Cuando una persona muere en Colombia, la ley define quién hereda sus bienes y cuánto recibe cada uno. Si no dejó testamento, heredan los familiares por órdenes. Si lo dejó, la mitad de los bienes ya tiene dueño: es la legítima. Estas son las reglas del Código Civil y el Estatuto Tributario, para que sepas cómo se reparte y cómo se tramita.
Sin testamento, la herencia pasa por órdenes. Los del primer orden son los descendientes: los de grado más próximo excluyen a los demás y reciben cuotas iguales. Así lo dice el artículo 1045 del Código Civil: «Los descendientes de grado más próximo excluyen a todos los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal».
Si no hay descendientes, heredan los ascendientes de grado más próximo, los padres adoptantes y el cónyuge. Se reparten por cabezas (artículo 1046). La Corte Constitucional, en la sentencia C-238 de 2012, dispuso que «cónyuge» incluye al compañero o compañera permanente, de distinto o del mismo sexo.
En el tercer orden heredan los hermanos y el cónyuge. La mitad es para el cónyuge y la mitad para los hermanos. Si falta uno de los dos, el otro se lleva todo. Los hermanos de padre y madre reciben el doble que los de solo padre o madre (artículo 1047).
Después vienen los hijos de los hermanos, es decir, los sobrinos. Si tampoco hay sobrinos, la herencia va al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según el artículo 1051.
Con testamento, la libertad del causante tiene un límite. Los descendientes y los ascendientes son legitimarios, y la ley les reserva la mitad de los bienes. Esa mitad es la legítima rigurosa. La otra mitad es de libre disposición (artículo 1242, modificado por la Ley 1934 de 2018). Un testamento que viole la legítima no vale en esa parte.
También existe la porción conyugal. Es la parte del patrimonio que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que no tiene lo necesario para vivir. Quien ya tenía bienes solo recibe el complemento (artículos 1230 y 1234). La Corte Constitucional la extendió al compañero permanente y a la pareja del mismo sexo en la sentencia C-283 de 2011.
El trámite puede hacerse ante notario. Para eso, herederos, legatarios y cónyuge deben ser plenamente capaces, estar de acuerdo y pedirlo por escrito mediante un abogado (Decreto 902 de 1988). Se presenta ante el notario del último domicilio del causante. El notario ordena un edicto, que se fija diez días en la notaría y se publica en un periódico nacional y una emisora local. También avisa a la DIAN y a la Superintendencia de Notariado y Registro.
Si hay menores de edad, personas incapaces o desacuerdo entre los herederos, no se puede usar esa vía. En esos casos, el trámite sería judicial. Si después aparecen otros bienes, se hace una liquidación adicional con el mismo notario, sin nuevo emplazamiento.
Los herederos también deben mirar el impuesto. Herencias, legados y porción conyugal son ganancias ocasionales, no renta (Estatuto Tributario, artículo 302). Los bienes se valoran al 31 de diciembre del año anterior a la liquidación de la sucesión. La tarifa para personas naturales y sucesiones de residentes es del 15 % (artículo 314, Ley 2277 de 2022).
El artículo 307 del Estatuto Tributario fija exenciones en UVT:
– 13.000 UVT del valor de la vivienda de habitación del causante.
– 6.500 UVT de otros inmuebles.
– 3.250 UVT para el cónyuge y para cada heredero o legatario.
– Para quienes no son legitimarios ni cónyuge, el 20 % de lo recibido, hasta 1.625 UVT.
– Libros, ropa, utensilios y mobiliario de la casa.
Con una UVT de $52.374, la de 2026, 13.000 UVT equivalen a unos $680,9 millones y 3.250 UVT, a unos $170,2 millones. La UVT aplicable depende del año en que se liquide la sucesión.
Esta es una guía de orientación y no reemplaza la asesoría legal. Si vas a iniciar una sucesión, consulta a un notario o a un abogado.
Fuentes: Código Civil (artículos 1045, 1046, 1047, 1051, 1230, 1234 y 1242), Ley 1934 de 2018, Decreto 902 de 1988, Decreto 1729 de 1989, Estatuto Tributario (artículos 302, 307 y 314), sentencias C-238 de 2012 y C-283 de 2011 de la Corte Constitucional.