En el contexto de las tensiones actuales entre el Ministerio de Igualdad y la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP), se ha desatado una controversia que amenaza con impactar significativamente el programa Jóvenes en Paz. Este programa, uno de los pilares del gobierno de Gustavo Petro, busca integrar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia. Sin embargo, las acusaciones de “incumplimientos” han puesto en riesgo su continuidad y efectividad.
La UTTYP, compuesta por la Fundación Universitaria Claretiana, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Promoción Claretiana para el Desarrollo (Proclade), ha sido la encargada de proporcionar la infraestructura y el soporte necesario para el programa. No obstante, el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, ha señalado que esta unión temporal no estaba preparada para el desafío operativo que implicaba la implementación del programa. Esto ha llevado al Ministerio de Igualdad a detener los pagos y a iniciar un trámite por posible incumplimiento del convenio 062.
En un documento dirigido a la Procuraduría y la Contraloría, la UTTYP ha solicitado acompañamiento para el cierre del convenio, alegando que se han realizado “descuentos indebidos” en el segundo desembolso, afectando el flujo de caja del proyecto. Estos descuentos, que ascienden a $890.809.761, no han sido integrados por la fiduciaria, lo que ha dejado a la UTTYP sin los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones.
El convenio, valorado en $175 mil millones, ha sido objeto de disputas internas que han llegado a los entes de control. La falta de respuesta de estos organismos ha generado incertidumbre sobre el futuro del programa y sus más de 28.000 beneficiarios. Jóvenes en Paz, que opera bajo la premisa de “pagar para no matar”, ha logrado vincular a 28.886 jóvenes en 73 municipios, pero su continuidad está en entredicho debido a las tensiones actuales.
El programa ha enfrentado varios desafíos desde su inicio. En poco más de un año, ha visto cambios en su liderazgo, con dos ministros de Igualdad, dos viceministros de Juventudes y al menos cuatro directores del programa. Estos cambios han generado inestabilidad y han complicado la implementación efectiva del programa.
El Ministerio de Igualdad renovó el convenio con la UTTYP en marzo, extendiéndolo hasta el 31 de julio. Sin embargo, las acusaciones de incumplimiento han llevado a una ruptura en la relación entre ambas partes. El viceministro Zabala ha afirmado que la comunidad religiosa encargada del convenio no comprendía completamente el reto operativo que implicaba el programa, lo que ha llevado a la decisión de no autorizar más desembolsos.
La situación actual plantea varios interrogantes sobre el futuro de Jóvenes en Paz. Por un lado, está la necesidad de garantizar la continuidad del programa para no afectar a los jóvenes beneficiarios. Por otro lado, es crucial asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y transparente. La intervención de la Procuraduría y la Contraloría podría ser clave para resolver estas tensiones y encontrar una solución que permita la continuidad del programa.
En este contexto, es fundamental que las partes involucradas trabajen en conjunto para superar las diferencias y garantizar el éxito del programa. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser prioridades para asegurar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan. Además, es necesario fortalecer la capacidad operativa de las organizaciones encargadas de implementar el programa, asegurando que estén preparadas para enfrentar los desafíos que implica trabajar en territorios afectados por la violencia.
La situación actual de Jóvenes en Paz es un reflejo de los desafíos más amplios que enfrenta el país en términos de inclusión social y desarrollo. La capacidad de superar estas tensiones y garantizar la continuidad del programa será un indicador clave del compromiso del gobierno con la paz y la justicia social. En última instancia, el éxito de Jóvenes en Paz dependerá de la capacidad de las partes involucradas para trabajar juntas en busca de soluciones que beneficien a los jóvenes y contribuyan a la construcción de un futuro más justo y equitativo para todos.
