El 28 de abril comenzó en Santa Marta el segmento de alto nivel de la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles. Representantes de gobiernos de cerca de 60 países se reunieron para discutir un aspecto crucial. Además, analizaron cómo abandonar el uso de carbón, petróleo y gas en economías dependientes de estos recursos.
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas ha sido claro. Por otro lado, advierte que se está haciendo tarde para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos gases son los culpables del aumento de temperatura del planeta. Si no se logra limitar ese incremento a 1,5 °C para finales de siglo, las consecuencias serán graves.
Se intensificarán la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas claves como la Amazonia. Asimismo, aumentará el nivel del mar y se agravarán fenómenos meteorológicos como sequías y huracanes. Sin embargo, un nuevo análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible revela datos preocupantes. Los gobiernos destinaron cinco veces más fondos públicos a los combustibles fósiles que a las energías renovables.
Este desequilibrio pone en riesgo no solo al clima, sino también la seguridad energética global. El reporte fue publicado el 27 de abril en el marco de la conferencia de Santa Marta. Según el documento, las decisiones de los gobiernos en materia de finanzas públicas siguen sin estar en consonancia. En consecuencia, no reflejan una transición creíble que permita abandonar los combustibles fósiles.
El análisis sostiene que cualquier hoja de ruta de transición creíble debe comenzar de manera específica. Debe poner fin al apoyo financiero público a los combustibles fósiles. Posteriormente, debe redirigir esos recursos hacia sistemas energéticos más limpios y resilientes. Colombia es uno de los países que ha reconocido esta necesidad urgente.
Ha admitido la importancia de abandonar progresivamente el uso del carbón, el petróleo y el gas. El objetivo es sustituirlos por fuentes de energía renovable como la eólica y la solar. De hecho, el Gobierno de Gustavo Petro tomó una decisión trascendental en la cumbre climática de Dubái. Durante la COP28 en 2023, asumió el liderazgo de un conjunto de países comprometidos.
Estos países consideran urgente tomar decisiones para lograr esa transición energética. Por eso, junto a Países Bajos, organizó la conferencia que se lleva a cabo en Santa Marta. El evento se desarrolla del 24 al 28 de abril con participación internacional. Una de las medidas claves para esa transición hace parte central de las discusiones.
Tiene que ver con la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles en el país. Desde 2023, el Gobierno ha avanzado en la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Combustibles. Este fondo le costó COP 80 billones al país tras la pandemia por covid-19. Aunque a inicios de 2026 la deuda era de COP 3,2 billones, su reducción ha tenido un costo.
El cierre ha estado impulsado principalmente por el incremento al precio de la gasolina para los consumidores. No obstante, como detalla Así va la Energía, una plataforma de monitoreo del centro de pensamiento Transforma, persisten problemas. Los subsidios al petróleo, el carbón y el gas cada vez le cuestan más a Colombia. Además, hay un avance muy reducido en el compromiso de eliminarlos completamente.
El subsidio al diésel, exenciones tributarias y otros incentivos al uso de combustibles fósiles conforman un listado extenso. Esto representa cerca del 2% del PIB nacional según los análisis económicos. Todavía no está claro cómo se va a desmontar este complejo sistema de subsidios.
En junio de 2022, el Ministerio de Hacienda anunció el primero de varios incrementos mensuales. El precio de la gasolina pasó de costar COP 9.000 por galón a cerca de COP 16.000. Este ajuste se implementó gradualmente hasta 2025, alineando el precio nacional con los precios internacionales. El objetivo fue planteado a finales del Gobierno de Iván Duque.
Posteriormente, fue implementado en su mayoría por la administración de Petro con resultados mixtos. La meta era cerrar un déficit que se acumuló durante años con consecuencias fiscales graves. De acuerdo con la dirección de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, llegó a representar un costo significativo. Para 2023, el costo anual era cercano a los COP 20 billones según las cifras oficiales.
Se trata del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, conocido como FEPC. Este mecanismo se creó en 2007 para evitar que los cambios del precio internacional tuvieran impacto. Como explica Paula Osorio, ingeniera eléctrica, economista e investigadora de Transforma, el diseño era diferente. “El objetivo era que los momentos en los que el precio internacional estuviera por debajo del precio nacional generaran un ahorro para financiar los momentos en los que el precio internacional incrementara”.
