Las Fuerzas Militares confirmaron este 13 de noviembre un bombardeo en Cumaribo (Vichada) que el Gobierno no había anunciado. Ocurrió el 5 de octubre. Dicen que no hubo afectación a civiles. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, afirma que dos viviendas y dos familias resultaron afectadas.
El Tiempo reveló el 12 de noviembre, en una exclusiva, que el Gobierno no reportó el ataque. Según ese diario, en unos 100 días la administración de Abelardo de la Espriella anunció ocho bombardeos. Este sería el noveno.
El Comando General de las Fuerzas Militares informó en un comunicado que realizó «un ataque aéreo de precisión» contra integrantes de una estructura armada ilegal. Según el texto, dos de ellos murieron y una persona se sometió a la justicia. Además, dice que se incautaron 21 armas de fuego.
El comunicado añade que el ataque se hizo «sin que se presentara afectación alguna sobre bienes o personal civil». También indica que la operación se hizo «previamente verificados los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del DIH». No menciona la fecha, la hora, el grupo atacado ni el nombre de la operación.
Según la Defensora del Pueblo, el ataque lo hizo la Fuerza Aérea hacia la 1:00 p. m. en la vereda Caño Cadá, inspección de Chupave. Fue en la finca El Retiro. Fuentes militares citadas por medios dijeron que se lanzaron dos bombas de 400 kilos. El comunicado no confirma ese dato.
«Se ven afectadas dos viviendas, dos familias, daños a bienes materiales».
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Lo que dijo la Defensora no coincide con el comunicado militar. Marín habló además de cráteres de más de un metro de profundidad y tres de diámetro. No se ha informado quiénes eran los dos muertos, y se busca establecer si eran civiles.
Las comunidades de la zona dieron otra versión en una denuncia pública del 20 de octubre. La firmaron la asociación de colonos Asocoavi, presidentes de juntas comunales y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.
Según esa denuncia, una verificación comunitaria del 14 de octubre contó unos 48 impactos. Describe cráteres de hasta tres metros de profundidad y entre seis y siete de ancho. También dice que quedaron destruidos una vivienda con su cocina, maíz, un vivero de cacao y árboles frutales. Afirma que no hallaron cuerpos, armas ni pertrechos.
Las organizaciones sostienen que el predio estaba en un programa de sustitución de cultivos. Dicen que técnicos del programa lo visitaron hacia mediados de septiembre. Allí registraron la casa, la vía y a los dueños. Ni el Gobierno ni la entidad a cargo del programa han confirmado esa versión.
Las fuentes no coinciden sobre el objetivo. Según El Tiempo, era el anillo de seguridad de alias Calarcá, de las disidencias. Las comunidades hablan de una facción de «Los Mordiscos». Otros medios lo ubican en el círculo cercano a Iván Mordisco. El comunicado lo describe solo como una «estructura armada organizada ilegal».
Un campesino que vive a unos 800 metros del lugar denunció ante medios que, al día siguiente, soldados llegaron a su casa y lo retuvieron unas tres horas. Es la versión de un solo testigo, y la Fuerza Pública no ha respondido a esa denuncia. Las organizaciones piden que se investiguen las quejas de esa familia.
Las organizaciones piden un informe oficial sobre el objetivo, las unidades, la autorización, la inteligencia y los resultados. También reclaman una evaluación técnica independiente, la revisión de los registros del programa de sustitución y medidas de protección para las familias. «Nuestro propósito no es alimentar la confrontación», señalan en su denuncia.
El Tiempo contó que el Comando General no respondió a sus preguntas antes de publicar. Fuentes militares le dijeron que el ataque no se había anunciado «sin que se conozcan las razones». Hasta la mañana del 13 de noviembre no se encontró un pronunciamiento del presidente ni del ministro de Defensa, Jorge Mora.
Fuentes: Comando General de las Fuerzas Militares, Defensoría del Pueblo, denuncia de las comunidades de Cumaribo, El Tiempo, La FM, Infobae, El Morichal.
