La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su visita a Colombia y respaldó la Ley de Rescate Económico del Gobierno. Lo dijo el 17 de noviembre en la declaración de cierre de su misión del Artículo IV de 2026. Puso, sin embargo, una condición: que el Congreso apruebe a tiempo un paquete «equilibrado».
La misión estuvo en Bogotá del 3 al 13 de noviembre. La dirigió Ding Ding, jefe de división del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Lo que se cerró es la misión del personal técnico, no la consulta completa. El informe aún debe pasar al Directorio Ejecutivo del organismo, y la fecha no está confirmada. La anterior consulta quedó cerrada por el Directorio el 29 de septiembre de 2025.
«Un paso importante en la dirección correcta».
Ding Ding, jefe de la misión del FMI (traducción de El Centavo)
Así calificó Ding Ding el proyecto del Gobierno. El FMI añade que la ley ofrece «una base sólida para estabilizar la deuda pública». Según el organismo, busca racionalizar el gasto, reducir las rigideces presupuestales y mejorar la eficiencia y la progresividad tributaria. También dice que protege el gasto a los más vulnerables.
El diagnóstico del FMI reconoce fortalezas: instituciones sólidas, un banco central independiente, tipo de cambio flexible y un sistema financiero resiliente. Al mismo tiempo, señala un «elevado nivel de deuda pública» y «considerables necesidades de financiamiento». El terremoto de agosto sumó necesidades de reconstrucción con poco espacio fiscal.
Sobre el rumbo de la economía, el comunicado dice que el PIB real se moderaría en el corto plazo por políticas macroeconómicas más restrictivas. La reconstrucción compensaría en parte ese efecto. La inflación seguirá elevada en el corto plazo por los mayores costos laborales y por la presión de los precios de alimentos y energía, que atribuye a El Niño y a la guerra en Oriente Medio. Luego bajaría gradualmente hacia la meta de 3 %, con una política monetaria «adecuadamente restrictiva» y «políticas fiscales y de ingresos más disciplinadas» (traducción de El Centavo). El comunicado no trae cifras de crecimiento, déficit ni deuda.
El organismo advierte que, sin un ajuste adecuado y oportuno, «la confianza se deterioraría» y los costos de endeudamiento podrían subir más. El país podría terminar en un ajuste desordenado a través de los mercados financieros, «con serias implicaciones sociales y económicas» (traducción de El Centavo). El comunicado agrega que mejorar las finanzas públicas y restaurar la transparencia fiscal es «la prioridad de política económica más urgente» (traducción de El Centavo). Entre los riesgos externos menciona condiciones financieras globales más duras, materias primas volátiles y un El Niño más fuerte.
Fuera de la ley, el comunicado solo dice que las reformas desregulatorias y orientadas al mercado que propone el Gobierno ayudarían al crecimiento, sin precisar cuáles. El comunicado tampoco menciona la regla fiscal por nombre ni el IVA a la canasta. Tampoco habla de ningún préstamo. Dice que seguirá discutiendo cómo apoyar la agenda de reformas.
Hay un crédito de unos US$15.000 millones que Bloomberg reportó el 9 de noviembre, con fuentes anónimas. Ni el Gobierno ni el FMI lo han confirmado. El respaldo a la ley, por tanto, no equivale a la aprobación de un programa.
El Proyecto de Ley 477 de 2026 fue radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Plantea un ajuste de 2,2 % del PIB, cerca de $45 billones. Según el Gobierno, el 70 % vendría de recortes de gasto y el 30 % de impuestos. La sesión ordinaria del Congreso termina el 16 de diciembre.
El texto del FMI es un diagnóstico del personal técnico, no un acuerdo. Condiciona el apoyo a una aprobación oportuna y equilibrada.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) respalda el ajuste, pero discute su composición. En un análisis del 11 de noviembre, sostiene que el 35 % saldría de menor gasto. El 54 % vendría de mayores contribuciones de hogares y empresas. Esa cuenta contrasta con el 70/30 del Gobierno. Anif también objeta los sobrecostos de parafiscales y pide aplazar la rebaja de la tarifa de renta corporativa.
Fedesarrollo también respalda el ajuste. Sin embargo, en su análisis del 4 de noviembre pide revisar el aumento de aportes a la nómina, porque encarece el empleo formal. Cuestiona además el régimen Ruge, que a su juicio «inclina la cancha a favor de los jugadores más grandes». Propone, entre otras medidas, cobrar renta a las pensiones.
Fuentes: Fondo Monetario Internacional (declaración de cierre de la misión, 17 de noviembre), Anif, Fedesarrollo, Infobae, Portafolio, El Espectador, Valora Analitik, Semana, La República.