La magistrada Caterina Heyck Puyana de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dado un paso sin precedentes en Colombia al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.
En su solicitud, dirigida a la fiscal general Luz Adriana Camargo, la magistrada busca iniciar procesos de extinción de dominio sobre bienes en territorio colombiano. Específicamente, apunta a aquellos que podrían estar vinculados con el conflicto en Gaza.
La denuncia se fundamenta en un exhaustivo informe titulado “De la economía de ocupación a la economía del genocidio”. Este documento fue elaborado por Francesca Paola Albanese, relatora de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina.
Entre las empresas mencionadas en el informe destacan dos importantes corporaciones con presencia en Colombia: Drummond LTD Colombia y Glencore Colombia. Ambas compañías, dedicadas a la exportación de carbón, mantienen sedes y personería jurídica en el país.
La relatora Albanese señala en su informe que estas empresas habrían contribuido a la economía israelí bajo circunstancias específicas. Entre ellas se encuentran la violación del derecho palestino a la libre determinación y la anexión de territorios palestinos.
También se menciona el mantenimiento de una ocupación considerada ilegal según el derecho internacional. Adicionalmente, el informe vincula estas actividades con presuntos delitos de agresión, apartheid y genocidio.
La magistrada Heyck ha sido enfática en aclarar que su actuación es estrictamente personal. Su denuncia, afirma, no compromete institucionalmente a la JEP, sino que responde a sus obligaciones legales y constitucionales como funcionaria pública.
En el contexto legal internacional, la magistrada recuerda la importancia de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Este tratado, adoptado en 1948 tras el Holocausto, cuenta con 153 Estados miembros, incluido Colombia.
La denuncia presentada busca investigar no solo los bienes directamente relacionados, sino también aquellos con vínculos indirectos. La magistrada cita las palabras de Albanese, quien sostiene que la situación en Palestina persiste por ser “demasiado lucrativa para todos”.
Esta acción legal representa un movimiento significativo en el ámbito jurídico colombiano. Establece un precedente sobre la responsabilidad de empresas locales en conflictos internacionales y su posible vinculación con violaciones a derechos humanos.
La denuncia también plantea interrogantes sobre el alcance de la jurisdicción colombiana en asuntos internacionales. Además, cuestiona el papel de las empresas multinacionales en zonas de conflicto y su responsabilidad legal.
