Las plataformas digitales de intermediación para domicilios y arrendamiento de vehículos han ganado protagonismo dentro de la economía gig. Estos trabajos flexibles y temporales se han convertido en una alternativa accesible. Sin embargo, operan en un contexto de profundas desigualdades laborales.
Un reciente estudio del sociólogo Óscar Javier Maldonado arroja luz sobre esta realidad. El profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario investigó junto a Derly Sánchez. Sánchez es la investigadora principal de Fairwork Colombia. Ambos concluyeron que estas plataformas prosperan mediante la precarización laboral.
Las aplicaciones participan en prácticas de informalidad sistemática. Entre ellas destacan el pago de salarios inferiores al mínimo. También están presentes los altos riesgos laborales y las jornadas interminables. Además, existe vigilancia algorítmica constante sobre los trabajadores. Las sanciones arbitrarias y la desprotección en seguridad social completan el panorama.
Sectores vulnerables de la sociedad encuentran en estas aplicaciones una salida laboral. Según Alianza Inn, agremiación que concentra las empresas más grandes del país, existen cerca de 1,8 millones de cuentas activas. Entre las plataformas más conocidas están Rappi, Uber, Didi y Cabify. No obstante, la cifra de trabajadores a tiempo completo es considerablemente menor.
Fedesarrollo realizó en 2021 el estimado más reciente sobre trabajadores de tiempo completo. La entidad calculó al menos unas 200.000 personas dedicadas completamente a estas labores. De ese total, aproximadamente 120.000 eran repartidores de domicilios. El resto se dedicaba principalmente al transporte de pasajeros.
Los ingresos reportados entonces mostraban una realidad preocupante. Un repartidor de comida a domicilio ganaba en promedio $867.000 mensuales. Esta cifra se obtenía laborando 35 horas semanales. Por su parte, los conductores de aplicación alcanzaban $1’200.000 mensuales. Ellos trabajaban 44,6 horas durante el mismo periodo.
El análisis incluyó testimonios reveladores de colaboradores de Rappi y Picap. Algunos trabajadores laboraban más de 70 horas semanales sin percibir el salario mínimo. En ese momento, el salario mínimo era de $908.526. Esta situación evidenciaba una clara violación de los derechos laborales básicos.
A pesar del tiempo dedicado a las plataformas, las ganancias han decrecido notablemente. La crisis global del costo de vida ha impactado duramente a estos trabajadores. Esta crisis es una secuela económica de la pandemia que incrementó los precios. Los alimentos y el combustible experimentaron aumentos particularmente significativos.
El contexto nacional agrava aún más la situación. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 48,9 por ciento de la población tuvo ingresos inferiores al salario mínimo en 2025. Esta cifra representa aproximadamente 11,3 millones de personas. Por lo tanto, la vulnerabilidad económica es generalizada en el país.
Para Óscar Maldonado, este modelo de negocio prospera por razones estructurales. Existe una porción enorme de desempleados que necesitan estas oportunidades. También hay personas con condiciones precarias que no tienen alternativas mejores. Las plataformas capitalizan esta situación de necesidad extrema.
Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ofrece otra perspectiva. Considera que las formas de trabajo han cambiado de manera apresurada. Mientras tanto, la normativa laboral no se ha logrado acomodar al mismo ritmo. Esta desincronización genera vacíos legales que perjudican a los trabajadores.
“Es posible hallar un equilibrio en el cual las empresas de plataforma generen empleos que no sean completamente informales”, dice García Suaza. Su afirmación sugiere que existen soluciones viables. Sin embargo, requieren voluntad política y compromiso empresarial. También necesitan la participación activa de los trabajadores organizados.
El 20 de junio de 2025, el Congreso colombiano aprobó la Ley 2466 de 2025. Con ella se reformó el sistema laboral del país de manera significativa. El texto incluye reglamentaciones específicas para el sector de las plataformas digitales. Esta regulación se había intentado en iniciativas legislativas anteriores sin éxito.
Para tomar esta decisión se contó con la participación de diversos actores. Los sindicatos de repartidores por aplicación fueron parte fundamental del proceso. El Ministerio del Trabajo también jugó un papel importante. Además, participaron agremiaciones de la economía gig. Esta diversidad de voces enriqueció el debate legislativo.
Un eje fundamental para entender este tipo de trabajo es la clasificación de trabajadores. Existen dos tipos de trabajadores en plataformas: los dependientes y los independientes. La ley se centró en la protección de los independientes específicamente. Para ellos se establecieron garantías mínimas de seguridad social.