Sin embargo, el mecanismo no funcionó como se esperaba en la práctica. El precio internacional estaba la mayoría del tiempo por encima del precio nacional. Antes de 2020, el costo del FEPC ya representaba un problema para las finanzas del Estado. Pero la situación se agravó en los años que siguieron con eventos globales inesperados.
La pandemia por covid-19 y el conflicto entre Ucrania y Rusia ocasionaron un incremento significativo. Los precios del petróleo se dispararon en los mercados internacionales. Como consecuencia, aumentó el costo de los subsidios para el país de manera exponencial. En los últimos seis años, señala Julián Flórez Quiroga, director de Hidrocarburos del Minminas, las cifras son alarmantes.
Se han pagado más de COP 82 billones para subsidiar que el precio de los combustibles esté por debajo. Este monto representa un costo enorme para las finanzas públicas del país. Con el precio de la gasolina cerca de los COP 16.000 en 2025, el déficit anual había logrado reducirse. La deuda del fondo llegó a COP 3,2 billones con expectativas de mejora.
Sin embargo, “el 28 de febrero, que fue cuando Estados Unidos atacó a Irán y sus instalaciones, el precio internacional del petróleo se dispara, llegando a niveles que no veíamos hace dos décadas. Eso hace que el déficit vuelva a aumentar”, asegura Flórez. Aunque el plan del Gobierno era que para finales de 2026 se eliminara por completo la deuda, surgieron complicaciones.
El Centro de Estudios Económicos de Colombia estima que este nuevo escenario podría llevar la deuda a niveles preocupantes. La proyección es que alcance los COP 10,7 billones en el corto plazo. A esto se suma un problema más que complica la situación fiscal del país. Hasta ahora, la reducción del déficit se había logrado gracias al incremento del 74% en el precio de la gasolina.
El diésel, sin embargo, pasó de costar COP 9.000 en 2020 a COP 10.650 en 2025. Este incremento es muy por debajo del precio internacional del combustible. Entonces surge una pregunta importante: ¿por qué se ha mantenido el subsidio a un combustible más contaminante? La respuesta tiene varios matices que involucran aspectos económicos y sociales.
En Colombia, una parte importante de la economía se mueve en vehículos de gran tamaño. Estos vehículos están impulsados por diésel y son fundamentales para la logística nacional. Algunos ejemplos son las mercancías que entran y salen por los principales puertos del país. También incluye el desplazamiento de alimentos desde el campo hacia las grandes ciudades.
Asimismo, el transporte de pasajeros a nivel nacional depende en gran medida de este combustible. Para Osorio, de Transforma, hay varias consideraciones a la hora de pensar en incrementar el precio. Una de las más importantes es que las actividades vinculadas a su uso están relacionadas con la inflación. También afectan la economía de sectores vulnerables como los pequeños agricultores del país.
“Por eso, cuando se dieron los primeros incrementos al diésel, hubo mucha presión por parte de los transportadores para frenarlos. Es un sector que necesita un enfoque diferente”, advierte Osorio. El problema tiene una magnitud importante que no puede ser ignorada por las autoridades. Cuando el precio del diésel a nivel internacional incrementa, el subsidio al diésel en Colombia ha alcanzado proporciones significativas.
Ha llegado “hasta el 65% del precio”, explica Flórez con preocupación evidente. Según el funcionario, desde que aumentaron los precios a raíz del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, las consecuencias han sido graves. Al país le ha costado COP 4 billones mantener los precios del combustible estables en el mercado interno.
Al respecto, la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, asegura que la situación no es sostenible. “Subsidiar de manera generalizada los combustibles fósiles no es sostenible, ni fiscal ni ambientalmente. Esos recursos públicos terminan profundizando la dependencia del petróleo y el diésel, cuando deberían orientarse a financiar la transición energética, la movilidad limpia, la restauración ecosistémica y la protección social de las comunidades más vulnerables”.
En 2024, el Instituto Ambiental de Estocolmo y el Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad publicaron un documento importante. Analizaron los retos que plantea desmontar el subsidio al diésel en Colombia. Además, hicieron recomendaciones específicas para lograr ese objetivo sin afectar a los sectores vulnerables. Una de ellas es tener mesas de trabajo permanentes con el sector transportador.
También proponen establecer programas sociales que permitan reducir el impacto del incremento de precios. Estos programas deben enfocarse en los sectores más vulnerables de la población colombiana. Además, hacen un llamado a la renovación tecnológica del parque automotor de transporte. El fin es reducir la dependencia del diésel y mejorar la eficiencia energética del sector.
