El presidente Abelardo de la Espriella firmó el 13 de octubre, según Blu Radio y Semana, el Decreto 1525 de 2026, que modifica el protocolo de la Policía en las manifestaciones. El decreto no prohíbe la protesta. Esta semana, la Defensoría del Pueblo y la oposición lo cuestionaron, y se conocieron demandas en su contra. El Gobierno defiende que protege a quienes protestan en paz. El Centavo no pudo consultar el texto oficial del decreto: sus reglas se describen según los medios que lo citan.
El texto se llama "Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana". Modifica y adiciona el Decreto 003 de 2021, expedido en el gobierno de Iván Duque, pero no lo deroga, según El País y Semana.
Según Semana y La Silla Vacía, el diálogo sigue siendo un principio, pero deja de ser un requisito previo que frene la intervención contra quienes ejecuten actos violentos. Se considera cumplido con gestores de convivencia, equipos de diálogo y un canal abierto durante la jornada. Además, puede retomarse después de usar la fuerza, si cesan las acciones violentas.
El decreto señala como violentas, "según las circunstancias concretas", conductas como portar armas o explosivos, retener personas y agredir a uniformados, periodistas o misiones médicas. También incluye atacar bienes y destruir infraestructura pública o privada.
Además, no es obligatorio agotar los primeros niveles de intervención cuando sea materialmente imposible por razones objetivas y verificables. Debe quedar constancia en el acta del Puesto de Mando Unificado, que se comunica de inmediato al Ministerio Público, según Semana.
Las marchas siguen siendo pacíficas por defecto y no necesitan permiso previo. La Policía no puede usar armas de fuego en las protestas y las Fuerzas Militares no intervienen. Quienes protestan en paz conservan las garantías del Decreto 003 de 2021, según La Silla Vacía y Semana.
De la Espriella dijo: "Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano". En X escribió: "A los ciudadanos que protestan pacíficamente, todas las garantías".
La Defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que el decreto mantiene el diálogo como principio, pero que "ante cualquier situación se pasa al uso de la fuerza". También señaló que no es claro qué se entiende por protesta violenta, según Minuto60. La senadora Jennifer Pedraza lo calificó de "regresivo e inconstitucional" y pidió su nulidad ante el Consejo de Estado, según reportó Cambio. La organización Temblores y la oposición advierten que podría estigmatizar la protesta, según La Silla Vacía.
Al menos dos demandas argumentan que el decreto limita un derecho fundamental y que debió regularse mediante una ley estatutaria aprobada por el Congreso. No se verificó su estado en los tribunales.
Circula una imagen de un supuesto "decreto 1346" que prohibiría las protestas. La Silla Vacía la calificó de falsa: ese número corresponde al nombramiento de un funcionario, firmado en agosto. El único decreto relacionado con la protesta es el 1525.
El decreto se conoció cuando se reportaban protestas por el retiro de obras del Museo Nacional, en Bogotá. En la del 17 de octubre, la Defensora calificó el despliegue del Esmad de "innecesario y desproporcionado", según El Espectador. No se reportaron heridos ni detenidos. Las fuentes consultadas no recogen una respuesta de la Policía sobre ese despliegue.
Fuentes: Semana, Blu Radio, La Silla Vacía, El País, Minuto60, El Espectador, Cambio.
