La reciente implementación de un nuevo modelo de pico y placa en Bucaramanga ha generado un debate intenso. Este modelo, que se aplicará a partir del 7 de enero de 2025, introduce restricciones significativas para los vehículos matriculados fuera del área metropolitana. La medida ha sido recibida con opiniones divididas, reflejando la complejidad de equilibrar el control del tráfico con los derechos de los ciudadanos.
El nuevo esquema de pico y placa establece que los vehículos no matriculados en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta o Floridablanca solo podrán circular en días alternos, según el número de matrícula par o impar. Esta decisión ha sido justificada por algunos como un incentivo para que los propietarios registren sus vehículos en la región, lo que podría aumentar el recaudo fiscal de los municipios del área metropolitana. Sin embargo, esta perspectiva no es compartida por todos.
Críticos de la medida, como el diputado David Castrillón, han expresado su preocupación por las implicaciones que tiene sobre la libre circulación y la igualdad de derechos. Castrillón ha señalado que la falta de un sistema de transporte público eficiente, tras la liquidación de Metrolínea, agrava la situación. “Al director de Tránsito se le olvida que Metrolínea fue liquidado y empezamos 2025 sin una solución de transporte seria”, afirmó Castrillón, subrayando la necesidad de considerar la dignidad humana y el derecho a la movilidad.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha detallado cómo se implementará el pico y placa en 2025. Las restricciones se aplicarán de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los días de restricción para los vehículos con placas terminadas en ciertos dígitos son los siguientes: lunes para 9 y 0, martes para 1 y 2, miércoles para 3 y 4, jueves para 5 y 6, y viernes para 7 y 8. Los sábados, la rotación varía, comenzando el 11 de enero con las placas 3 y 4.
Este nuevo modelo de pico y placa estará vigente hasta diciembre de 2025 y afectará a los aproximadamente 956 mil viajes diarios que se realizan en Bucaramanga y su área metropolitana. La medida busca reducir la congestión vehicular, pero también plantea desafíos significativos para los residentes y visitantes de la ciudad.
Desde una perspectiva económica, la medida podría incentivar el registro de vehículos en el área metropolitana, aumentando así los ingresos municipales. Sin embargo, esto podría ser visto como una carga adicional para los propietarios de vehículos que ya enfrentan costos significativos. Además, la falta de un sistema de transporte público robusto podría limitar las opciones de movilidad para aquellos que dependen de sus vehículos para desplazarse.
Por otro lado, desde un punto de vista social, la medida podría ser percibida como una restricción a la libertad de movimiento. La implementación de restricciones basadas en el lugar de registro del vehículo podría ser vista como discriminatoria, afectando desproporcionadamente a aquellos que viven fuera del área metropolitana pero que necesitan viajar a la ciudad por trabajo, educación u otras razones.
En términos de infraestructura, la medida pone de relieve la necesidad urgente de mejorar el transporte público en Bucaramanga. La liquidación de Metrolínea ha dejado un vacío significativo en el sistema de transporte de la ciudad, y la implementación de restricciones adicionales sin una alternativa viable podría exacerbar los problemas existentes.