Las compañías deben garantizar el pago del 60 por ciento de los aportes a salud y pensión. También deben cubrir la totalidad de los riesgos laborales de sus trabajadores. Esta última disposición cobra gran importancia en esta área de trabajo. Los repartidores y conductores viven expuestos a sufrir accidentes de tránsito constantemente.
Antes de la reforma, las empresas dejaban esa carga al sistema de salud público. Tampoco exigían a sus trabajadores estar afiliados a seguridad social. En caso de enfermedad o discapacidad, el trabajador quedaba completamente desprotegido. El Estado asumía los costos sin que las empresas contribuyeran proporcionalmente.
Jhonniell Colina es presidente de la Unión de Trabajadores de Plataformas Digitales. Este sindicato, conocido como UNIDAPP, nació en 2020. Agrupa a los trabajadores de plataformas digitales en Colombia. Colina sostiene que la reforma laboral es una victoria de su organización.
El sindicato fue parte activa de los debates políticos que condujeron a la reforma. Sin embargo, Colina afirma que el texto final no quedó como se planteó inicialmente. Se buscaba la vinculación por medio de un contrato especial. Este contrato debía incluir un modelo de subordinación con las compañías gig. Finalmente, esta propuesta no fue acogida completamente.
Colina argumenta que las condiciones de trabajo ameritaban una regulación más fuerte. También señala que los costos operativos justificaban mayor protección. “La mayoría de nosotros trabaja de 12 a 14 horas al día, sin primas ni vacaciones. Cada uno pone la moto, el teléfono y la gasolina. La mitad de lo que ganamos se va en esos gastos. Las cuentas que hicimos mostraron que, para que un repartidor pueda sortear dichos rubros, debe ganar como mínimo $20.000 por hora. Pese a todo, solo obtuvimos unos puntos básicos de seguridad social que sirven para defendernos”, alega.
Esta cifra de $20.000 por hora se convierte en el umbral de rentabilidad. Por debajo de este monto, el trabajo en plataformas resulta insostenible económicamente. Los gastos operativos consumen aproximadamente la mitad de los ingresos brutos. Por lo tanto, las ganancias netas son significativamente menores a lo aparente.
Los trabajadores de estas plataformas esperan que se implementen mejores regulaciones en un futuro. Testimonios recogidos por los investigadores del estudio de la Universidad del Rosario lo confirman. Luis Molina es conductor y busca acceder a una pensión digna. Él habla de las posibilidades de algunos beneficios laborales adicionales.
“Sería bueno que se nivelaran las cargas y que las plataformas de transporte nos dieran un aporte a la seguridad social, porque ellas se benefician con lo que hacemos. Además, subió el mínimo, y también los gastos de salud y pensión: estamos pagando más de $400.000. Eso es un golpe fuerte al bolsillo. Todos merecemos trabajar de forma digna”, expresa Molina.
El testimonio de Molina refleja una realidad compartida por miles de trabajadores. Los aportes a seguridad social representan más de $400.000 mensuales actualmente. Esta cifra es significativa cuando se compara con los ingresos totales. Para muchos trabajadores, representa entre un tercio y la mitad de sus ganancias.
La dignidad laboral emerge como un reclamo central de estos trabajadores. No se trata solamente de aumentar los ingresos nominales. También implica acceso a derechos fundamentales como primas, vacaciones y cesantías. Además, incluye la posibilidad real de acceder a una pensión al final de la vida laboral.
Las jornadas de 12 a 14 horas diarias contrastan con la jornada laboral legal de ocho horas. Esta extensión del tiempo de trabajo responde a la necesidad de alcanzar ingresos mínimos. Sin embargo, genera consecuencias negativas para la salud física y mental. También limita el tiempo disponible para la vida familiar y personal.
La ausencia de primas y vacaciones diferencia radicalmente este empleo del formal. Los trabajadores no cuentan con periodos de descanso remunerado. Tampoco reciben compensaciones adicionales en épocas especiales del año. Esta situación perpetúa un ciclo de trabajo continuo sin respiro.
La inversión en herramientas de trabajo recae completamente sobre el trabajador. Cada persona debe poner la moto o el vehículo para trabajar. También debe adquirir y mantener el teléfono celular necesario. Además, asume el costo diario de la gasolina o combustible. Estos gastos operativos no son reembolsados por las plataformas.
El mantenimiento de los vehículos representa otro costo significativo no contemplado inicialmente. Las motos y carros requieren revisiones periódicas, cambios de aceite y reparaciones. Estos gastos son impredecibles y pueden consumir los ingresos de varios días. Sin embargo, son absolutamente necesarios para continuar trabajando.
La vigilancia algorítmica constituye otro aspecto problemático de este modelo laboral. Los trabajadores están constantemente monitoreados mediante sistemas automatizados. Estos algoritmos evalúan tiempos, rutas, aceptación de servicios y calificaciones. Las decisiones sobre sanciones o desactivación de cuentas son tomadas automáticamente. Frecuentemente, no existe posibilidad de apelación o explicación humana.
