresa. También busca aumentar la transparencia en sus operaciones. Asimismo, pretende mejorar la eficiencia operativa de una compañía que ha enfrentado cuestionamientos por su gestión.
Además, la propuesta contempla la posibilidad de buscar financiamiento en mercados internacionales mediante emisión de bonos. Incluso, se plantea una eventual cotización bursátil de YPFB. “Ese es el sueño, conseguir recursos de afuera. Probablemente tengamos que lidiar con YPFB con una ley específica”, expresó el ministro. De esta forma, se busca capitalizar a la empresa sin recurrir exclusivamente al presupuesto estatal.
Medinaceli también aclaró que la reforma respetará el marco constitucional vigente desde 2009. “Establece que los hidrocarburos son administrados por YPFB y el Estado es el dueño de éstos”, recordó el funcionario. Por lo tanto, no se trata de una privatización del sector energético boliviano. Más bien, se busca un modelo de asociación que respete la propiedad estatal de los recursos.
“Sin embargo, lo que se quiere ahora es tener condiciones económicas para fomentar la exploración y explotación”, concluyó el ministro. De esta manera, el Gobierno intenta equilibrar el mandato constitucional con la necesidad de atraer inversión privada. También busca revertir la tendencia decreciente que amenaza con convertir a Bolivia en importador neto de hidrocarburos.
La reforma llega en un momento crítico para la economía boliviana. Durante años, los ingresos por exportación de gas constituyeron una fuente fundamental de divisas para el país. Además, el sector generaba importantes recursos fiscales que financiaban programas sociales y obras de infraestructura. Por consiguiente, la caída de la producción ha tenido impactos múltiples en la economía nacional.
La dependencia histórica de Bolivia respecto a sus exportaciones de gas hacia Brasil y Argentina también ha disminuido. Estos países han desarrollado fuentes alternativas de energía. Asimismo, han aumentado su propia producción de hidrocarburos. Por lo tanto, Bolivia enfrenta no solo una crisis de producción sino también de mercados.
El debate legislativo sobre esta reforma promete ser intenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Diversos sectores políticos y sociales ya han manifestado posiciones encontradas sobre la apertura al capital privado. Algunos consideran que representa una traición al proceso de nacionalización iniciado en 2006. Otros argumentan que resulta indispensable para salvar al sector de su colapso.
Los sindicatos de trabajadores petroleros han expresado preocupación por el futuro de YPFB bajo este nuevo esquema. Temen que la participación privada derive en despidos o en la precarización de las condiciones laborales. Además, cuestionan si la empresa estatal tendrá capacidad real de competir con operadores privados mejor capitalizados.
Por su parte, las cámaras empresariales han recibido con cautela la propuesta gubernamental. Si bien valoran la eliminación de la discrecionalidad y los costos recuperables, solicitan mayores garantías jurídicas. También demandan estabilidad en las reglas del juego a largo plazo. Asimismo, piden claridad sobre los mecanismos de resolución de controversias.
Los gobernadores de los departamentos productores, especialmente Tarija y Santa Cruz, también tendrán un rol importante en este debate. Estos territorios reciben importantes recursos por concepto de regalías hidrocarburíferas. Por lo tanto, cualquier cambio en el esquema tributario afecta directamente sus presupuestos departamentales. En consecuencia, buscarán garantizar que la reforma no disminuya sus ingresos.
La experiencia regional ofrece lecciones relevantes para Bolivia en este proceso de reforma. Brasil logró atraer importantes inversiones manteniendo a Petrobras como operador estatal relevante. Colombia desarrolló un sector petrolero dinámico con participación mixta. Chile, aunque con menores recursos, estableció un marco regulatorio que generó confianza en los inversores.
Sin embargo, también existen casos de reformas que no cumplieron sus objetivos o generaron conflictos sociales. Por ello, el diseño específico de la normativa resulta crucial para su éxito. Igualmente importante será la capacidad del Estado para fiscalizar adecuadamente las operaciones. También resultará determinante la transparencia en la asignación de contratos y en la rendición de cuentas.
El contexto internacional también influye en las perspectivas de esta reforma. Los precios del petróleo y el gas experimentan volatilidad debido a factores geopolíticos y económicos globales. Además, la transición energética mundial hacia fuentes renovables genera incertidumbre sobre la demanda futura de hidrocarburos. Por lo tanto, Bolivia debe actuar con rapidez para aprovechar la ventana de oportunidad que aún existe.
La capacidad técnica de YPFB para asociarse efectivamente con operadores privados también será puesta a prueba. La empresa deberá modernizar sus procesos y capacitar a su personal. Asimismo, necesitará desarrollar capacidades de negociación y supervisión de contratos complejos. Todo ello mientras mantiene sus operaciones actuales en funcionamiento.
El financiamiento de nuevas exploraciones representa otro desafío mayúsculo para el sector. Los proyectos de hidrocarburos requieren inversiones millonarias con retornos a largo plazo. Además, implican riesgos geológicos significativos. Por ello, la reforma debe generar condiciones suficientemente atractivas para que los inversores asuman estos riesgos.
La infraestructura existente también necesita inversiones importantes de mantenimiento y expansión. Los ductos de transporte, las plantas de procesamiento y las instalaciones de almacenamiento requieren modernización. Sin estos activos en condiciones óptimas, incluso un aumento de la producción enfrentaría cuellos de botella logísticos.
