La representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, radicó este martes 17 de noviembre un requerimiento de cumplimiento al Gobierno De la Espriella. Le dio 10 días hábiles para definir qué entidad asume la rectoría de la política de juventud. Según ella, esa política quedó sin responsable tras la liquidación del Ministerio de Igualdad.
Lo anunció en su cuenta de X y en un video de 1:19. Según ella, el requerimiento va dirigido a seis entidades del Ejecutivo, «empezando por la Presidencia». El texto y el número de radicado no se han hecho públicos. La congresista lo presentó junto con consejeros y líderes juveniles de Engativá, Usme, Kennedy, San Cristóbal y Fontibón.
«Dos meses después y ni un decreto que diga quién responde por ustedes, las juventudes de Colombia».
Mafe Carrascal, representante a la Cámara
Carrascal pide tres cosas concretas: que el Gobierno diga quién asume la rectoría, que expida un plan de acción y que convoque los espacios donde la juventud decide. Como base legal invoca la Ley 1622 de 2013, el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Según la congresista, esa ley obliga al Estado a ejecutar un plan de acción para los jóvenes. Sin una entidad responsable, sostiene, esa ley no se cumple.
La congresista afirma que ya recibió una respuesta por escrito del Gobierno. Según ella, dice que «a la fecha no se cuenta con una definición sobre las entidades que asumirán las funciones». Ese documento no es público, y no se sabe qué entidad lo firmó ni cuándo.
Además, Carrascal describe tres vacíos. La comisión intersectorial de juventud, donde los consejos de juventud tienen voz y voto, no sesiona desde agosto. La asistencia técnica a los municipios está suspendida desde junio. Y para 2027 se proyectan reducciones en cultura, deporte y educación superior. Ninguna de las tres afirmaciones está contrastada con una fuente oficial.
Si el Gobierno no responde, la representante anunció que acudirá a la justicia con una acción de cumplimiento. En el video agregó que, si el Gobierno no convoca, la agenda de juventud se construirá «en asambleas populares» desde los territorios. Si los 10 días hábiles se cuentan desde el día siguiente a la radicación, el plazo vencería el 1 de diciembre.
La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de Igualdad en la sentencia C-161 de 2024. Luego, el Decreto 626 del 19 de junio de 2026 lo dejó en liquidación hasta el 19 de junio de 2027. Ese decreto solo menciona a Interior y a Prosperidad Social como receptoras de funciones, «con costo cero».
El 1 de septiembre, el liquidador John Milton Rodríguez firmó una resolución que suprimió todos los viceministerios, incluido el de Juventud. El 9 de septiembre, una directiva presidencial ordenó a Interior, Hacienda, Justicia, Función Pública y Prosperidad Social preparar un plan «con carácter urgente». Función Pública lo coordina. La directiva reconoce que la liquidación dejó programas y recursos «desatendidos». Sin embargo, no dice qué programa va a qué entidad ni menciona la juventud.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido el 29 de junio que «esa transición podría generar una desarticulación de políticas públicas, la interrupción de programas». Pidió una ruta integral. Debía precisar qué funciones pasan a qué entidades y con qué recursos.
El 11 y el 12 de noviembre, Rodríguez presentó un balance ante la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Dijo que los programas pasaron de 24 a 11. Además, se suprimieron 467 cargos, el 63 % de una planta de 744. Según él, el Ministerio era «un Ministerio abandonado y que no estaba listo para su liquidación».
En ese balance anunció rutas para algunos programas. «No es Hora de Callar» pasaría a Interior, a la espera de un giro de Hacienda. SALVIA «quedaría» en esa cartera. «Todos Somos Pacífico» se sugiere trasladarlo a Vivienda. Siguen pendientes tres decretos que él pidió. Ninguna de esas rutas es todavía decisión formal, y el balance no menciona programas de juventud.
El caso más concreto es Jóvenes en Paz. El 27 de julio, Prosperidad Social aclaró que solo administra el componente de transferencias monetarias condicionadas. Explicó que necesita certificaciones que antes emitía el Ministerio. Los nuevos ciclos dependen de la entidad que designe el Gobierno.
Carrascal es parte de la oposición al Gobierno De la Espriella y hace parte de la Comisión Séptima de la Cámara. Presidencia, Función Pública y el liquidador no han publicado una respuesta a este requerimiento.
Fuentes: Mafe Carrascal (cuenta de X y video), Infobae, El Tiempo, El Espectador, Semana.