Las sanciones pueden incluir desde reducción de servicios ofrecidos hasta desactivación temporal o permanente. Estas penalizaciones ocurren sin procedimientos claros ni garantías de debido proceso. Los trabajadores quedan en situación de indefensión frente a decisiones algorítmicas. Esta asimetría de poder caracteriza la relación entre plataformas y trabajadores.
Los riesgos laborales son particularmente elevados en este sector. Los accidentes de tránsito son frecuentes dada la naturaleza del trabajo. Antes de la reforma, estos accidentes dejaban a los trabajadores sin protección. Ahora, la obligación de cubrir riesgos laborales representa un avance importante. Sin embargo, su implementación efectiva aún está por verse.
La informalidad laboral en Colombia encuentra en las plataformas digitales una nueva expresión. Tradicionalmente, la informalidad se asociaba con ventas ambulantes o trabajos sin contrato. Ahora, se presenta mediada por tecnología y bajo la apariencia de modernidad. No obstante, las condiciones precarias permanecen esencialmente iguales.
El modelo de negocio de estas plataformas se basa en la externalización de costos. Las empresas obtienen ganancias sin asumir las responsabilidades de un empleador tradicional. Los trabajadores asumen riesgos, costos operativos y cargas de seguridad social. Mientras tanto, las plataformas se quedan con un porcentaje significativo de cada transacción.
La reforma laboral representa un primer paso hacia la regulación de este sector. Sin embargo, organizaciones sindicales y académicos coinciden en que es insuficiente. Se requieren ajustes adicionales que garanticen derechos laborales más completos. También es necesario establecer mecanismos efectivos de supervisión y cumplimiento.
La participación de los sindicatos en el debate legislativo marca un precedente importante. Demuestra que la organización colectiva puede incidir en políticas públicas. También evidencia que los trabajadores de plataformas pueden articularse efectivamente. Este proceso de sindicalización enfrenta resistencias pero avanza gradualmente.
El contexto de desempleo generalizado fortalece la posición de las plataformas. Con millones de personas sin alternativas laborales, las condiciones pueden mantenerse precarias. Los trabajadores aceptan situaciones desfavorables por necesidad económica inmediata. Esta dinámica dificulta la mejora sustancial de las condiciones laborales.
La crisis del costo de vida agrava la situación de estos trabajadores. Los precios de alimentos, combustible y servicios básicos han aumentado significativamente. Mientras tanto, los ingresos no han crecido proporcionalmente. Esta brecha entre ingresos y gastos reduce constantemente la capacidad adquisitiva. Muchos trabajadores apenas logran cubrir necesidades básicas.
La edad promedio de estos trabajadores y su nivel educativo son variables importantes. Muchos son jóvenes sin experiencia laboral previa o personas mayores excluidas del mercado formal. También incluyen personas con educación secundaria o superior que no encuentran empleo en su área. Esta diversidad refleja la amplitud de la crisis laboral colombiana.
Las plataformas argumentan que ofrecen flexibilidad y autonomía a los trabajadores. Efectivamente, permiten elegir horarios y cantidad de trabajo hasta cierto punto. Sin embargo, esta flexibilidad tiene un costo elevado en términos de protección social. Además, la necesidad económica obliga a muchos a trabajar jornadas extenuantes.
La autonomía proclamada es cuestionada por la realidad de la vigilancia algorítmica. Los trabajadores deben aceptar servicios rápidamente para mantener buenos indicadores. También deben seguir rutas sugeridas y cumplir tiempos estrictos. Las calificaciones de usuarios afectan directamente la cantidad de servicios ofrecidos. Por lo tanto, la autonomía real es limitada.
La comparación con trabajadores formales evidencia las desventajas de este modelo. Un empleado formal cuenta con salario fijo, prestaciones sociales y estabilidad relativa. También tiene acceso a créditos, subsidios y programas gubernamentales. Los trabajadores de plataformas carecen de estas garantías y oportunidades. Su situación es estructuralmente más vulnerable.
El debate sobre la naturaleza de la relación laboral continúa. Las plataformas insisten en que los trabajadores son contratistas independientes. Los sindicatos argumentan que existe subordinación y dependencia económica. Esta discusión tiene implicaciones legales y económicas profundas. Define qué derechos y obligaciones corresponden a cada parte.
La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas para Colombia. En varios países europeos se han establecido regulaciones más estrictas. Algunas jurisdicciones han reclasificado a estos trabajadores como empleados. Otras han creado categorías intermedias con derechos específicos.
