El expresidente de Bolivia, Evo Morales, enfrenta dos órdenes de captura vigentes. Además, acumula acusaciones por siete delitos diferentes. La justicia boliviana intensifica su persecución judicial contra el exmandatario.
La primera orden se relaciona con trata agravada de menores. Por otro lado, la segunda vincula a Morales con terrorismo y alzamiento armado. Ambas permanecen sin ejecutarse hasta la fecha.
Según la investigación fiscal, Morales habría abusado de una menor siendo presidente. Asimismo, el Ministerio Público afirma que el político tuvo una hija con una adolescente en 2016. Posteriormente, habría beneficiado con favores políticos a la familia de la víctima.
El Ministerio Público señala que posee 170 pruebas contra el exmandatario. En consecuencia, la justicia lo convocó a declarar en octubre de 2024. Luego, realizó una segunda citación en enero de 2025. Finalmente, lo llamó nuevamente en mayo de 2026.
Morales no asistió a ninguna de las tres convocatorias judiciales. Por ello, las autoridades dispusieron su arraigo en el país. También ordenaron la anotación preventiva de sus bienes. Además, procedieron al congelamiento de sus cuentas bancarias.
La justicia declaró al expresidente en rebeldía por su incomparecencia. Posteriormente, emitió las órdenes de captura que permanecen sin cumplirse. No obstante, las autoridades insisten en que ejecutarán la aprehensión.
La segunda causa penal presenta acusaciones más recientes y graves. Específicamente, Morales enfrenta cargos por terrorismo y alzamiento armado. Igualmente, se le imputan atentado contra la seguridad del Estado. También se le acusa de atentado contra medios de transporte.
Adicionalmente, el expediente incluye cargos por asociación delictuosa. Asimismo, contempla instigación pública a delinquir. Finalmente, añade atentado contra la seguridad de servicios públicos.
El Código Penal boliviano establece penas máximas severas para estos delitos. Concretamente, el terrorismo puede acarrear hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, el alzamiento armado contempla hasta 30 años de cárcel.
Esta investigación surgió de las protestas ocurridas entre mayo y junio. Durante ese período, Bolivia experimentó bloqueos masivos de carreteras. En efecto, las movilizaciones paralizaron gran parte del territorio nacional.
El Comité Cívico de Santa Cruz presentó la denuncia inicial. Esta entidad reúne a varias instituciones de la región oriental. Históricamente, ha sido uno de los principales opositores al Movimiento Al Socialismo.
Los denunciantes acusan a Morales de ordenar los cortes de carreteras. Según ellos, el objetivo era forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. De hecho, las protestas buscaban desestabilizar al gobierno actual.
La Federación de Campesinos Túpac Katari inició los bloqueos en La Paz. Progresivamente, otros sectores se sumaron a las movilizaciones. Por ejemplo, la Central Obrera Boliviana respaldó las protestas. También participaron juntas vecinales de El Alto.
Los cocaleros afines a Morales constituyeron otro grupo importante de manifestantes. Gradualmente, los piquetes se extendieron hacia otras regiones del país. En total, las protestas se prolongaron durante casi siete semanas.
Los bloqueos generaron graves consecuencias para la población boliviana. Principalmente, provocaron desabastecimiento de alimentos en varias ciudades. Simultáneamente, escasearon combustible y medicamentos en diferentes regiones. También faltaron otros insumos básicos para la vida cotidiana.
El sector transporte sufrió pérdidas económicas millonarias. Igualmente, la industria nacional reportó daños financieros significativos. En resumen, la economía boliviana enfrentó un impacto considerable.
Pese a las órdenes de captura, Morales mantiene una vida pública activa. Regularmente participa en actos políticos y eventos sociales. Además, se desplaza libremente por comunidades de Cochabamba.
El expresidente permanece en su bastión político desde hace casi dos años. Mientras tanto, sus seguidores le brindan custodia permanente. De esta manera, evita la acción de las autoridades judiciales.
Morales califica las denuncias como persecución política orquestada. Específicamente, señala al presidente Paz como impulsor de las acusaciones. También responsabiliza a su antecesor, Luis Arce.
“Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”, escribió el expresidente en su cuenta de X sobre la segunda orden de captura que fue emitida esta semana.
Morales sostiene que Bolivia atraviesa una profunda crisis económica. Paralelamente, afirma que existe una grave crisis social. Según su perspectiva, el modelo actual abandonó al pueblo boliviano. Asimismo, denuncia que el gobierno protege la corrupción.
“No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo”, agregó el exmandatario en redes sociales. Con estas palabras, Morales reafirma su posición de resistencia. Igualmente, mantiene su vínculo discursivo con sectores populares.
Distintas autoridades gubernamentales han prometido ejecutar la captura. Constantemente, aseguran que existe una estrategia operativa para aprehenderlo. Sin embargo, hasta ahora no han concretado ninguna acción.
El presidente Paz se pronunció sobre el tema a finales de junio. En esa ocasión, afirmó categóricamente: “Ya le va llegar la cárcel”. No obstante, transcurrido más de un mes, la situación permanece sin cambios.
La Fiscalía mantiene activas ambas investigaciones contra el expresidente. Mientras tanto, continúa recopilando evidencias y testimonios adicionales. Por consiguiente, no descarta presentar nuevas acusaciones en el futuro.
El caso evidencia la profunda polarización política que atraviesa Bolivia. Por un lado, los seguidores de Morales lo consideran víctima. Por otro lado, sus detractores exigen justicia y cumplimiento legal.
La situación plantea interrogantes sobre el Estado de Derecho boliviano. Específicamente, cuestiona la capacidad del sistema judicial para actuar. También pone en evidencia las limitaciones del poder ejecutivo.
Los analistas políticos observan con atención el desarrollo de ambos casos. Algunos consideran que la inacción judicial debilita las instituciones. Otros argumentan que ejecutar la captura podría generar violencia social.
El gobierno enfrenta un dilema complejo en términos políticos y legales. Efectivamente, debe balancear el cumplimiento de la ley con la estabilidad social. Simultáneamente, necesita mantener la gobernabilidad en un país dividido.
Los sectores campesinos afines a Morales advierten sobre posibles movilizaciones. Concretamente, amenazan con nuevos bloqueos si se concreta la aprehensión. Esta situación genera presión adicional sobre las autoridades.
La comunidad internacional observa el caso con interés y preocupación. Particularmente, organismos de derechos humanos monitorean el proceso judicial. También vigilan que se respeten las garantías procesales del acusado.
Morales mantiene influencia significativa en regiones rurales de Bolivia. Especialmente, conserva apoyo sólido entre comunidades indígenas y campesinas. Esta base social constituye su principal escudo contra la acción judicial.
El expresidente continúa articulando resistencia desde su refugio en Cochabamba. Periódicamente, convoca a sus seguidores mediante redes sociales. Además, coordina estrategias con dirigentes sindicales y sociales afines.
La tensión política en Bolivia se mantiene en niveles elevados. Consecuentemente, el país enfrenta incertidumbre sobre su futuro inmediato. Mientras tanto, las órdenes de captura permanecen como documentos sin ejecutar.
El desenlace de esta situación podría definir el panorama político boliviano. Igualmente, marcará precedentes importantes para casos futuros similares. En definitiva, Bolivia atraviesa un momento crucial de su historia reciente.
